El libre comercio está acabando con los sindicalistas colombianos

Aun cuando Hillary Clinton y Donald Trump se muestran contrarios al Tratado de Asociación Transpacífica, por lo menos en su forma actual, no dejan de mostrarse evasivos en lo que respecta a las cuestiones comerciales en general, al tiempo que el Gobierno de Obama se afana en hacer aprobar aquél en el Congreso.

Por su parte, el Partido Demócrata permanece ideológicamente vinculado a las políticas neoliberales encaminadas a la apertura de un mayor número de “libres mercados”, pese a sus posibles repercusiones sobre las normas laborales y económicas en toda la cuenca del Pacífico.

Sin embargo, si lo ocurrido hasta ahora no es más que un prólogo, es el momento de volver a examinar otro pacto comercial que el candidato Barack Obama rechazó en 2008. En ese entonces el ahora presidente mencionó las violaciones de los derechos humanos contra los sindicalistas.

No obstante, el acuerdo de Promoción Comercial entre EE.UU. y Colombia acabó por ser aprobado y, ocho años después, pese a la reducción de las barreras comerciales y a la inyección de aproximadamente 17 mil millones de USD al mercado de exportación, este tratado ha dejado un movimiento sindical fracturado, reproduciendo así el modelo de comercio neoliberal que está devastando el hemisferio.

Los trabajadores estadounidenses se muestran cada vez más cautelosos con las políticas de libre mercado similares a las del Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN), históricamente asociadas con la hemorragia de numerosos puestos de trabajo manuales. Sin embargo, las pérdidas para nuestros “socios comerciales” en el Sur global suelen pagarse con sangre. De acuerdo con una queja recientemente introducida por AFL-CIO ante el Ministerio de Trabajo estadounidense, el clima político de Colombia se muestra tanto o más hostil hacia los sindicalistas de lo que ya era antes de la promulgación del tratado comercial.

Al tiempo que el comercio se liberaliza, el precario movimiento sindical colombiano se ve sacudido por una violencia extrema debido a la brutalidad que ejercen en su contra las fuerzas paramilitares, criminales y las del Estado. Los esfuerzos de sindicalización se han visto estancados con los asesinatos de decenas de sindicalistas, a menudo sin la posibilidad de apelar a recursos legales.

Además de la apática aplicación de las formas de protección que confieren los derechos humanos, AFL-CIO señala: “Desde que se firmó el [tratado de libre comercio], los trabajadores que han intentado ejercer sus derechos han sido víctimas de, por lo menos, 1.466 amenazas y actos de violencia, incluyendo 955 amenazas de muerte y 99 asesinatos”.

La inestabilidad del empleo y los salarios de miseria siguen generalizados en numerosos sectores, especialmente en la extracción de petróleo y la agricultura. Aunque el tratado comercial incluye un Plan de Acción Laboral diseñado para ayudar a revitalizar la supervisión y garantías de los derechos de los trabajadores, Colombia se ha quedado atrás en la aplicación de un amplio plan de reforma, pese a la presión de los sindicatos estadounidenses y colombianos.

Según la queja, una de las libertades fundamentales, la libertad sindical, se ve amenazada cotidianamente, y los trabajadores “son víctimas de la violencia, las represalias y la impunidad cuando intentan ejercer sus derechos”.

 

La negociación colectiva

Aproximadamente el 0,5% de los trabajadores colombianos se acogen a un convenio colectivo, en gran parte debido a la discriminación antisindical y prácticas laborales abusivas, tales como mantener a los trabajadores empleados de forma irregular para evitar la formalización de los contratos, o acabar preventivamente con los sindicatos mediante la formación de “pactos colectivos” con algunos segmentos de la fuerza de trabajo para evitar que los trabajadores se sindicalicen y exijan un convenio colectivo formal.

De acuerdo con AFL-CIO: “Cuando los trabajadores presentan quejas sobre estas y otras violaciones de sus derechos, se encuentran ante un sinfín de demoras por parte del Gobierno para obtener una respuesta... Hay casos de trabajadores que han estado pidiendo justicia durante cuatro años, prácticamente desde la fecha de entrada en vigor del tratado comercial”.

Los activistas sindicales han instado al Ministerio de Trabajo estadounidense a utilizar las disposiciones laborales que figuran en el tratado comercial para poner alto a la violencia antisindical en Colombia, así como a las pésimas condiciones de trabajo y la falta de protección social que se padecen.

Sin embargo, el pasado mes de abril el Representante de Comercio estadounidense respondió airadamente a los activistas sindicales sosteniendo que el asesinato de sindicalistas no se considera una violación directa del tratado comercial, indicando con esta afirmación que el objetivo más amplio de mantener el libre comercio no tiene relación alguna con la obtención de justicia en caso de violencia antisindical. En cambio, las empresas sí pueden hacer valer sus reclamaciones legales demandando directamente a los gobiernos a través de órganos no judiciales, obteniendo a menudo enormes concesiones.

Los responsables de comercio pueden valerse del análisis del lenguaje jurídico del pacto, pero el Coordinador Mundial de Derechos de los Trabajadores de AFL-CIO, Brian Finnegan, señala sin ambages: “Para nosotros es una mera cuestión de sentido común que, cuando se amenaza, se dispara y se asesina a las personas, éstas tienen menos posibilidades de crear sindicatos y negociar colectivamente”.

A menudo, la intervención del Estado ocasiona más daño que los propios empleadores. “No es como todos esos ataques perpetrados por agentes privados ilegales o paramilitares que nadie conoce, de cuya mayor parte eran culpables en un momento dado”, añade Finnegan.

En muchos de los sectores que experimentan dificultades económicas, “en realidad es el Gobierno de Colombia el que actúa en contra de los trabajadores que se movilizan con motivo de un conflicto laboral enviando a la policía antidisturbios y agrediéndolos despiadadamente”.

La Confederación Sindical Internacional ha documentado un gran número de casos de agresión contra el activismo sindical. Uno de ellos es cuando 125 trabajadoras, afiliadas al sindicato de la industria alimenticia USTRIAL, llevaron a cabo una sentada pacífica de protesta en una planta de procesamiento de atún después de un cierre repentino y un despido masivo: “Tres días más tarde, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, a solicitud de la dirección de la empresa, desalojó a las trabajadoras violentamente, empleado gases lacrimógenos”.

El pasado mes de marzo, los agentes de seguridad maltrataron brutalmente a los trabajadores que protestaban en una plantación azucarera dejando como saldo “cinco trabajadores… heridos de gravedad, incluyendo uno que ha perdido la función cerebral y su capacidad motora después de que un agente policial le disparara una bomba de gas lacrimógeno directamente a la cabeza”.

 

Grave violencia en Colombia

Colombia está inmersa en numerosas formas de extrema violencia, de la guerra contra el narcotráfico a la guerra civil que afecta al país desde hace mucho tiempo (hasta la fecha). Sin embargo, la supresión sistemática del sindicalismo aunada a la inseguridad económica intensifica la desestabilización social, así como una erosión generalizada de la sociedad civil, conflictos internos y desplazamientos en masa en las zonas rurales.

Con un nuevo Gobierno que consolida el poder en comunidades históricamente al margen del Estado, Finnegan señala: “Para muchas personas, la primera presencia que ven del Estado colombiano es la policía antidisturbios... Cuando existe un conflicto laboral, en lugar de entablar una negociación con el Ministerio de Trabajo, envían a la policía antidisturbios, la cual lleva machetes y porras con los que golpea y hiere a las personas, y ya ha matado a algunas”. En la medida en que Colombia está recuperándose de décadas de guerra, “esta situación es totalmente inaceptable en medio de un proceso de paz”, añade.

Luciano Sanín, analista de la Escuela Nacional Sindical (ENS) de Colombia, expone en uno de sus análisis: “Abordar democráticamente los conflictos laborales es quizá la tarea más importante a hacer desde el mundo del trabajo como aporte en la consolidación de la paz en el país. Porque sin duda existe una estrecha relación entre construcción de paz y trabajo decente para todos”.

A pesar del desentendimiento de las quejas de los defensores de los derechos de los trabajadores, se han introducido reformas progresivas en el marco de los tratados comerciales. Por ejemplo, la presión bilateral del movimiento sindical ha llevado a los ministros de Honduras a desarrollar un Plan de monitoreo y acción de derechos laborales conjuntamente con los defensores locales de los derechos del trabajo para reforzar la normativa en materia de los derechos de sindicalización.

No obstante, el problema no es la falta de planes, sino de acción concreta. El proceso de negociación en su conjunto, añade Finnegan, es “todavía increíblemente lento y torpe y... seguimos negociando con un país algo que se supone que ya debía darse por adquirido desde antes”.

Y mientras los planes languidecen sobre el papel, los ministros de Comercio redactan otro tratado comercial, un tratado que ahora abarca aproximadamente el 40 por ciento de la economía mundial. Al tiempo que los estadounidenses reflexionan sobre la elección de un nuevo líder, los trabajadores y trabajadoras de toda América Latina y allende saben exactamente lo que les depara la próxima administración: una deriva aún mayor hacia el fondo.

 

Este artículo, originalmente en inglés, fue publicado por primera vez en The Nation. Copyright © 2016 The Nation.
Aquí se publica de nuevo con la autorización de Agence Global.

Este artículo ha sido traducido del inglés.