Catástrofe minera de Marcinelle revisitada en una Europa en crisis

¿Constituye la integración europea una oportunidad o un cajón de normas y austeridad? El reciente referéndum sobre el Brexit dinamizó la persistente diatriba, dejando de manifiesto las dificultades que tienen los pro-europeístas para explicar los beneficios de la Unión Europea (UE).

El 60º aniversario de la catástrofe minera de Marcinelle, en Bélgica, permite comparar la situación de entonces con la actual.

Excepto 12, los 274 mineros de la mina de carbón Bois du Cazier perdieron la vida el 8 de agosto de 1956 en la localidad de Marcinelle, al sur de Bélgica, cuando una vagoneta mal encajada en un ascensor golpeó una tubería de gas y unos cables eléctricos, provocando un mortífero incendio.

Las víctimas eran de 12 nacionalidades diferentes. La gran mayoría –136– italianos que emigraron a Bélgica para trabajar en la industria del carbón. Una rápida descripción del marco político de aquel entonces puede ayudar a entender mejor los cambios registrados más tarde con la integración europea.

Bruselas y Roma representaron a dos de los seis Estados que iniciaron el proceso de cooperación entre las naciones de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Firmarían el tratado mediante el cual se estableció la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1951, precursor de otros tratados que conducirían más tarde al establecimiento de la UE. No obstante, los trabajadores italianos disponían de pocas opciones para acceder al mercado laboral belga, sobre todo considerando que la mayoría de ellos estaban poco cualificados.

En la Bélgica de la posguerra, la extracción del carbón desempeñaba un papel estratégico para la producción energética a gran escala a fin de responder a la demanda nacional e internacional. Pero faltaba mano de obra, en parte debido a que cada vez más belgas no se sentían atraídos por un trabajo considerado peligroso y generalmente no muy bien pagado.

La solución fue recurrir a trabajadores extranjeros, incluyendo numerosos italianos procedentes sobre todo de la región económicamente deprimida de Mezzogiorno (sur de Italia).

Los dirigentes políticos y económicos italianos consideraron la reanudación de la emigración como solución alternativa a una redistribución concreta de ingresos hacia las clases inferiores.

Por otro lado, era una manera de reducir las tensiones sociales y los riesgos de una resurgencia izquierdista. En tales circunstancias, Roma alentó explícitamente la emigración.

En junio de 1946, Italia y Bélgica firmarían un protocolo bilateral que preveía la contratación de cerca de 50.000 trabajadores italianos para trabajar en las minas italianas, en contrapartida de la venta de carbón a Italia. Según el documento, Roma se esforzaría para mandar 2.000 trabajadores por semana a Bélgica.

Distintos exámenes médicos y procedimientos administrativos que debían seguirse se lo pusieron muy difícil a los potenciales emigrantes. El proceso de selección estaba gestionado por actores institucionales de ambas partes, así como representantes de la industria del carbón belga.

Los candidatos eran elegidos en función de su salud, edad y conducta social. Se comprobaban sus antecedentes penales, pero también –de manera más informal– sus inclinaciones políticas. Los “trabajadores invitados” que simpatizaban con los partidos de izquierda generalmente no eran bienvenidos.

La tragedia de Marcinelle llamó la atención y conmovió a la opinión pública, en parte por la cobertura que tuvo en los medios de comunicación. En Italia, las condiciones en que muchos emigrantes estaban obligados a vivir y a trabajar quedó en evidencia. Evidentemente, dichas condiciones no sólo afectaban a los migrantes.

Además, entornos de trabajo peligroso y alojamientos inadecuados para los trabajadores constituían un problema generalizado en toda Europa. Marcinelle no era un caso aparte.

 

Salvaguardias y lagunas legales en la UE

La actual UE incluye la libertad de vivir en el extranjero, que no era una característica distintiva en un pasado no tan distante.

El Artículo 3.2 de la versión consolidada del Trata de la Unión Europea garantiza “la libre circulación de personas” dentro de la UE. En línea con este enfoque está el hecho de que los “trabajadores” podrán circular libremente “dentro” de la UE, tal como establece el Artículo 45.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La posibilidad de residir en otro Estado miembro y de incorporarse a su mercado laboral sin necesidad de un permiso de trabajo incluye aspectos complementarios en una serie de reglamentos para lograr cierto nivel de coordinación entre los sistemas nacionales de seguridad social.

Dicha coordinación – tal como puede consultarse en el sitio web de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea – se basa en “cuatro grandes principios”. En teoría, dichos principios garantizan “estar cubierto por la normativa de un país a la vez” y tener “los mismos derechos y obligaciones que los nacionales del país donde esté cubierto”.

Adicionalmente, los Estados miembros “deben asegurarse de que su legislación nacional” proteja ciertos derechos mínimos establecidos por la “legislación de la UE en materia de empleo” en lo que respecta a la “salud y seguridad en el trabajo”, “igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres” y “protección frente a la discriminación”, así como una serie de normas relativas al “derecho laboral”.

No cabe duda de que la utilización de términos como “coordinación” y “derechos mínimos” hace que surjan lógicas dudas al hablar de la eficacia de las distintas políticas y preceptos de la UE en campos donde las autoridades nacionales tienden a conservar un amplio margen de maniobra.

En cualquier caso, incluso considerando los límites existentes, estos “elementos” contribuyen a tener una visión más general de los cambios registrados con el proceso de integración.

Hace 60 años, cuando se perdieron tantas vidas en Marcinelle, las condiciones de trabajo y la seguridad social para los migrantes que se trasladaban entre dos Estados europeos, hacían referencia a la legislación del país de inmigración y a acuerdos bilaterales firmados por los Gobiernos de los países involucrados. No existía un marco común –ni tan siquiera imperfecto– de normas europeas.

Estas normas existen ahora, particularmente la directiva de 1996 sobre los trabajadores desplazados, que está siendo actualmente revisada por la Comisión Europea. Con todo, los numerosos casos de abusos en relación con trabajadores extranjeros han conducido a acusaciones de “dumping social”.

Al igual que en los años 1950, los trabajadores poco cualificados y mal pagados pagan las consecuencias de un modelo europeo imperfecto donde al parecer preocupa más lograr una liberalización de los mercados de los 28 Estados miembros que promover una integración social efectiva.

Tengamos en cuenta el elevado número de personas en Europa que trabajan de manera informal y sin contar con ningún sistema de asistencia.

¿Es mejor hoy que ayer? Entre opiniones divergentes, el aniversario de la catástrofe de Marcinelle nos brinda la ocasión de observar el contexto actual mirando al pasado, lo que constituye un importante punto de partida para entender cambios posteriores más concretamente.

Esta perspectiva resultaría muy útil para hacerse una idea de las transformaciones aportadas por el proceso de integración europea.