Siete empleados/as del Grupo MOBY (la empresa privada que dirige Tolo TV) murieron en el acto cerca de la embajada de Rusia, junto a un policía. Otros 25 civiles resultaron heridos.

Los talibanes se adjudicaron rápidamente la autoría del atentado, jactándose de que habían "cumplido su promesa de asestar un golpe a Tolo TV, la mayor cadena de televisión del país, por promover la obscenidad, la irreligiosidad, la cultura extranjera y la desnudez", según un comunicado emitido por su comando informativo el día después del atentado.

Además, el comunicado describía a Tolo TV como un “objetivo militar” legítimo.

El pasado octubre, los talibanes amenazaron a los periodistas de Tolo TV y 1TV (otra popular cadena de televisión) por haber informado sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de combatientes talibanes durante la batalla de Kunduz, una ciudad al norte del país que fue brevemente ocupada por la milicia integrista musulmana en 2015.

Mariam Ibrahimi fue una de las tres mujeres asesinadas en el atentado del 20 de enero.

Equal Times entrevistó a sus amigos y familiares, quienes describieron a la veinteañera (que trabajaba en el departamento de doblaje, pero también era una activista a favor de la paz) como una joven con un futuro brillante. “Nunca podremos olvidarla. La recordaremos durante el resto de nuestras vidas”, declaró su amigo Roshan Mohseni.

Mehri Azizi fue otra de las jóvenes asesinadas en el atentado. Con solo 22 años, Azizi trabajaba en el departamento gráfico y tenía previsto celebrar su pedida de mano en un par de días.

Mohammad Jawad Hussaini, Zainab Mirzaee, Mohammad Hussain, Mohammad Ali Mohammadi y Hussain Amiri fueron los otros empleados de Tolo TV que perdieron la vida en el atentado, junto a otro policía cuyo nombre aún se desconoce.

Sin embargo, a pesar del luto nacional y la condena internacional, los talibanes no se arrepienten. “Las condenas por parte de la embajada de Estados Unidos, [el presidente] Ashraf Ghani, [el jefe del Ejecutivo] Abdullah, [el vicepresidente] Dostum y otras personalidades y organizaciones ‘insignificantes’ nunca podrán romper nuestra determinación, al igual que no podrán hacerlo la propaganda ni las advertencias de los medios de comunicación para que cambiemos nuestro camino”, explicó tras el atentado el portavoz de los talibanes Zabihullah Mujahid en un mensaje a los medios de comunicación.

Amenazas continuas

Hace tiempo que Afganistán es uno de los países más peligrosos del mundo para trabajar como periodista. Además de tener que enfrentarse a la intimidación y la violencia que ejercen los talibanes, los periodistas también están a merced de las autoridades corruptas y los señores de la guerra.

Aun así, a pesar de las continuas amenazas, la determinación de los periodistas afganos sigue siendo firme. Hussain Rasuli, un joven periodista que lleva casi tres años trabajando en los medios de comunicación, asegura que rendirse no es una alternativa.

“Vivimos con tanta presión e intimidación a lo largo de nuestras vidas que compartimos estos retos como amigos y colegas. Seguimos comprometidos con nuestra profesión porque queremos que las cosas cambien”, afirmó.

Hace poco más de una década, tan solo la Radio Television Afghanistan, propiedad del Estado, ofrecía servicios informativos en el país. Hoy en día, Afganistán dispone de hasta 54 cadenas de televisión y más de 160 estaciones de radio. Tras la larga espera para lograr la pluralidad de los medios de comunicación actuales, el pueblo de Afganistán no va a dejar que ésta desaparezca.

La dinámica sociedad civil afgana, así como sus diversos sindicatos y asociaciones de periodistas han asumido el reto de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa en este país asolado por la guerra.

La ONG Human Rights Watch (HRW) describió el atentado del 20 de enero como una atrocidad diseñada para socavar la libertad de prensa, todavía frágil en Afganistán.

“Los ataques a los periodistas reflejan una estrategia perversa para que la libertad de prensa se convierta en una víctima más del actual conflicto”, declaró Patricia Gossman, la jefa de investigaciones sobre Afganistán de HRW.

“Fijar a los periodistas y otros civiles como objetivos militares no los convierte en tales y atacarles deliberadamente constituye un crimen de guerra”, advirtió tras condenar el aumento en los últimos años de la intimidación y la violencia por parte de personalidades tanto estatales como independientes.

Seddiqullah Tauhidi, presidente de la principal organización de apoyo a los medios de comunicación afganos llamada Nai (Apoyo a los Medios de Comunicación Libres en Afganistán), explicó a Equal Times que los medios de comunicación independientes de Afganistán están sometidos a una tremenda presión social, económica y política.

“Con este tipo de atentados, los talibanes quieren asustarnos e impedir que los periodistas difundan la verdad y revelen sus brutalidades. Pero no lo van a conseguir”, aseguró.

Tras lamentar la falta de protección y los bajos salarios de los periodistas afganos, también responsabilizó al gobierno por no garantizar la seguridad de los medios de comunicación incluidos en la lista negra de los talibanes.

La Federación de Periodistas de Afganistán (AJF) recordará el día del atentado como ’el miércoles negro’. “Este ha sido un terrible episodio en la historia de nuestro país. Tenemos que unirnos contra estos actos inhumanos de violencia contra los civiles y elaborar una estrategia nacional para hacer frente a este tipo de retos”, declaró Rahimullah Samandar, el presidente de la AJF.