Tras haber agotado todas las vías legales a través de la organización de derechos humanos israelí HaMoked (Centro para la defensa del individuo), cuatro viviendas serán demolidas inminentemente. Ya se destruyó una casa en noviembre y todavía queda pendiente la decisión con respecto a una sexta vivienda debido a circunstancias atenuantes.

El fallo del 31 de diciembre se emitió horas antes de que el presidente palestino Mahmoud Abbas solicitara la adhesión a la Corte Penal Internacional (CPI), un paso que abriría el camino para que la Autoridad Palestina presente un catálogo de acusaciones de crímenes de guerra contra Israel.

Sin embargo, los grupos de derechos humanos locales e internacionales dicen que la política de demolición es un crimen de guerra en sí misma.

“Estas demoliciones se producen en un área que se encuentra bajo ocupación militar y que por lo tanto se rige por el Cuarto Convenio de Ginebra”, dijo a Equal Times Joe Stork, director adjunto de la división de Oriente Próximo y el Norte de África de Human Rights Watch.

“Se trata de un acto de castigo colectivo, lo que en cualquier caso podría considerarse un crimen de guerra. La cuestión no es si es un elemento disuasorio o no. Aunque lo fuera, todavía se consideraría un castigo colectivo”, añadió.

Sin lugar a dudas, 2014 fue un año particularmente brutal para la población de los territorios palestinos ocupados.

Cerca de 2.200 palestinos murieron a lo largo de 50 días en julio y agosto durante la operación ‘Borde protector’ de Israel en Gaza tras el secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes, supuestamente por dos miembros de Hamás.

En julio, el adolescente palestino Mohammad Abu Khdeir fue asesinado como represalia por tres extremistas de derechas israelíes en Jerusalén, lo que desencadenó una serie de represalias violentas en Jerusalén, Cisjordania e Israel.

El 18 de noviembre, un ataque a una sinagoga situada en el barrio de Har Nof, en Jerusalén occidental, causó la muerte de cinco israelíes.

A raíz de ello, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu ordenó inmediatamente la demolición de las casas de los dos atacantes y de otros palestinos a los que se consideraba autores de incidentes violentos recientes.

Todos los sospechosos fueron asesinados por las autoridades inmediatamente o poco después de que se produjeran los ataques.

¿Medida disuasoria o castigo ciego?

Nadia Abu Jamal, la esposa de 31 años de edad de uno de los hombres que lanzaron el ataque contra la sinagoga, se ha enfrentado a batallas judiciales en varios frentes desde entonces.

Además de la demolición del apartamento donde vive con dos niños pequeños y otros parientes, se la amenazó con la revocación de su residencia en Jerusalén y el seguro médico de sus hijos.

“No me permiten continuar con mi vida”, dijo. “¿Por qué no se castiga de igual manera a los asesinos de Muhammad Abu Khdeir?”

El gobierno israelí alega que las demoliciones sirven como medida disuasoria contra atentados terroristas en el futuro, pero la política solamente se aplica a palestinos acusados de atacar a israelíes y no al contrario.

La base jurídica de esta práctica es la Normativa 119 del Reglamento de Defensa (Emergencia) de 1945, promulgada durante el Mandato Británico e incorporada al derecho israelí.

La práctica se discontinuó en 1998 y se retomó en octubre de 2001 durante la segunda Intifada.

Para finales de 2004, 4.182 hombres, mujeres y niños inocentes se encontraban sin techo a causa de las demoliciones de viviendas llevadas a cabo por el ejército israelí.

Una comisión de investigación militar en 2005 no encontró pruebas de que la táctica constituyera una medida disuasoria eficaz contra el terrorismo y recomendó la discontinuación de la política.

Sin embargo, las demoliciones se reanudaron en junio de 2014 para presionar a Hamás, al que el gobierno israelí culpaba del secuestro de tres estudiantes de una yeshiva.

Ibrahim Hijazi, padre de Muataz Hijazi, el hombre responsable de la tentativa de asesinato del rabino de extrema derecha Yehuda Glick en octubre pasado, tiene poca fe en los tribunales israelíes.

El miércoles pasado, los tribunales dieron al ministerio de Defensa otros 15 días para determinar si su casa en el barrio de Jerusalén oriental Abu Tor debería ser demolida o no.

Muataz fue asesinado por la policía el 29 de octubre de 2014 en el tejado del mismo edificio.

“Aunque fuera culpable, deberían haberlo probado en los tribunales. En cambio, le dispararon 20 veces”, dijo su padre.

“El objetivo [de las demoliciones] es empujarnos a evacuar Jerusalén. No soy el primero y no seré el último”, dice Hijazi.