Los vídeos, grabados por las cámaras de videovigilancia, fueron difundidos el 25 de julio de 2016 bajo el título “La vergüenza de Australia” por el magazín de investigación Four Corners de la cadena de televisión pública australiana ABC.

Desde entonces los australianos expresan en Twitter y otras redes sociales su repugnancia ante el maltrato de los niños en detención y en particular el maltrato de los aborígenes.

Un momento clave del reportaje muestra a los guardias de Don Dale pulverizando gas lacrimógeno sobre los adolescentes detenidos. Uno de los agentes exclama: “¡Voy a pulverizar a este cabroncete!” (I’ll pulverize the little fucker!).

Jake Roper, que entonces tenía 14 años, es el destinatario del insulto. En el reportaje, este joven aborigen explica haberse sentido “enfadado, deprimido y solo” y da su testimonio para “evitar que esto se repita con otros niños”. Después de la difusión, el ministro John Elferink, que estaba a cargo de los servicios penitenciarios en el Territorio del Norte, fue destituido de sus funciones.

Aunque solo representan el 3% de la población, los aborígenes constituyen el 27,4% de los reclusos y cerca del 15% de las muertes en detención en Australia. Corren un riesgo 15,4 veces mayor de ser encarcelados que otros australianos. Esta cifra aumenta a 21,6 en el caso de las mujeres aborígenes. Los niños aborígenes corren un riesgo 26 veces mayor de acabar en un centro de detención juvenil.

En el Territorio del Norte, los aborígenes representan el 96% de los jóvenes detenidos.

Amnistía Internacional denuncia esta situación desde hace años. Julian Cleary, defensor de los derechos aborígenes en la organización, explica: “Durante demasiado tiempo, nuestro Gobierno ha ignorado una verdadera crisis nacional, dejando a los estados y los territorios a cargo de esta situación. Es hora de detener estas violaciones de los derechos humanos. Nos alegramos de que el Primer Ministro Malcolm Turnbull haya declarado que a partir de ahora es una de sus prioridades. Seguimos siendo optimistas”.

Así, el Primer Ministro ha decidido que una comisión real realice una investigación sobre las condiciones de detención de los adolescentes, que pueden ser encarcelados desde los 10 años. Sin embargo, el esfuerzo sigue siendo limitado, ya que esta investigación de gran repercusión se centrará únicamente en el Territorio del Norte cuando la situación afecta a toda Australia.

Ya en 1991, una comisión real australiana (Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody) elaboró un informe y 339 recomendaciones después de haber investigado la muerte de 99 aborígenes en prisión de 1980 a 1989. Veinticinco años más tarde, la realidad es amarga. En 15 años, el número de aborígenes encarcelados ha aumentado un 57%.

“Por eso es necesario tomar decisiones prácticas ahora”, reconoce Julian Cleary. En concreto, es necesario que Australia ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que permitiría investigaciones independientes en las prisiones. Los aborígenes sufren un nivel elevado de pobreza, racismo y desventajas sociales. Por suerte, hay aborígenes que hacen cosas fantásticas en sus comunidades pero, muy a menudo, no se les escucha y se ignoran sus conocimientos especializados”.

“Un universo violento”

Keenan Mundine creció en el barrio popular de Redfern, en Sídney. Cuando tenía siete años quedó huérfano y fue separado de sus dos hermanos. En ese momento comenzó un lento descenso a los infiernos para el joven aborigen de la nación Biripi. Entre los 14 y los 27 años, pasó por la cárcel varias veces. “En Redfern había muchos problemas de droga, alcohol y violencia doméstica. Había una presencia policial importante”.

Hoy, este padre de familia de 29 años rehace su vida. Es trabajador social y ayuda a jóvenes de su antiguo barrio. “No pude ver el reportaje sobre Don Dale hasta el final”, suspira. “Lo que me chocó más fue ver a ese adolescente atado a una silla... Era totalmente inútil. Las imágenes en las que se desviste a un niño y se le deja desnudo también son muy duras...”.

Para el antiguo recluso, “el sistema de detención para menores es escandaloso, es un universo violento”.

Keenan está convencido de que las soluciones se deben encontrar en las comunidades, no en esferas gubernamentales. “Si hemos llegado a esta situación es porque (el Gobierno) no tiene la solución. No escuchan a los aborígenes en el terreno. Tenemos a gente en el Gobierno desconectada de las comunidades que piensa que sabe lo que nos conviene sin consultarnos”.

Gerry Georgatos, defensor de derechos humanos, ha visitado numerosas comunidades aborígenes y cuenta: “Es importante señalar que los aborígenes son condenados por delitos por los que las personas no aborígenes no son condenadas. Un ejemplo: hace unos años, un aborigen de 12 años fue detenido por haber robado una moneda de chocolate y habérsela comido”.

No obstante, el activista ubicado en Perth afirma: “La comisión real es una oportunidad, ya que es la herramienta más poderosa en el país. Si no se produce un cambio, quedan pocas soluciones”.

En Sídney, Vickie Roach, de 57 años, de la nación Yuin, es una antigua reclusa que luchó contra el Gobierno para obtener derechos de voto para los exconvictos. También vio el reportaje sobre Don Dale. “Fue muy duro, lloré durante tres días”.

“Es como si me pasara a mí, a mi hijo, a mi nieto… Fue realmente traumatizante y estoy segura de que estas imágenes también traumatizaron a muchos aborígenes que han estado detenidos. En Australia la gente piensa que los aborígenes son un desperdicio de oxígeno. Y en la cárcel no se nos considera seres humanos. Todavía existe en 2016 la idea de que los aborígenes deben ser controlados y dirigidos. Todavía nos consideran un problema que debe resolverse”.

Vickie, que forma parte de las “generaciones robadas”, se acuerda a menudo de que las condiciones de detención eran peores en el sistema juvenil que en el sistema para los adultos.

“Utilizan los mismos procedimientos que con los adultos pero de manera más severa. Creen que si convierten la detención en una experiencia totalmente horrible haremos todo lo posible por no volver a la cárcel”.

“Sin embargo, no funciona así. Sabemos, gracias a décadas de investigación, que el castigo no tiene ningún efecto disuasorio”.