Son las 8 de la mañana en pleno centro de Cochabamba, tercera ciudad de Bolivia. El mercado América empieza a animarse. Gloria, 16 años, se frota las manos para calentarlas: “Cuando uno alquila una carretilla, ¡hay que levantarse temprano para tener la mejor!”, exclama con una amplia sonrisa.
La carretilla le permitirá transportar las compras de sus clientes a cambio de unos cuantos bolivianos.
Cada sábado, el mercado atrae a la clase media de la “capital quechua”, así como a decenas de trabajadores jóvenes.
En Bolivia 840.000 niños y adolescentes trabajan, según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los de Cochabamba provienen mayoritariamente de familias del campo. Viven en las afueras, a menudo en condiciones precarias. Gloria vive con su padre y tres hermanos.
“Soy la única de mi familia que va a la escuela, y yo no quiero, pero mi papá insiste”, confiesa.
Comienza el baile de carretillas, algunos niños no tienen más de 12 años. Gloria acompaña a una mujer de un puesto a otro. Al llegar al aparcamiento, recibe siete bolivianos (1 USD). Terminará la jornada con 70 bolivianos en el bolsillo (10 USD).
“A veces los clientes no pagan bastante, entonces yo les digo que hay leyes y que hay que respetarlas”, afirma con aplomo.
Esta fe en la ley puede sorprender en alguien de su edad. Pero la joven luce con orgullo un chaleco de la Organización de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Cochabamba (ONATSCO).
Una ley que provocó indignación
En diciembre de 2013, la ONATSCO participó en una manifestación a favor de reformar el Código Niña, Niño y Adolescente, que fijaba la edad mínima de acceso al trabajo en 14 años.
Los manifestantes serían severamente reprimidos por las fuerzas del orden, antes de ser recibidos por el jefe del Estado, Evo Morales. En julio de 2014 se adoptó un nuevo texto, autorizando que los niños pudieran trabajar desde los 10 años, bajo ciertas condiciones.
Bolivia contraviene así el Convenio No. 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –pese a haberlo ratificado– que prevé la prohibición del trabajo de menores de 14 años, provocando la indignación mundial.
Cristóbal González comprende la reacción de la comunidad internacional, aunque la encuentra injusta, él, que también tuvo que trabajar siendo niño. Con una afable sonrisa, distribuye panes de leche entre los jóvenes trabajadores del mercado. A sus 45 años, es el coordinador de Audiovisuales Educativos (AVE), una asociación que acompaña a los jóvenes que trabajan por cuenta propia en la calle.
“Se trata de un problema estructural y la comunidad internacional debería más bien reflexionar sobre las medidas para eliminar la pobreza”, subraya.
En respuesta a este argumento, un artículo de Equal Times de 2014 citaba a Jo Becker, de la ONG de derechos humanos Human Rights Watch:
“El trabajo infantil puede considerarse una solución a corto plazo para las dificultades económicas, pero es en realidad una causa de la pobreza. Las personas que comienzan a trabajar en la niñez llegan a la edad adulta con un menor nivel educativo e ingresos inferiores y tienen mayores probabilidades de enviar a sus propios hijos a trabajar”.
En cualquier caso, sigue habiendo un intenso debate en el seno de la sociedad boliviana.
¿Legislación protectora de la infancia?
El equipo de AVE abandona el centro y se dirige a los barrios populares, encaminándose hacia cementerio. En torno a una tumba, una decena de jóvenes esperan para mantener su encuentro semanal con la asociación. Entre ellos se encuentra Yocelin, la responsable de la corporación de los niños que trabajan en el cementerio.
Está escolarizada y quiere ser abogada. “Comencé a trabajar con siete años y no estaba protegida por la ley, si me pasaba cualquier cosa el Gobierno no se preocupaba”, afirma indignada.
Más lejos, dos adolescentes recorren los pasillos floridos, equipados de una botella de agua, trapos y un rondador fabricado con tubos de plástico. Proponen limpiar las lápidas o rezar oraciones.
“Cuando hay clase, solo vengo el fin de semana. Gano 70 bolivianos al día, que sirven para mis gastos escolares. También ayudo un poco a mi mamá”, confía tímidamente uno de ellos.
Cristóbal afirma que el 97% de los menores que acompaña su asociación están escolarizados. “Al contrario de lo que podría creerse, trabajan para poder estudiar. De este modo pueden pagar el transporte público para ir a la escuela, el material escolar, el uniforme o su almuerzo”.
Una opinión que matiza Patricia Vargas, coordinadora boliviana de la organización para la protección de derechos de la infancia (con sede en Suiza) Terre des Hommes Suisse: “Los niños empiezan a trabajar por cuenta propia a partir de los ocho años, lo que corresponde al inicio del ciclo escolar. A los 14 años buscan un empleo asalariado y a los 16 años abandonan la escuela”.
La ONG afirma tener una visión pragmática de la nueva ley. En su opinión, permite poner en marcha políticas públicas locales: “Cada municipio deberá llevar un registro de los niños trabajadores, asignar los medios para que puedan asistir a la escuela y tengan derecho a recibir atención médica. Tendrá que asegurarse además de que no sean explotados”, afirma Patricia.
Admite que las autoridades locales no se muestran demasiado sensibles por los problemas de la infancia, pero la nueva legislación “da la posibilidad a los niños y adolescentes de participar en la vida política local. Es ya el caso en Cochabamba”.
Añade que las autoridades deberían dar prioridad a la lucha contra las peores formas de explotación infantil: “es necesario hacer visibles las redes de explotación como en el caso de la cosecha de nueces. Estas nueces son exportadas y consumidas en Europa, por lo que se trata de un problema que traspasa las fronteras bolivianas”.
