“Desde marzo de 2011, han perdido la vida por lo menos 60.000 personas a causa de las torturas o las terribles condiciones de vida, en particular la falta de medicamentos o de alimentos, en los centros de detención del régimen”, comentó Rami Abdelrahman, jefe del grupo de seguimiento con sede en el Reino Unido, a AFP la semana pasada.

La cifra es superior a la documentada anteriormente por varios activistas y grupos de seguimiento sirios, aun cuando el responsable del Observatorio SOHR señala que los datos se recopilaron a través de contactos con fuentes del régimen en los centros de detención sirios.

Desde marzo de 2011, cuando las protestas contra el Gobierno de Bashar al-Assad comenzaron a propagarse desde la ciudad meridional de Deraa, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha documentado más de 14.450 fallecimientos en detención, incluidos 110 casos de niños.

Por otra parte, el Centro de Documentación de las Violaciones (CDV), que mantiene una extensa base de datos con motor de búsqueda de las personas asesinadas, detenidas o desaparecidas en Siria, ha documentado algo más de 64.500 casos de detención y 10.411 fallecimientos como resultado de la tortura, de acuerdo con su director ejecutivo, Husam al-Katlaby.

Amnistía Internacional afirmó antes que hasta 65.000 personas (entre ellas 58.148 civiles) habían sido víctimas de desaparición forzosa o detención por parte de los servicios de seguridad sirios desde el comienzo del levantamiento.

Las detenciones fueron “perpetradas como parte de un ataque organizado contra la población civil que además de generalizado ha sido sistemático, por lo que equivalen a crímenes de lesa humanidad”, señaló Amnistía.

Muchos sospechan que el número de muertes en detención es mucho mayor, pero debido a la ausencia total de transparencia, resulta difícil verificarlo.

Sin embargo, la última declaración del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos tuvo lugar cuando los negociadores de la oposición intentaron volver a llamar la atención sobre los varios miles de detenidos que languidecen en las prisiones de toda Siria administradas por el Gobierno y militares sirios o por diversos organismos de seguridad.

Estos esfuerzos pueden haber recibido un impulso suplementario después de un tenso enfrentamiento entre los servicios de seguridad sirios y los reclusos en la prisión central de Hama, situada en una ciudad al noreste de Damasco.

Al cabo de una semana, cuando los reclusos controlaban partes de la prisión y las fuerzas de seguridad parecían prepararse a dar el asalto por la fuerza, los representantes de los prisioneros se reunieron con los principales funcionarios sirios y acordaron poner fin a los disturbios a cambio de restablecer los servicios de la prisión, así como la liberación gradual de algunos prisioneros.

En una carta al Grupo Internacional de Apoyo a Siria (ISSG, por sus siglas en inglés) de fecha 16 de mayo, el presidente de la Coalición Nacional de la oposición siria señaló que la protesta de Hama “había vuelto a situar el problema de los detenidos en primer plano de los medios de comunicación y la atención internacional”.

Sin embargo, el presidente de la coalición Anas Abdah añadió que Hama es solamente “la punta del iceberg”.

 
Ejercer presión sobre el Gobierno de Assad

Los negociadores de oposición que integran la Comisión Suprema para las Negociaciones, integrada por representantes de grupos armados y fuerzas políticas de la oposición anti-Assad, piden que se ejerza mayor presión sobre el Gobierno de Assad para que permita inspecciones internacionales de las instalaciones sirias y ponga fin a las ejecuciones.

Abdah también indicó que toda futura solución política deberá incluir “garantías para que los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, de la tortura y ejecuciones sistemáticas rindan cuentas”.

De este llamamiento también se han hecho eco activistas independientes. Una nueva iniciativa puesta en marcha por activistas, periodistas y agentes de la sociedad civil sirios en Europa, #DetaineesFirst (المعتقلون أولاً), ha publicado recientemente una declaración proclamando el “deber humano y moral de ayudar, en la medida de sus posibilidades, a las decenas de miles de sirios detenidos y secuestrados que se encuentran en manos de los cada vez mayores poderes del mal que violan la libertad y la dignidad del pueblo sirio”.

Sakher Idrees, periodista y activista sirio, fue uno de los que ayudó a crear la campaña. “Dentro de los centros de detención puede encontrarse todo el espectro de la sociedad siria”, afirma. “Hay artistas, médicos y periodistas, musulmanes, cristianos, drusos y alauitas... árabes y kurdos”.

No obstante, Idrees añade que las negociaciones no han conseguido hasta ahora dar prioridad a la cuestión de los detenidos en parte debido a la falta de voluntad de la comunidad internacional, así como a la obstrucción por parte de Siria y sus aliados, ya que "el expediente de los detenidos podría revelar los importantes crímenes de guerra, con pruebas y nombres, cometidos por el régimen sirio”.

Los representantes gubernamentales presentes en la mesa de negociaciones ya han desechado de antemano las cifras de detenidos proporcionadas por la oposición. Asimismo, no es posible verificar el número de civiles y combatientes a favor del régimen retenidos en prisiones y centros de detención controlados por la oposición.

Por su parte, Katlaby, del Centro de Documentación de las Violaciones, señala que la cuestión de los detenidos va mucho más allá de su mero número.

“El problema no es solamente el número de detenidos”, comenta. “La cuestión es cuál ha sido su destino”.

“La gran mayoría de estos detenidos están desaparecidos. Sus familias no saben absolutamente nada sobre su paradero. Es como una herida abierta imposible de cicatrizar”.