Cinco años después de finalizar el estado de emergencia, Argelia sigue teniendo dificultades para encontrar la vía hacia una sociedad democrática en la que se respeten las libertades individuales y colectivas, sobre todo cuando se trata del respeto de los trabajadores y de las libertades sindicales.
Despidos improcedentes, acosos e incluso el encarcelamiento son el sino de los trabajadores afiliados a sindicatos autónomos, es decir, no controlados por el régimen. Por este motivo, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos autónomos argelinos vienen multiplicando desde hace varios meses sus visitas a Bruselas y a otras capitales europeas.
Porque los trabajadores argelinos no siempre obtienen la ayuda esperada fuera de su país.
Rachid Malaoui es el Presidente de la Confédération générale des travailleurs autonomes en Algérie (CGATA) y del Syndicat national autonome de personnel des administrations publiques (SNAPAP).
En una entrevista concedida a Equal Times, Malaoui describe los obstáculos y restricciones que los sindicalistas de su país tienen que afrontar a diario: dificultades para registrar sindicatos (algunos llevan 10 años esperando, afirma), prohibiciones para reunirse en lugares públicos o privados sin autorización del Ministerio del Interior, e incluso celebración de reuniones privadas rodeadas por las fuerzas de seguridad con el fin de bloquear el acceso a las mismas.
El régimen ha implementado otro método más pernicioso todavía: la clonación. Esto consiste en que, cuando el poder no consigue disolver un sindicato, crea uno “falso” con el mismo nombre que el sindicato autónomo en cuestión, formado por trabajadores próximos al Gobierno.
Así pues, la SNAPAP tiene un clon – explica su Presidente. “En nuestro caso, el Gobierno incluso llevó nuestro clon a la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para alegar que todo va bien y tratar de evitar las críticas de la OIT. Pero por suerte no funcionó. Es un método con el que se intenta dispersar a los trabajadores afiliados y, al mismo tiempo, engañar a la opinión internacional”, dice Rachid Malaoui.
Este método es muy conocido en los foros internacionales y ya ha sido condenado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), por la OIT y por el Informe Anual del Departamento de Estado de los EE.UU. sobre los derechos humanos.
Pero el régimen argelino no escatima ningún método para disuadir a los trabajadores de asociarse y luchar por sus derechos, llegando incluso a no respetar las resoluciones judiciales.
Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, como EuroMedRights, que registra puntualmente las violaciones de los derechos de los trabajadores en Argelia, cita los nombres de 40 activistas sindicales afiliados a la CGATA que han sido actualmente suspendidos o despedidos de forma arbitraria.
Otra crítica dirigida a las autoridades argelinas ha sido el código laboral “redactado en secreto” – explica Elise Poumay, de EuroMedRights – a pesar de las demandas de explicaciones por parte de la OIT, que siguen sin haber recibido respuesta.
Todas estas prácticas han suscitado una advertencia expresa de la OIT, que estima que Argelia no respeta el Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Como consecuencia, el Gobierno argelino se apresuró a invitar al Director General de la OIT, Guy Ryder, en noviembre de 2015, para que asistiera a una reunión tripartita a la que, sin embargo, no se había invitado a los sindicatos autónomos.
Estos, molestos, amenazaron con hacer una huelga de hambre que pudo evitarse por poco tras una intervención de la CSI, de la cual la CGATA es miembro.
“El Gobierno argelino está incumpliendo sus obligaciones internacionales al impedir las actividades sindicales legítimas de la CGATA en Argelia, y al bloquear a dicha confederación a nivel internacional, en particular ante la OIT. El Gobierno debe abstenerse de cometer estas violaciones y ha de procurar que los trabajadores puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos de asociación”, ha declarado Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.
Se ha previsto, aunque todavía no se ha confirmado, llevar a cabo en 2016 una misión de la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la OIT, con el objetivo de discutir con los representantes de los trabajadores la situación sindical en el país.
En un correo electrónico enviado a Equal Times, el gabinete de Guy Ryder afirma: “[…] una de nuestras misiones fundamentales consiste efectivamente en promover el respeto de los Convenios de la OIT. Por supuesto, continuaremos haciéndolo – independientemente del país que se trate – y velando por que se respeten, a través de los mecanismos de control establecidos en el seno de nuestra organización”.
Indiferencia europea
Una de las razones por las que los sindicatos autónomos argelinos están multiplicando sus visitas a Bruselas es para convencer a las instituciones europeas de que este asunto figure en el núcleo de los debates que mantengan con las autoridades del país.
En abril de 2015 se logró en el Parlamento Europeo una importante victoria para los trabajadores argelinos al adoptarse una resolución que condena enérgicamente el encarcelamiento de trabajadores y activistas defensores de los derechos humanos.
Esta resolución condujo de hecho a la liberación de varios sindicalistas encarcelados, según explica Malaoui.
Otras instituciones europeas se muestran más pusilánimes, como es el caso del Servicio Europeo de Acción Exterior encargado de la Política Europea de Vecindad (PEV) – denuncia EuromedRights. La organización ya había criticado la marginalización de las cuestiones de los derechos humanos en el seno de la PEV revisada en noviembre.
Y reitera esta postura con respecto a la cuestión de los derechos sociales y sindicales. En una entrevista de Equal Times, Elise Poumay advierte:
“Una de las críticas manifestadas por los países socios de la UE es la falta de apropiación (ownership) de esta política, es decir que la UE impone sus intereses y “da lecciones”.
“La UE ha previsto por tanto renegociar con cada uno de los países de la vecindad un nuevo acuerdo que defina las prioridades conjuntas de cooperación. Es fundamental que, en el marco de las negociaciones con Argelia, la UE garantice que los derechos humanos y las libertades sindicales figuren en el núcleo del acuerdo.
“Hay que señalar que la UE y Argelia están negociando desde 2012 un Plan de Acción en el marco de la PEV. El capítulo sobre los derechos humanos es concretamente uno de los puntos de fricción, y la revisión de la PEV podría permitir a Argelia solicitar un acuerdo de cooperación que excluyera los derechos humanos y las reformas democráticas del acuerdo”.
Poumay sugiere igualmente una mayor implicación del Comité Económico y Social Europeo (CESE) en el ámbito de estas cuestiones, en particular mediante la publicación de un informe.
Los sindicalistas argelinos estarán de vuelta en Bruselas a finales de enero, acompañados de organizaciones defensoras de los derechos humanos, con vistas a preparar la próxima reunión del subcomité UE-Argelia “Diálogo político, derechos humanos y seguridad”, y para hacer un seguimiento de la resolución del Parlamento Europeo y plantear cuestiones importantes en las relaciones de la Unión Europea con Argel.
