El Convenio de Estambul renueva la lucha para acabar con la violencia de género

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El 1 de agosto de 2014 entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y la Lucha contra la Violencia de Género y la Violencia Doméstica, más conocido como el Convenio de Estambul.

Según numerosas ONG de derechos de la mujer, este nuevo instrumento, que ya ha sido ratificado por 11 países, no cambiará la situación de la noche a la mañana. Sin embargo, representa una oportunidad histórica para acabar con un problema muy extendido.

El [último estudio >http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results] de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA) reveló que 62 millones de mujeres, o una de cada tres mujeres en la Unión Europea, ya han sido víctimas de violencia física y/o sexual alguna vez en su vida.

Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, el Convenio de Estambul “es el primer tratado europeo que se centra específicamente en la violencia de género y la violencia doméstica. Establece normas mínimas en materia de prevención, protección, procesos judiciales y el desarrollo de políticas integradas. Los países que ratifiquen el tratado estarán obligados a proteger y apoyar a las víctimas de dicha violencia. Asimismo, deben ofrecer servicios, como líneas telefónicas de ayuda a las víctimas, centros de acogida, asistencia médica, asesoramiento y asistencia jurídica”.

El Convenio de Estambul es incluso más importante para las mujeres migrantes, para las que este tipo de violencia representa una doble amenaza. No solo suelen estar más expuestas a la explotación y la violencia física que otros grupos de mujeres, sino que también suelen ser víctimas de chantajes: si denuncian a los agresores ante la policía, se enfrentan al riesgo de que les revoquen su permiso de residencia y pasen a ser migrantes en situación irregular.

En su informe “Estrategias para combatir la doble violencia contra las mujeres migrantes irregulares – proteger sus derechos y asegurar la justicia”, la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM) hace referencia a un estudio llevado a cabo por la organización de mujeres migrantes IMKAAN, con sede en Reino Unido, que reveló que de las 183 mujeres con una situación migratoria de inseguridad que buscaron apoyo en situaciones de violencia, el 92% denunciaron que el agresor les había amenazado con deportarlas.

Otro estudio de 2010 llevado a cabo por la ONG francesa “La Cimade” reveló que el 38% de las comisarías de policía parisinas detendrían a las mujeres indocumentadas que denunciaran casos de violencia y que el 5% de las que acudieron a la policía para denunciar ni siquiera pudieron interponer una denuncia.

Asimismo, el informe de la PICUM también permite expresarse a varias mujeres migrantes que prestaron testimonio sobre la violencia a la que se enfrentaron. Por ejemplo, una mujer afgana de treinta años que vivía en Suecia denunció haber sufrido abusos sexuales por parte de su hermano. Después de escapar, fue violada y obligada a abortar por un compatriota afgano que le había ofrecido su protección. Los dos hombres le chantajearon, afirmando que sería deportada si llamaba a la policía.

También se quejó de la pasividad de las organizaciones que supuestamente deberían proteger de la violencia a las mujeres migrantes: “He llamado a muchas organizaciones de derechos de la mujer; incluso llamé a la oficina del rey de Suecia para explicar mi caso. Pero como ocurre en Afganistán, no prestan atención a los problemas de las mujeres. Muchas organizaciones me dijeron que no podían ayudarme porque no tengo papeles. Pero justo por eso necesito su ayuda”.

 

Una mejor protección para las mujeres migrantes

“Las mujeres migrantes se enfrentan a barreras lingüísticas, discriminación y victimización secundaria y se les niega el acceso a servicios de supervivencia, como los centros de acogida de mujeres, debido a su situación migratoria”, explicó a Equal Times Barbara Stelmaszek, coordinadora de proyectos de la red europea Mujeres contra la Violencia en Europa (WAVE).

Sin embargo, todo esto podría cambiar pronto gracias al Convenio de Estambul.

“El artículo 4.3 del Convenio de Estambul requiere que se garantice su aplicación sin discriminación de ningún tipo, ni por la situación migratoria o de refugiado ni por el origen social o nacional”, explica Stelmaszek.

“Asimismo, el Convenio obliga a los Estados miembro a garantizar unos servicios especializados adecuados, como los centros de acogida. Además, explica que las organizaciones de mujeres son las más adecuadas para proporcionar dichos servicios. Su independencia las convierte en lugares más accesibles para las víctimas”.

“El derecho humano de las mujeres de vivir una vida sin violencia no debería depender de ninguna situación migratoria. Se trata de un derecho indivisible y la cláusula de no discriminación del Convenio lo deja muy claro”.

Lara Natale, de la Red Europea de Mujeres Migrantes, explicó a Equal Times que “las políticas que rigen el ingreso, el empleo y la residencia suelen perjudicar a las mujeres migrantes y aumentan el riesgo de abusos. Para abordar este tema, el artículo 59 del Convenio requiere que los Estados parte concedan un permiso de residencia autónomo a las víctimas cuya situación migratoria dependa de un cónyuge o pareja violento”.

“La violencia contra las mujeres solo acabará en Europa cuando todas las mujeres puedan acceder a la justicia”, declaró Michele LeVoy de la PICUM. “Para conseguirlo, las autoridades deben garantizar un mecanismo para diferenciar entre el acceso a la justicia, los servicios de apoyo y los centros de acogida por un lado y la aplicación de las normas de inmigración por el otro”.

Según los activistas que trabajan por los derechos de las mujeres migrantes, es sumamente importante que los Estados miembro del Consejo de Europa, así como de la Unión Europea, ratifiquen cuanto antes el Convenio de Estambul y que sus disposiciones se incorporen rápidamente a las legislaciones europea y nacionales.