Los indígenas denuncian amenazas y agresiones practicadas por agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, de la Policía Federal y del Ejército, en asociación con políticos cercanos al agronegocio y al sector hotelero.

Una aguda disputa opone a hacendados e indígenas movilizados para recuperar sus tierras.

El agosto pasado, se incendiaron casas de familias indígenas; el 3 de septiembre, un indígena fue asesinado a balazos; el 8 de noviembre, tres otros fueron muertos a cuchilladas.

El caso Tupinambá se inscribe en un cuadro de violaciones sistemáticas de los derechos de los pueblos indígenas que viven en Brasil, lo que ha motivado duras críticas a la política indigenista del gobierno de Dilma Rousseff.

Ocupación militar

Desde el 28 de enero, por decisión del ministro de Justicia, el territorio Tupinambá está militarmente ocupado. En febrero, la presidenta ordenó que cerca de 500 soldados del Ejército fueran enviados al área, alegando como objetivo “garantizar la ley y el orden” y “pacificar” la región.

Sin embargo, de acuerdo con los Tupinambá, los agentes de seguridad están actuando como policía privada de grupos e individuos contrarios a los derechos indígenas, imponiéndoles terror.

“Los niños le tienen mucho miedo a la policía y al helicóptero [que sobrevuela la aldea cotidianamente]. Piensan que se los van a llevar, corren y nos abrazan”, cuenta Gliceria Jesús da Silva, una profesora Tupinambá.

El 22 de marzo, denuncian, una niña indígena de 14 años de edad fue violada por un grupo de policías cuando volvía a su casa, luego de participar en una minga.
En los últimos años, los Tupinambá han enfrentado diversos episodios de violencia estatal.

En 2009, agentes de la Policía Federal torturaron a cinco indígenas con choques eléctricos, confirma un laudo pericial del Instituto Médico Legal, mientras que en 2011, un indígena tuvo la pierna derecha amputada tras ser baleado por un policía vestido de paisano.

De 2010 a 2011, al menos cuatro líderes Tupinambá fueron víctimas de encarcelamientos ilegales.

El proceso de demarcación de la tierra indígena Tupinambá de Olivença – que se extiende por cerca de 47 mil hectáreas de mata atlántica – comenzó en 2004. Violando los plazos legales, el proceso todavía no se ha concluido.

La antropóloga Patricia Navarro de Almeida Couto, profesora de la Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e investigadora del Programa de Pesquisas sobre Povos Indígenas do Nordeste Brasileiro (PINEB), desarrolla estudios junto a los Tupinambá desde 2001.

“Es imprescindible que el gobierno federal concluya la regularización de la tierra indígena lo más rápido posible”, enfatiza, “para que los indígenas puedan tener tranquilidad en su territorio tradicional y los conflictos cesen definitivamente en la región”.

Trágico

En Brasil, los derechos de los pueblos indígenas, los quilombolas (cimarrones) y otros pueblos y comunidades tradicionales, garantizados por la Constitución Federal de 1988 – principalmente, el derecho al territorio – son blanco de una ofensiva capitaneada por los diputados y senadores que componen la llamada bancada ruralista, aglutinada en torno a los intereses de terratenientes.

Están en tramitación decenas de proyectos de ley y enmiendas constitucionales que incluso violan acuerdos internacionales firmados por Brasil, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El año pasado, el gobierno de Dilma Rousseff, cada vez más cercano al agronegocio y a corporaciones de los sectores de minería y energía, ordenó la interrupción de procesos de demarcación de tierras indígenas, de creación de unidades de conservación ambiental, de reconocimiento de quilombos (territorios cimarrones) y de reforma agraria.

Con la paralización de los procesos, los conflictos se agudizan.
Según la última edición del informe sobre violencia en contra de los pueblos indígenas publicado periódicamente por el Conselho Indigenista Missionário (CIMI), al menos 60 indígenas fueron asesinados en Brasil en 2012.

La compilación registra también 120 casos de amenazas, incluso de muerte, y 1.024 intentos de asesinato.

Más del 60 por ciento de los asesinatos ocurridos en ese período tuvieron lugar en el estado de Mato Grosso do Sul, victimando principalmente a indígenas Guarani Kaiowa, pueblo que vive una situación especialmente dramática.

“Son el segundo grupo indígena más grande del país y vive en tierras muy pequeñas, sitiadas por el agronegocio”, señala Spensy Pimentel, investigador del Centro de Estudos Ameríndios (CESTA) y profesor de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), que trabaja sobre el caso Guarani Kaiowa desde hace diez años.

“Decenas de comunidades están esperando la demarcación de sus tierras, mientras que en las antiguas reservas la calidad de vida empeora cada año: los índices de asesinatos y suicidios son comparables a las regiones más problemáticas del mundo.

Al mismo tiempo, la insensibilidad de la élite del Mato Grosso do Sul es enorme. El resultado es trágico.”

Hidroeléctricas

Pimentel identifica “una crónica falta de sensibilidad por parte del gobierno a respetar a quienes no se enmarcan en el proyecto desarrollista”.

“Si uno vive en el campo y no anhela irse a la ciudad, para vivir en una favela y convertirse en ‘clase media emergente’, está mal.”

En el marco de los megaproyectos de infraestructura (hidroeléctricas, hidrovías, puertos, carreteras, entre otros), muchos de los cuales se construyen en Amazonía, abundan las violaciones de los derechos indígenas y de otros pueblos y comunidades tradicionales.

El 7 de noviembre de 2012, la aldea indígena Teles Pires – ubicada en el estado de Pará y habitada por indígenas de los pueblos Munduruku, Kayabi y Apiaká – sufrió un violento ataque de la Policía Federal.

En la ocasión, Adenilson Kirixi Munduruku, 32 años, murió tras ser baleado en las piernas y la cabeza. Hasta la fecha, no se ha responsabilizado a nadie.

La acción trascurrió en el marco de una operación para combatir la extracción ilegal de oro. Sin embargo, según los indígenas, la minería ilegal fue un pretexto para llevar a cabo una acción con el objetivo de intimidarlos.

Los indígenas de esa área están movilizados en contra de la polémica construcción de un conjunto de plantas hidroeléctricas en la cuenca del río Tapajós, por iniciativa del gobierno federal.

Una de sus principales quejas es la no realización de consultas previas, como determina el Convenio 169 de la OIT.

“Se está utilizando un aparato de guerra para que pueblos y comunidades tradicionales no se manifiesten”, observa el geógrafo Mauricio Torres, que investiga conflictos territoriales en Pará desde hace diez años.

“Las obras de infraestructura no son concebidas para indígenas y ribereños: estas comunidades son consideradas obstáculos al desarrollo.”

Se está estableciendo en Pará un corredor para la exportación de soja. Prácticamente todo el territorio de indígenas y comunidades tradicionales de la cuenca del Tapajós está concedido a grupos privados para la explotación mineral.

Asimismo, se han concedido bosques públicos para la explotación maderera, lo que también está siendo devastador para esas comunidades.

Para concretar la gran minería, observa Torres, hay que superar dos trabas: ausencia de energía y de un marco jurídico para la explotación minera en tierras indígenas y unidades de conservación ambiental.

“En cuanto a la energía, se están construyendo hidroeléctricas, mientras que la aprobación del marco regulatorio está acelerándose en el gobierno de Dilma.”

“Quieren fragilizar las comunidades para que sea más fácil construirlas [las plantas de energía]. Pero nosotros nunca aceptaremos trocar nuestras tierras por migajas”, declaró un indígena Munduruku, anónimamente, al periodista Ruy Sposatti, quien documentó la operación represiva en la aldea Teles Pires para el informe sobre violencia de CIMI.

“Todo lo que hagan solamente fortalece nuestra lucha.”