El presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, ha llamado a las urnas en una cita a la que pretende dotar de carácter plebiscitario sobre la secesión, y acude a ellas liderando Junts Pel Sí (Juntos por el sí), una amplia coalición de partidos desde las posiciones liberales del partido de gobierno, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) hasta las socialdemócratas del principal partido de la oposición, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a la que se han sumado organizaciones de la sociedad civil favorables a la independencia.

Las encuestas pronostican que la suma de las dos listas independentistas, Junts Pel Sí y la izquierda radical de las Candidatures d’Unitat Popular (CUP), pueden superar la mayoría absoluta, aunque por la mínima.

Pero no son las independentistas las únicas formaciones que proponen un mayor autogobierno para esa región autónoma. Catalunya Sí Que Es Pot (Cataluña, sí que se puede), la coalición formada por la nueva izquierda de Podemos y el partido eco-socialista catalán Iniciativa per Catalunya Verds, apuestan por avanzar hacia un modelo federal para España y resolver el conflicto nacional catalán con un referéndum acordado sobre la secesión.

Catalunya Sí Que Es Pot compite por el segundo lugar contra Ciutadans (Ciudadanos), partido socio-liberal que apuesta por una mayor centralización estatal. Ciutadans, un partido que nació hace 10 años en Cataluña con una agenda claramente unionista, se presentará este año por primera vez a las elecciones españolas con posibilidades de arrancar en torno a un 10% de voto al tradicional partido conservador, el Partido Popular.

Unilateralidad o pacto con el Estado

Desde las formaciones independentistas se ha optado por resolver la disputa con unas elecciones ordinarias debido a que el Estado ha vetado cualquier intento de referéndum legal, como el intentado el pasado 9 de noviembre de 2014.

“Estas elecciones deben ser el referéndum que no nos han dejado hacer”, explica Raül Romeva, que encabeza la lista de Junts Pel Sí aunque no es su candidato a la presidencia. Romeva confía en ganar el 27-S con el objetivo de que “tras las elecciones se abra un proceso constituyente catalán, hecho desde la calle y en el que se puedan confrontar modelos de país”.

Pese a acudir con un programa que plantea una declaración de secesión en menos de 18 meses, la principal lista independentista no se niega a negociar si hay una oferta del Estado.

Este es el planteamiento de personas como Toni Comín, ex-federalista del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) que se ha incorporado a la lista de Junts Pel Sí a propuesta de ERC. Según reconoce, una eventual secesión tendrá que ser negociada, pero apuesta por la independencia porque deja “un margen más amplio para la unilateralidad”.

La idea de la unilateralidad es rebatida por Catalunya Sí Que Es Pot, quienes también apuestan por un referéndum siempre que sea pactado con el Estado, y critican que se intente convertir las elecciones en un plebiscito.

Para su candidato a la presidencia, Lluís Rabell, las plebiscitarias “ahogan” la voluntad de cambio que observa en Cataluña, no solo en el plano nacional. El gran reto de su formación es obtener un buen resultado con un programa eminentemente social, en un panorama polarizado sobre la independencia.

Un movimiento que desborda a los partidos

Estos comicios serán el último capítulo de un proceso independentista que lleva en curso 3 años, durante los cuales la sociedad civil ha celebrado movilizaciones de millones de personas cada 11 de septiembre –día nacional catalán– a favor del referéndum y la independencia.

La existencia de un movimiento secesionista en Cataluña no es ninguna novedad histórica, pues puede rastrearse hasta un siglo atrás, pero sí lo es su auge y el actual nivel de apoyo entre la población, que según las encuestas se sitúa entre el 40 y el 50%.

“El movimiento soberanista ha tenido algunos elementos novedosos, como una tendencia de abajo arriba, una cierta promiscuidad política o una red de auto-organización, que lo han acabado dotando de capacidad para desbordar los espacios clásicos de los partidos”, explica el catedrático en Ciencia Política Joan Subirats, que ha estudiado el soberanismo desde la perspectiva de la nueva política.

Más allá de la secesión, hay dos aspiraciones que la mayoría de la sociedad catalana viene compartiendo de forma mayoritaria. Por un lado, y ya desde la década pasada, la de un mayor autogobierno. Por otro y más recientemente, la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.

Si esos dos han sido las demandas de mínimos del conocido como “proceso soberanista” durante los últimos años, el carburante ha salido de las asociaciones de la sociedad civil como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Ambas entidades han sido capaces de marcar la agenda de los partidos en el poder como pocas organizaciones en la Europa de los últimos 20 años.

Hasta hace poco la relación entre la ANC y Òmnium y los partidos era de presión y vigilancia desde el exterior. Pero la convocatoria de elecciones en clave plebiscitaria y la confección de una gran lista por el ‘Sí’ ha hecho que ambas entidades se sumen a la candidatura que tiene como candidato al actual presidente del gobierno autonómico.

Este cambio en las relaciones en tre sociedad civil y partidos es visto con ambivalencia por parte del independentismo. Algunos consideran que podría ir en detrimento de la autonomía de la sociedad civil, mientras otros defienden que es una fase más del desborde político que se viene produciendo.

“Los partidos integrados en Junts Pel Sí tienen que pensar en cómo no defraudar al nuevo espacio político que han abierto”, asegura Anna Gabriel, número dos de la CUP, lista pro-secesionista de izquierdas que rechazó integrarse en la candidatura mayoritaria del independentismo.

Para Gabriel, uno de los mayor es temores es “que el proceso se trunque con un cierre por arriba”, un pacto entre élites que según afirma “podría dejar en nada las demandas populares de los últimos años”.

Cambio en España como antídoto a la secesión

El proceso soberanista catalán es uno de los grandes asuntos que marcarán la próxima legislatura, no solo en Cataluña sino también en España, que celebra elecciones este otoño.

Los dos partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, casi en extremos opuestos en la mayoría de propuestas, sí comparten al menos un punto de vista, también con el PSOE, tradicional partido socialdemócrata: un cambio en España puede conllevar una rebaja en las aspiraciones independentistas de Cataluña.

Sin embargo, las posturas desde las que se acercan cada uno de ellos el problema catalán son diversas. Podemos apuesta por abrir un proceso constituyente español que reformule la estructura territorial española en un sentido federal y plurinacional, para lo que necesitan un apoyo improbable apoyo de 2/3 de las Cámaras.

Para Ciudadanos, en cambio, la modernización de España en sentido liberal mejoraría por sí misma la percepción del Estado entre los catalanes.

La solución que traza buena parte de los federalistas es formulada por Joan Coscubiela, número tres de Catalunya Sí Que Es Pot, quien recuerda que para la permitir un referéndum es suficiente con el voto afirmativo de la mayoría absoluta del Congreso español.

“Hacer un referéndum es clave, y es el paso previo a hacer una Constitución catalana”, defiende Coscubiela, “un referéndum con las preguntas claras y que pueda ser interpretado nítidamente en Cataluña, en España y en el resto de Europa. Esta es la única forma y es algo que ha defendido Alex Salmond en innumerables ocasiones”.

Tanto el gobierno español como el catalán pasarán por elecciones en los próximos 6 meses, tras lo cual los equilibrios cambiarán muy probablemente en España, mientras que con la misma probabilidad en Cataluña se formará un gobierno netamente independentista.

Pase lo que pase, el 27-S hará crujir las costuras de la organización territorial española vigente desde la recuperación de la democracia y pondrá a prueba la capacidad de los agentes políticos españoles para dar una salida democrática a la demanda independentista, a riesgo de enfrentarse a una declaración unilateral de independencia que elevaría el conflicto interno a un asunto europeo.