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¿Deberá El Salvador pagar 301 millones de USD por priorizar el agua limpia sobre el oro?

by Gabriel Labrador

El Estado de El Salvador, en Centroamérica, podría perder 301 millones de USD por una demanda de OceanaGold Corp., una empresa minera australo-canadiense que exige una indemnización por la suspensión, en 2008, de sus permisos de operación en ese país.

<p>On 19 March 2015, activists and representatives of the platforms against mining in El Salvador demonstrated against the legal dispute between that country and the mining company <i>OceanaGold</i>, in front of the World Bank's headquarters, in Washington D.C.</p>

On 19 March 2015, activists and representatives of the platforms against mining in El Salvador demonstrated against the legal dispute between that country and the mining company OceanaGold, in front of the World Bank’s headquarters, in Washington D.C.

(Luis Parada)

El Estado de El Salvador, en Centroamérica, podría perder 301 millones de USD por una demanda de OceanaGold Corp., después de que solicitud de la compañía para una licencia de explotación minera fuese rechazada sobre la base de los daños ambientales que causaría el proyecto.

El Salvador es el país con más problemas de abastecimiento de agua en la región. Como resultado, el gobierno dejó de otorgar licencias de explotación minera en el 2008 en un intento de preservar los limitados suministros de agua limpia del país y salvaguardar el medio ambiente.

Pero compañía minera australiana OceanaGold Corp., y su filial la canadiense Pacific Rim Mining, han remitido el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un oscuro organismo del Banco Mundial con sede en Washington.

Aunque no se ha fijado plazo, se espera una decisión en las próximas semanas o meses.

El Gobierno salvadoreño y decenas de organizaciones locales e internacionales han mostrado su preocupación ante un probable fallo adverso el cual, aseguran, intenta cambiar la postura oficial del Estado que por ahora impide la instalación de proyectos mineros en el país.

“Es fundamental ganar el caso porque significa muchos millones para El Salvador”, dijo a Equal Times la Ministra de Medio Ambiente Lina Pohl. Perder el caso, explicó la ministra, amenaza el discurso oficial del Gobierno contra la industria minera metálica.

“En 2011 hicimos una evaluación ambiental que determinó que no hay condiciones para esta industria en el país”, detalló.

En 2011, una Evaluación Ambiental Estratégica determinó que en El Salvador la minería no es posible por cuatro razones: porque el 95% de los ríos están contaminados; porque la cantidad de oro que podría explotarse en el país solo atraería a “empresas menores” con pocas consideraciones ambientales; porque la burocracia instalada no alcanzaría para seguir de cerca los proyectos mineros; y por la alta conflictividad entre vecinos en las zonas afectadas.

Pero ante el CIADI, la empresa OceanaGold asegura que el Estado salvadoreño vulneró sus derechos de explotación de oro en el proyecto El Dorado, en el departamento de Cabañas, en la zona central del país.

“La suspensión del permiso de explotación fue por asuntos políticos, no técnicos”, asegura la empresa.

El Gobierno ha respondido que OceanaGold nunca obtuvo la concesión para explotar el oro pues nunca tramitó ni el permiso ambiental sobre el área solicitada para la concesión, ni el estudio de factibilidad, y tampoco era la propietaria de las tierras del proyecto.

En 2008, el Gobierno congeló esta y otras concesiones mineras aduciendo que no había garantías de una minería sin efectos contaminantes. La empresa Pacific Rim -ahora OceanaGold Corp.- aprovechó esta paralización de las concesiones para demandar a El Salvador en 2009, argumentando que no existía una ley que prohibiera la minería. La nueva ley aún siguen discutiéndose en el Congreso de Diputados.

“Si El Salvador pierde el caso en el CIADI, sentaría un precedente negativo pues otras transnacionales -no solo mineras- podrían demandar al Estado salvadoreño por cantidades millonarias, aprovechándose de un vacío de ley surgido en 2008”, asegura Pedro Cabezas, representante de SalvAide, miembro de los Aliados Internacionales Contra la Minería y exmiembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (MFNMM), una organización de 10 entidades ambientalistas.

“Está en juego la soberanía de El Salvador y su capacidad de autogobernarse en beneficio del interés público. La pregunta es si debido a tratados comerciales el Gobierno ahora debe velar sólo por el interés corporativo”, dice Cabezas.

 

Una desigualdad acentuada

La industria minera en El Salvador representa un negocio millonario para un país con profundas desigualdades y con problemas para financiar sus propias políticas públicas.

Solo los proyectos mineros en tres departamentos del país representan un negocio de 7.200 millones de USD, es decir, la tercera parte del PIB del país.

“El Gobierno no está diciendo no a la minería, sino que bajo las condiciones actuales en este país, en este momento, no es posible esa industria”, señala la ministra Pohl.

El Gobierno ha intentado sin éxito, desde 2011, aprobar en el Congreso una ley de minería según la cual un panel de expertos internacionales, junto a algunos funcionarios públicos, podría aprobar la minería solo cuando se hayan superado las condiciones detectadas en la evaluación ambiental. Pero esa y otras propuestas siguen en discusión en el Congreso.

“En realidad OceanaGold sabe que aquí no hay espacio para la minería y lo que quieren es presionar, por eso la demanda es más bien una extorsión al país”, dice Pedro Cabezas, de SalvAide.

Equal Times envió correos electrónicos a los representantes legales de OceanaGold pero al cierre de este artículo aún no había respuesta.

En El Salvador, hay poblaciones que decidieron adelantarse al debate nacional y ya han dejado por escrito postura frente a la minería. A principios de marzo de 2015, el municipio de Nueva Trinidad, en Chalatenango, se convirtió en el tercer municipio del país que aprobó una ley local contra la industria minera.

“Es de suma importancia que las comunidades se organicen porque el precio del oro y la plata no se comparan con la salud y el medio ambiente sano. Lamentablemente en esta controversia no se le está dando importancia a las voces de las comunidades”, dijeron a Equal Times Magdalena Mármol y Francisco Quijano, voceros de la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS).

El litigio contra OceanaGold ha cobrado fuerza en parte por el apoyo de organizaciones civiles de Estados Unidos y Canadá que han presionado a sus respectivos Gobiernos.

En junio de 2014, por ejemplo, la organización Centro Europa - Tercer Mundo (CETIM), el Instituto para los Estudios Políticos y el Centro de Derecho Ambiental Internacional presentaron una queja conjunta ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la cual podría desencadenar reacciones de los Estados miembro.

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