La misma semana, “equipos móviles de inspección” del Ministerio de Trabajo del Estado de Pará, en la región amazónica, hicieron posible que 26 personas que trabajaban en dos fincas recobraran la “libertad”, ya que sus empleadores tenían retenido sus salarios desde hacía varios meses y los alojaban en condiciones insalubres y sin agua potable.

Cada uno de estos trabajadores puede reclamar ahora una indemnización por daños morales por valor de 30.000 reales (8.200 USD).

Cada año, alrededor de 2.000 trabajadores son así “salvados” de las garras de sus empleadores/torturadores. Durante años, el perfil del trabajador explotado era el de un hombre bastante maduro y de color, empleado en las plantaciones agrícolas para efectuar la dura labor del campo, igual que en los tiempos de la esclavitud, si bien ésta fue abolida en 1888. En los últimos años, la esclavitud ha adquirido un nuevo rostro y se ha instalado en ciudades, obras de construcción y talleres de costura, y afecta a la población de inmigrantes, entre ellos, bolivianos, haitianos, peruanos y chinos.

En 2013, las inspecciones llevadas a cabo en las grandes obras públicas (aeropuerto internacional de Sao Paulo, la Copa del Mundo) hicieron saltar las estadísticas en las zonas urbanas.

Crimen contra la dignidad humana

En Brasil, el trabajo forzoso es un delito tipificado en el artículo 149 del Código Penal, castigado con 2 a 8 años de cárcel. Obviamente se caracteriza por la coerción, pero también por la privación de libertad de circular (mediante amenaza o deuda), jornadas de trabajo agotador que pone en peligro la salud y seguridad de los trabajadores, la privación de descanso (diario o semanal), las deducciones salariales injustas (para pagar la vivienda, el transporte, equipos...) y, por último, por condiciones de vida degradantes (malos tratos, malas condiciones de vivienda, falta de asistencia médica, escasez de agua potable, de alimentos, de instalaciones sanitarias...).

“En cualquiera de estos casos, se trata de una violación de los derechos y de la dignidad de la persona”, señala Natália Suzuki, coordinadora del programa “Escravo, nem Pensar!”, de la ONG Reporter Brasil.

Esta organización no gubernamental fue creada en 2001 para “identificar y dar a conocer públicamente las situaciones que violan la legislación laboral y causan perjuicios socioambientales en Brasil”.

Desde 1995, el Gobierno ha creado “unidades móviles de inspección” responsables de perseguir todas las formas de trabajo similares a la esclavitud.

Natália Suzuki comenta: “fue gracias a la presión internacional, tras haber sido condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que Brasil dejó de negar la existencia de tales prácticas”.

En 20 años, los “equipos móviles” han liberado cerca de 50.000 trabajadores, pero la fundación Walk Free calcula que aún existirían 155.300 “esclavos modernos” en el país.

Reforzar la legislación para castigar a los empleadores criminales

Asimismo, se han tomado otras medidas, tales como la lista suja, una lista que contiene los nombres de los empleadores culpables de prácticas de esclavitud.

Sin embargo, este método denominado name and shame (señalar y denunciar), que bloqueaba el acceso al crédito y la financiación pública de estos empleadores, fue suspendido en 2014.

“Se debe a la presión de los diputados ’rurales’, que defienden los intereses de los grandes terratenientes y que han logrado suspender temporalmente la medida argumentando que es inconstitucional”, afirma Suzuki.

Asimismo, después de que los parlamentarios lo mantuvieron pendiente durante 15 años, se aprobó en 2014 un proyecto de ley constitucional (PEC 54A/1999) que permite la expropiación de los empleadores condenados.

Sin embargo, hasta la fecha no se conoce ningún caso, ya que las disposiciones de aplicación aún no han sido definidas.

“La aprobación del proyecto de ley PEC es una victoria para la democracia brasileña, la dignidad de millones de trabajadores y la igualdad de derechos. [...] Sin embargo, la victoria no podrá ser completa a menos que las disposiciones de aplicación que se adopten hagan posible garantizar el poder punitivo original de la ley”, comentó Camila Pitanga, actriz y miembro del movimiento pro derechos humanos, Movimento Humanos Direitos (MHuD), después de la decisión del Senado, en junio de 2014.

El plan nacional de acción contra el trabajo forzoso consta normalmente de tres áreas de acción: prevención, asistencia y represión. Sin embargo, por falta de medios, las autoridades públicas se centran en este último aspecto.

Es aquí donde interviene el programa “Escravo, nem pensar!”, cuya misión principal consiste en sensibilizar a las poblaciones vulnerables.

“El principio es simple: formamos educadores sociales que están en contacto con estas personas y con los líderes de la comunidad. La idea es crear conciencia mediante la difusión de la realidad del trabajo forzoso y ayudarles a rechazarlo con las herramientas que les damos”, explica Natália Suzuki.

La ONG Reporter Brasil también ha desarrollado una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes que permite entender mejor las prácticas de las grandes marcas en relación con el trabajo forzoso.

“Se espera que el consumidor haga su parte, pero no siempre tiene la información para actuar”, explica Leonardo Sakamoto, presidente de la ONG, con motivo de su presentación a la prensa en 2013. “Hace posible tomar medidas directas contra el trabajo esclavo”, indica en relación a la aplicación.

Por ahora, existe únicamente en el sector de la confección y se llama Moda Livre (Moda libre). Grandes marcas nacionales e internacionales, tales como Zara, ya han sido señaladas por esta herramienta de evaluación que clasifica a las empresas en función de su conducta para con sus trabajadores y contratistas, y permite a los consumidores comprar con conocimiento de causa.