El presidente Obama incumple su promesa a los migrantes indocumentados

El presidente de EE.UU. Barack Obama anunció recientemente que no va a tomar ninguna medida para suspender la deportación de inmigrantes indocumentados hasta después de las elecciones de noviembre.

El 6 de septiembre de 2014, un funcionario de la Casa Blanca comentó al New York Times: “A causa de la extrema politización por parte de los republicanos de este tema, el Presidente considera que sería perjudicial para la política propiamente dicha y para las perspectivas a largo plazo de la reforma integral de la inmigración anunciar medidas administrativas antes de las elecciones”.

El Presidente se ha visto sometido a la presión de las comunidades latina y asiática, así como de los sindicatos para detener la ola de deportaciones que han totalizado más de dos millones de personas durante su administración, es decir, alrededor de 400.000 personas por año.

El Presidente ha prometido reiteradamente conceder una situación jurídica provisional a una parte de los 11 millones de personas que viven indocumentadas en EE.UU.

La última fue la promesa de esta primavera según la cual iba a actuar por su cuenta si el Congreso no aprobaba la reforma migratoria a finales del verano.

La presión de los demócratas conservadores que hacen campaña contra los republicanos de derechas lo convenció de abandonar esa promesa.

Mary Kay Henry, presidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), comentó al Times que “la decisión de la Casa Blanca de retrasar las medidas ejecutivas obliga a innumerables familias a seguir esperando con el miedo de siempre”.

El presidente Obama se ha mantenido en la retaguardia de una ofensiva conservadora en materia de inmigración desde el mes de junio, cuando el sitio web de derechas Breitbart.com lanzó una campaña de histeria colectiva acerca de la llegada de menores no acompañados procedentes de América Central en la frontera entre Estados Unidos y México.

Breitbart. com publicó fotografías filtradas de la Patrulla Fronteriza y de guardias en centros de detención, que muestra a niños inmigrantes hacinados como animales.

El Tea Party aprovechó la histeria azuzada por las fotografías para acabar con toda posibilidad de una reforma migratoria con fines de legalización, atacar la medida ejecutiva de 2009 del presidente Obama de aplazar la deportación de algunos menores indocumentados (y toda posibilidad de que pudiera ampliarla) y exigió más recursos para la Patrulla Fronteriza y la ampliación de centros de detención.

Este discurso, repetido por los principales medios de comunicación, fue aprovechado por los gobernadores conservadores Rick Perry de Texas, y Jan Brewer de Arizona, para afirmar que los niños debían ser mantenidos en detención y no ser liberados para reunirse con sus familiares, tal como lo exige una ley aprobada en 2008.

El congresista republicano Louie Gohmert afirmó que los menores “ponían en peligro las vidas de los agentes de la Patrulla Fronteriza”.

En lugar de rechazar este discurso, la Casa Blanca anunció su intención de derogar la ley de 2008 y de deportar con mayor rapidez a los menores recogidos en la frontera.

En una hoja informativa de la Casa Blanca puede leerse: “Las medidas adicionales para reforzar la aplicación y procedimientos de expulsión [y] el aumento de los recursos gubernamentales para aplicarlas... permitirán a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deportar a sus países de origen a los migrantes indocumentados centroamericanos con mayor rapidez”.

En agosto, el presidente Obama pidió al Congreso 3,7 mil millones de dólares para dedicarlos,, casi en su totalidad, a la aplicación de estas medidas.

Los EE.UU. actualmente gastan más dinero en hacer aplicar la ley de inmigración que en todos los demás programas de ejecución de la ley federal en su conjunto, y despliega más de 20.000 agentes en la frontera, más que en cualquier otro momento de su historia

 

Una ojeada a la historia

La cobertura de los medios de comunicación se ha centrado en la violencia de las bandas en América Central como causa de la migración, como si se tratara de una violencia espontánea y sin relación con la historia de los conflictos regionales promovidos por Estados Unidos y la política de deportaciones masivas.

De hecho, la política exterior y de inmigración de EE.UU. es responsable en gran parte de la presión que causa este flujo de personas procedente de América Central.

La marea de migración centroamericana comenzó durante las guerras promovidas por el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan en la década de los años 1980, en la que regímenes armados y ejércitos contrarrevolucionarios se oponían al cambio social progresista.

A finales a finales de la década de los años 1970 y de 1980 llegaron a EE.UU. dos millones de inmigrantes solamente de El Salvador, junto con decenas de miles de guatemaltecos y nicaragüenses. Huyeron familias enteras, dejando atrás a sus seres queridos con la esperanza de que algún día volverían a reunirse.

Posteriormente, los Tratados de Libre Comercio de América del Norte y de Centroamérica y las políticas de ajuste estructural exigiendo la privatización a gran escala en estos países, el desplazamiento forzado de las comunidades locales a causa de proyectos mineros extranjeros y los recortes en el presupuesto social, son otras de las causas.

Las grandes corporaciones estadounidenses y su dumping aplicado al maíz y a otros productos agrícolas en México y Centroamérica, obligaron a las familias rurales a abandonar sus tierras debido a que no podían competir con estas corporaciones.

Los jóvenes de América Central que llegaron a Los Ángeles y a las grandes ciudades estadounidenses fueron reclutados en bandas.

Las autoridades estadounidenses de inmigración y las encargadas de la aplicación de la ley se dedicaron entonces a aplicar un enorme programa de deportaciones dirigido contra los jóvenes centroamericanos. En América Central, esta política produjo un incremento de la violencia de las bandas.

El Salvador, que hoy cuenta con un gobierno de izquierdas, se ha comprometido a fomentar una política de creación de empleo y desarrollo económico para brindar una alternativa a la migración.

Sin embargo, en Guatemala y Honduras, los EE.UU. siguen apoyando a los mismos gobiernos de derechas que utilizan solamente un estricto enfoque de ejecución de la ley, apoyado por la financiación y la asistencia técnica de Estados Unidos.

El senador demócrata de Nueva Jersey Bob Menéndez ha pedido aumentar la financiación para el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos y la Iniciativa de Seguridad de Centroamérica del Departamento de Estado, que da millones de dólares al ejército y a la policía de los regímenes de derechas.

La petición del presidente Obama de 3.7 mil millones de dólares incluye esta financiación.

El presidente Obama, justificó además el aplazamiento de esta medida de ejecución sobre las deportaciones porque “sería perjudicial para la política propiamente dicha y para las perspectivas a largo plazo de la reforma integral de inmigración”.

Sin embargo, muchas organizaciones sindicales y agrupaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes se han opuesto al proyecto de ley de reforma migratoria integral respaldado por la administración y los demócratas, ya que habría aumentado las deportaciones, el despido de los trabajadores que carecen de estatus migratorio y los nuevos programas de trabajadores temporales o “trabajadores invitados”.

Los republicanos han bloqueado este proyecto de ley a lo largo de los últimos dos años, y no van a permitir que se apruebe a partir de noviembre.

El aplazamiento de la medida ejecutiva para poner alto a las deportaciones no harán que este proyecto de ley sea más aceptable, ni aumentará sus posibilidades. Las agrupaciones de base, por su parte, acusan a los lobistas y a los políticos cercanos al Gobierno de socavar la presión para interrumpir las deportaciones, aceptándolas como precio de la reforma.

Al tiempo que incumplía sus promesas, el Gobierno ha comenzado a aplicar una política de deportación rápida para los jóvenes centroamericanos, pese a su dudosa legalidad.

“Nos ha dado una puñalada por la espalda”, afirmó Verónica Noriega, que actualmente se encuentra en huelga de hambre para exigir la liberación de su marido detenido.

“Los republicanos nos dijeron abiertamente ‘no’, pero el Presidente nos engañó”.

Maru Mora Villalpando, abogada de Latino Advocacy, añadió: “Sabemos cuáles son nuestras perspectivas a largo plazo mejor que nadie - el Presidente nos ha hecho expertos en nuestro propio sufrimiento al hacernos creer que aplicaría una política diferente después de las devastadoras políticas que han asolado a nuestras familias y comunidades. Sabemos lo que va a pasar. El Presidente no nos ha escuchado, y ahora se lava las manos”.

Este artículo ha sido traducido del inglés.