A finales de junio, José Carlos Ugaz, presidente de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, que lucha contra la corrupción, realizó un viaje especial a Brasil, país atormentado desde hace un año por los múltiples giros que ha dado la operación Lava Jato (“lavado a presión”, del nombre de la estación de lavado de automóviles donde empezó el caso).
Tras reunirse con los jueces del Tribunal Supremo, magistrados y diputados del país suramericano, Ugaz subrayó que la corrupción en Brasil es sistémica y que afecta a todo el país, por lo que resulta más que necesario introducir reformas.
“La gran corrupción mata”, declaró Ugaz a la prensa. “Las investigaciones tienen que ir hasta el fin, caiga quien caiga. Nadie está por encima de la ley”.
Brasil atraviesa en efecto un momento inédito. En 2015, por primera vez en su historia, los brasileños situaron la corrupción como el principal problema del país, por delante de los fallos del sistema sanitario, el paro o la violencia.
Desde 2010, el número de condenas por corrupción aumentó un 116%. Y los brasileños han convertido al juez Sérgio Moro –a cargo de todos los entresijos de las investigaciones contra los dirigentes de la empresa Petrobras, varios diputados e incluso el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva– en su nuevo héroe anticorrupción.
Pero otros ciudadanos no han esperado a que los medios de comunicación se hagan eco del tema ni tampoco quieren esperar a que los jueces intervengan una vez que el mal está ya hecho.
De ahí que estudiantes, jubilados, profesionales de profesiones liberales participen de manera voluntaria en el seno del Observatório social do Brasil (OSB), una organización que se ocupa de controlar la utilización del dinero público, y más concretamente el de los municipios.
Porque la corrupción no es una cuestión de grandes capitales entre empresarios ávidos y políticos sin escrúpulos. Muchas veces empieza a pequeña escala, como ha publicado Equal Times en relación a los sectores de la educación o la sanidad en Brasil.
Iniciar un cambio de cultura
Desde hace dos años, Luiz Cláudio Carneiro preside en Teresópolis (localidad turística de 175.000 habitantes, en el estado de Río de Janeiro) uno de los 109 observatorios sociales que hay en Brasil.
Este empresario del sector informático comenta que se interesó en el desempeño de los cargos electos municipales con el deseo de mejorar su ciudad. Tras una catástrofe natural en 2011 que se dejó 300 muertos y miles de personas sin techo, Teresópolis recibió importantes sumas de dinero en concepto de ayuda de emergencia. El escándalo en el que se vieron involucrados antiguos alcaldes –destituidos más tarde por la justicia– por la gestión de estos fondos, está en el origen de la creación de una antena local. Hoy son una docena de personas, que dedican parte de su tiempo libre –unas seis horas al mes– a verificar los gastos y las convocatorias de licitación de la alcaldía.
“Al principio no resultó fácil hacerse aceptar por los representantes municipales, hizo falta explicarles nuestra labor ciudadana”, recuerda Carneiro.
En Teresópolis, dos empleados del OSB y los diez voluntarios, jubilados, abogados o profesores, se encargan de acompañar cada iniciativa del equipo ejecutivo y legislativo local, para evitar cualquier intento de malversación de fondos.
Esto va de la aprobación de los presupuestos, analizados por los voluntarios para verificar concretamente el precio de compra con respecto al precio del mercado (para evitar la sobrefacturación), a la divulgación de las licitaciones, para que se respete la competencia y evitar arreglos sobre el precio con una o dos empresas privilegiadas. A continuación se realiza una labor de seguimiento, respecto a la entrega de suministros, los trabajos y la verificación de prestaciones de servicios.
“Estas informaciones no siempre son públicas, a menudo es necesario preguntar, insistir”. No obstante, señalan los voluntarios, “tenemos algunos ‘aliados’ en la alcaldía”.
Cada entidad, en cada municipalidad, debe respetar una metodología establecida por la oficina nacional, con sede en Curitiba.
Su presidente, Ney da Nóbrega Ribas explica a Equal Times que “la implicación ciudadana no sería necesaria si se llevase a cabo el control necesario. Existen órganos internos encargados de ello, pero muchas veces resultan insuficientes”.
En caso de constatar irregularidades, los voluntarios comunican primero su constatación al alcalde, luego a la asamblea municipal y, en último recurso, al ministerio público. Por otro lado, los observadores no pierden de vista las nominaciones de puestos, los posibles casos judiciales y se preocupan por saber si las leyes municipales votadas están conformes con la ley y el interés general.
“Queremos iniciar un cambio de cultura. Nuestros representantes electos no están habituados a tener que rendir cuentas. Para lograr una sociedad sin corrupción es necesario acabar también con los pequeños delitos. Nuestra metodología da resultados inmediatos”, subraya Ribas, antiguo empleado del Banco do Brasil (uno de los bancos públicos del país) implicado desde el inicio de esta aventura.
De hecho, los resultados del Observatório social do Brasil son bastante alentadores, ya que reivindica haber evitado gastos superfluos por valor de 1.500 millones de reales (450 millones USD) entre 2013 y 2016 a nivel nacional.
Desde hace unos meses, la organización está en plena expansión. “El interés de los ciudadanos no deja de aumentar. Estamos ayudando a crear 230 nuevos observatorios. Cada uno de ellos únicamente puede responder a la iniciativa de los ciudadanos. Ahora necesitamos nuevos recursos para poder seguir el ritmo”.
En efecto, la financiación de las actividades, aunque en gran parte sean voluntarias, se realiza únicamente por medio de donativos individuales o de empresas.
“Evidentemente, no aceptamos dinero ni de los partidos, ni de origen dudoso”, precisan en la sede de la asociación.
La organización desarrolla asociaciones con algunos actores públicos, como las universidades, a las que propone periodos de formación a los estudiantes en gestión de empresas o en contabilidad; con las federaciones profesionales o los sindicatos de comerciantes, como por ejemplo la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); así como con PyME locales.
“Algunos directores de empresas nos apoyan, porque están hartos de la competencia desleal, de acuerdos cerrados que los excluyen de los mercados públicos. Quieren por tanto contribuir a establecer un círculo virtuoso”, explica el presidente del OSB.
En Teresópolis, los ciudadanos-observadores se enorgullecen de haber evitado el despilfarro de cerca de 2 millones de reales (600.000 USD) a sus coadministrados. Entre otras cosas lograron la anulación de las dietas que se pagaban a ciertos cargos electos sin rendir cuentas sobre su utilización.
“Recurrimos a la justicia alegando su inutilidad”, explica Carneiro.
También se subsanó el pago de una subvención acordada por el alcalde a la prensa local “para que hablase bien de él”, por valor de nada menos que 160.000 reales al mes (49.000 USD).
“Nuestra intención es transformar la sociedad y, por qué no, ser un ejemplo para otros países”, insiste el presidente del Observatório social do Brasil, que anuncia una asociación con Transparencia Internacional, que abrirá próximamente una oficina en Brasil.
“Brasil sufre de corrupción, pero tenemos medios para salvar a nuestro país”, sentencia.
