Las organizaciones de derechos humanos están intentando a la desesperada frenar el brusco aumento de las sentencias a la pena capital dictadas en Egipto, pero apenas dan abasto.

El juez Shaaban al-Shami confirmó el martes la condena de Morsi a morir ahorcado –dictada en primera instancia el 16 de mayo de 2015— por participar en una fuga masiva de la prisión en la que se encontraba detenido durante las revueltas de 2011, que eventualmente le llevaron al poder.

Morsi fue también sentenciado, junto a 21 personas más, a una condena perpetua adicional por espionaje.

La sentencia de muerte se ha remitido al Gran Muftí de Egipto, la mayor autoridad religiosa del país, pero su opinión no es vinculante.

El grupo cívico contra la pena de muerte Against the Death Penalty condenó los veredictos del 16 de mayo contra Morsi y el resto de los acusados.

“Nos sorprendió muchísimo saber que el gobierno había sentenciado a más de 120 personas a muerte por espionaje y conspiración en las prisiones. Entre los condenados se encuentran dos personas ya fallecidas y una encarcelada en Israel de por vida”, afirmó el grupo en una declaración.

Amnistía Internacional calificó los juicios de mayo de “simples farsas, basadas en procedimientos de nulo valor” y pidió que se les volviera juzgar ante un tribunal civil.

Los juicios multitudinarios, “algo habitual”

En los últimos meses hemos sido testigos de juicios y condenas similares.

En febrero, 183 personas fueron sentenciadas a muerte al ser declaradas culpables de atentar contra la policía y el ejército; en diciembre de 2014, 188 personas más fueron sentenciadas a la pena capital por el asesinato de 11 agentes de policía.

“Dictar sentencias de muerte multitudinarias cuando se juzga el asesinato de agentes de policía parece haberse convertido en algo habitual; no se intentan depurar las responsabilidades individuales”, afirma Hassiba Hadj Sahraoui, Vicedirector del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Aunque no hay un recuento oficial del número de sentencias de muerte dictadas en Egipto, Amnistía afirma que, en la primera mitad de 2014, se sometieron a consulta del Gran Muftí al menos 1.247 casos de pena capital.

Si bien la opinión del Muftí no es legalmente vinculante, es costumbre que el tribunal la adopte.

La declaración añade que, durante ese mismo período, se ratificaron 247 condenas de muerte. En todos los casos, los acusados eran miembros o simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, organización islamista ilegalizada, de la que Morsi es un destacado miembro.

La gravedad del número de sentencias de muerte queda patente si lo comparamos con las cifras mencionadas en un informe de la Universidad Cornell.

El informe indica que más de 700 personas fueron sentenciadas a la pena capital en Egipto entre los años 1981 y 2000 y 248 personas fueron ejecutadas.

Sin embargo, desde 2007, al menos 396 personas fueron sentenciadas a muerte y nueve, ejecutadas. En 2010, 185 personas fueron condenadas a muerte y cuatro, ejecutadas.

Activismo local

Reem Saad, profesora universitaria y activista de Against the Death Penalty, defiende que la pena de muerte debería ser ilegalizada por inhumana.

“La mayoría de los países ya la abolieron o están en vías de hacerlo, por una razón: la pena de muerte viola el derecho a la vida, que es el más básico de todos los derechos humanos”, dice a Equal Times.

“Además, no hay pruebas que demuestren que la pena de muerte disuada de cometer delitos. Y se trata de una pena irreversible: al contrario que otras sentencias, una vez aplicada no hay vuelta atrás, aunque aparezcan nuevas pruebas que demuestren que la persona sentenciada era inocente”.

Pero los argumentos de Saad, Amnistía y Against the Death Penalty no son la corriente dominante en Egipto, donde muchas personas consideran apropiado este castigo para determinados crímenes.

Quienes apoyan la pena capital en Egipto la consideran un último resorte judicial, necesario en un país que atraviesa una situación tan convulsa.

Se considera el mecanismo para contrarrestar lo que califican de “terrorismo” perpetrado por miembros y simpatizantes de los Hermanos Musulmanes.

“No obstante, el derecho a un juicio justo para todos los ciudadanos, sin discriminación, es la única garantía de que rindan cuentas los asesinos, violadores y terroristas; sin esta garantía, en la sociedad imperará la ley de la jungla”, afirma Amnistía.

El abogado e investigador Ahmed Ezat expresa su preocupación por la independencia del sistema jurídico egipcio y plantea dudas sobre la imparcialidad de los juicios y veredictos.

“Varios indicadores muestran el predominio de la autoridad política sobre la jurídica”, dice a Equal Times. “El sistema jurídico se utiliza como herramienta de venganza contra los oponentes políticos en un entorno político muy turbulento.

“No podemos estar seguros de que los acusados, sobre todo los políticos, tendrán un juicio justo”, añade Ezat. “Por eso, lo menos que podemos hacer, es exigir que se deje de aplicar la pena de muerte, porque es irreversible”.