Al menos cuatro trabajadores camboyanos perdieron la vida el pasado viernes en Phnom Penh, y más de 39 resultaron heridos, cuando la policía abrió fuego contra una multitud de manifestantes que reclamaban subidas salariales.

Además al menos 23 personas han sido detenidas y permanecen en paradero desconocido.

Las organizaciones de derechos humanos describen este incidente como la peor violencia que el Estado ha ejercido contra civiles en más de una década.

Según testigos sobre el terreno, las fuerzas armadas utilizaron fusiles AK-47 para disolver la manifestación.

En una entrevista realizada por la agencia de noticias francesa AFP, un portavoz de la policía militar, Kheng Tito, ha justificado la ofensiva diciendo que nueve policías resultaron heridos por manifestantes violentos.

Además añadió que si las huelgas continúan la situación pasará a ser una “anarquía”.

El jueves, víspera de la masacre, la policía había arrestado a varios altos cargos sindicales, entre los que se encuentra Vorn Pao, Presidente de la asociación de la economía informal Independent Democracy of Informal Economy Association (IDEA) y Theng Savoeum, coordinador de la coalición de comunidades campesinas Coalition of Cambodian Farmer Communities (CCFC).

Ambas organizaciones son miembros de la confederación sindical Cambodian Labour Confederation (CLC) y de la coalición de trabajadores de la confección Cambodian Coalition of Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU).

Estos incidentes han desencadenado las protestas de sindicatos internacionales.

En una carta dirigida al Primer Ministro Hun Sen, la Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Sharan Burrow, declara: “Le escribo horrorizada al constatar la continua violencia perpetrada por miembros de la policía y las fuerzas armadas contra los trabajadores de la confección que se han declarado en huelga.

“El hecho de que la policía mate, agreda y arreste a trabajadores, vulnerando flagrantemente el derecho fundamental a la libertad sindical, es extremadamente alarmante y tiene que condenarse.”

Jyrki Raina, Secretario General de IndustriALL, se ha hecho eco de esta declaración afirmando que “el derecho a hacer huelga para exigir una subida del salario mínimo está firmemente protegido por el derecho internacional a la libertad sindical, consagrado en el Convenio 87 de la OIT – ratificado por Camboya en 1999.

Las amenazas, los arrestos y el asesinato de sindicalistas por ejercer dicho derecho constituyen una violación extremadamente grave que debe condenarse. Los fabricantes de artículos de confección tienen que dejar de incitar al recurso de la violencia.”

Una revuelta masiva contra Hun Sen

Esta violenta ofensiva se produce en medio de una creciente disidencia contra el hombre fuerte del país, Hun Sen, que lleva ya casi 30 años en el poder.

Su controvertida elección en julio – que muchos observadores independientes tacharon de amañada – culminó en una serie de concentraciones masivas a finales de diciembre en las que decenas de miles de manifestantes marcharon por las calles de Phnom Penh para exigir su dimisión.

Las negociaciones previstas con el opositor Partido para el Rescate Nacional de Camboya, encabezado por Sam Rainsy, han sido canceladas como resultado del último episodio de violencia, y el Gobierno ha prohibido que se celebren reuniones públicas.

El movimiento sindical camboyano se ha mantenido a la vanguardia de la lucha, la cual cobró nuevo impulso el 24 de diciembre de 2013 cuando los trabajadores de la confección se declararon en huelga para protestar contra una propuesta de salario mínimo para el sector textil que no satisfacía las demandas de un sueldo digno acorde con el nivel de vida.

El movimiento se extendió rápidamente a cerca de 800 fábricas de calzado y vestuario, forzándose el cierre de muchas de ellas después de que la oferta inicial de incrementar el salario mínimo mensual de 80 USD a 95 USD (y posteriormente a 100 USD) fuera rechazada por dos sindicatos que, por su parte, están presionando para conseguir que ascienda a 160 USD mensuales, es decir el doble del salario mínimo actual.

Pero la patronal se niega a aceptar este nivel salarial, alegando que de este modo la industria dejaría de ser competitiva.

La Garment Manufacturers’ Association of Cambodia (GMAC) ha llegado incluso a amenazar con trasladar la producción a menos que se logre sofocar los disturbios, y ha elogiado al Gobierno por utilizar fuerza letal contra los manifestantes.

La industria de la confección de Camboya emplea a más de medio millón de trabajadores y trabajadoras.

Constituye una fuente de ingresos clave para el país, siendo proveedora de marcas como Gap, Nike y H&M y generando unos ingresos de exportación de aproximadamente 5.000 millones USD en uno de los países más pobres de Asia.