A medida que aumenta la información de la opinión pública sobre la Alianza Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), un acuerdo comercial entre la UE y EE.UU., negociado a puerta cerrada, aumenta también la preocupación sobre sus posibles efectos.

Junto con las dudas sobre los supuestos beneficios económicos que aportaría el acuerdo, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil plantean también serias preocupaciones acerca de la incidencia que dicho acuerdo tendrá en los trabajadores de ambos lados del Atlántico.

Las negociaciones para el tratado comenzaron en julio del año pasado. La Comisión Europea dice que el acuerdo promoverá el crecimiento económico y la creación de empleo. Las informaciones más comúnmente citadas en estudios realizados en nombre de la Comisión  el año pasado, es que la producción económica de la UE podría subir en un 0,5 % de aquí a 2027 como consecuencia del acuerdo.

No obstante, esa cifra ha sido calificada de “equivocada” por investigadores independientes.

Si se aprueba, el proyecto de normativa tendrá “enormes repercusiones” para los trabajadores, en lo que se refiere a la política de empleo, seguridad social, protección del medio ambiente, salud y seguridad en el lugar de trabajo y la protección de los derechos de las minorías, según la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

Solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS)

Especialmente preocupante es la serie de normas controvertidas que se espera se incluyan en el ámbito del acuerdo, que concederían a las grandes empresas la posibilidad de demandar, de forma solapada, a los gobiernos nacionales en tribunales extraterritoriales.

A nivel internacional, en tratados similares, estas normas para la solución de controversias entre inversores y Estados han sido utilizadas, con éxito, por empresas para demandar a los gobiernos en los casos en que han estimado que no habían sido objeto de un trato “justo y equitativo”.

Según los oponentes al Acuerdo, la inclusión de esas normas en el texto del Acuerdo hace posible que las empresas puedan demandar a los gobiernos de la UE cada vez que se introduzcan cambios en las normativas nacionales que infrinjan el derecho de las empresas a "obtener beneficios" – y esto incluye las normas laborales.

En un ejemplo reciente, Egipto fue demandado ante los tribunales por la empresa multinacional francesa Veolia  por aumentar el salario mínimo.

“La legitimidad del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados ha sido reiteradamente cuestionado”, dice Bert Schouwenburg, Responsable Internacional de GMB, Sindicato General del Reino Unido.

“El mecanismo impide a los Estados miembros decidir lo que debe permanecer en el sector público y cede poder a empresas que no han sido elegidas por nadie ni rinden cuentas a nadie”.

Esto, afirma Schouwenbourg, es algo que no debe ocurrir.

“Gracias a los escándalos sobre fraudes fiscales sabemos lo que estas empresas son capaces de hacer si pueden dar rienda suelta a sus ambiciones”.

Señaló que esos litigios se examinan en secreto y son “arbitrados por un grupo relativamente reducido de abogados especializados que no rinden cuentas ante nadie y cuya imparcialidad ha sido puesta en tela de juicio”.

Añadió que los gobiernos de los países que han firmado acuerdos que incluyen ese mecanismo han recibido reclamaciones de hasta 70.000 millones de libras esterlinas (aproximadamente 116.000 millones de $EE.UU.) y penalidades de hasta 1.000 millones de libras (aproximadamente $EE.UU. 1.600 millones).

El Asesor especial de la CES, Tom Jenkins, dijo a Equal Times: “Evidentemente, estamos muy preocupados por el ISDS. Una de nuestras principales reivindicaciones es que las empresas no puedan poner en duda las decisiones democráticas”.

Jenkins explicó que la presión ejercida por los grupos de la sociedad civil ha llevado a la Comisión Europea a aceptar la celebración de una consulta sobre el ISDS, que comenzó este mes.

¿Empleo y crecimiento?

La CES y otros sindicatos también cuestionan la veracidad de las alegaciones de la Comisión Europea acerca de los empleos y el crecimiento que podría aportar el nuevo Acuerdo.

“La apertura del comercio puede crear empleo pero, por otra parte, nos preocupa que los estudios en que la Comisión Europea ha basado su análisis de la Alianza Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) susciten dudas”, dijo Jenkins.

Algunos grupos de activistas han rechazado el análisis de la Comisión Europea.

“Ya se han presentado varias evaluaciones criticas de las cifras que utiliza la Comisión Europea para respaldar sus alegaciones de crecimiento económico, en las que se dice que no tienen fundamento”, dijo Olivier Hoedeman, Coordinador de Investigación y Campañas del Corporate Europe Observatory.

“No es sino propaganda. Desgraciadamente, mucha gente se toma muy en serio esas cifras,” añadió.

“Siempre se puede caer en la tentación de creer que un acuerdo comercial creará milagrosamente todos esos empleos y aportará esa cantidad de ingresos, pero la realidad es que no hay muchos hechos que respalden esa alegación”.

John Hilary, Director Ejecutivo de la organización War on Want, que lucha contra la pobreza, dijo que el Acuerdo podría de hecho conducir a una “pérdida de empleo masiva”.

“En su propia evaluación de impacto, realizada en marzo del año pasado, la Comisión Europea dijo claramente que reconocía que habría un ‘desplazamiento prolongado e importante’ de puestos de trabajo como consecuencia del TTIP”, dijo a Equal Times.

“Así que los trabajadores van a perder su empleo en un sector, aun cuando podría no haber empleo en otro”.

“Incluso si podría beneficiar a las grandes empresas, un acuerdo de libre comercio de este tipo siempre ha dado lugar a pérdidas masivas de empleo”.

Hilary citó el  TLCAN , Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, como ejemplo elocuente.

“En un estudio realizado en 2006, 12 años después de la introducción del TLCAN, y que sigue siendo el mayor estudio de esa cuestión, se indicaba que en realidad se habían hecho promesas falsas a los sindicatos estadounidenses.

“En vez de crearse cientos de miles de nuevos puestos de trabajo, había habido una pérdida neta de empleo de más de un millón de puestos”, señaló.

“Mientras tanto, la gran promesa hecha a los sindicatos mexicanos fue que, aunque los estadounidenses podrían resultar perjudicados, México saldría bien parado. Pero lo que pasó fue que cerca de dos millones de campesinos que viven de la agricultura de subsistencia perdieron su empleo ante la competencia de las grandes empresas de la agroindustria del Midwest estadounidense”, agregó.

“La idea de que la ecuación es positiva o de suma cero, es decir, que algunos saldrán perdiendo pero otros saldrán ganando, no refleja la realidad”.

Violaciones de los derechos laborales

La CES ha manifestado preocupación por lo que llama las “violaciones de los derechos fundamentales del trabajo” en los EE.UU., “principalmente del derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente y, en particular, pero no exclusivamente, en los estados en que se ha decretado el "derecho a trabajar" sin protección sindical”.

Además de afectar a los sindicatos, dijo Hilary, el bajo nivel de protección de las normas laborales en 24 estados de EE.UU., que aplican actualmente la ley del "derecho a trabajar", podría tener implicaciones más amplias.

“Como sabemos, en esos estados el costo del trabajo es reducido, los trabajadores tienen un bajo nivel de salarios, pensiones y demás prestaciones como la salud, lo que hace que sea más barato para las empresas producir allí, de modo que hay gente que exporta de esos estados y puede competir con precios más bajos en Europa”.

“Pero también está la posibilidad de que las empresas europeas, a través de inversiones, establezcan plantas en los estados que aplican la ley del "derecho a trabajar" para no tener que cumplir ninguna de las normas laborales que tienen que cumplir en Europa”, apuntó.

“Es otro paso en la mala dirección, en la carrera hacia el fondo”.

Jenkins dijo que la CES está presionando por que se incluya un capítulo sobre el trabajo y mecanismos de observancia en el texto, esperando obtener un acuerdo que ellos denominan “patrón oro”, que asegure “la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en ambos lados del Atlántico e impida cualquier intento de usar el Acuerdo para rebajar las normas”.

La American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) coincide con la CES en que los objetivos de la TTIP deben incluir el pleno empleo, el trabajo decente, el alza del nivel de vida para todos y no debe permitir la desregulación.

Sin embargo, Hilary piensa que no hay “ni la más mínima probabilidad” de que alzar el nivel de las normas en el acuerdo.

“No es posible invertir la tendencia de un acuerdo de libre comercio que está concebido específicamente para rebajar las normas y reducir los obstáculos para las empresas, y convertirlo en algo positivo para los trabajadores”, dijo.

“La TTIP ofrece beneficios a las empresa porque para eso fue concebida, pero lo que seguramente no va a hacer es beneficiar a los trabajadores”.