En virtud de una propuesta que presentó un organismo de revisión de las finanzas públicas dominado por el sector empresarial, , a lo largo de la próxima década el salario mínimo nacional, que actualmente asciende a 16,37 AUD (15,18 USD) por hora, se reduciría en casi un 30%.

Esto aumentaría rápidamente las desigualdades entre los trabajadores/as menos remunerados y el resto de la población activa, pues el salario mínimo nacional disminuiría del 56% al 44% de los ingresos medios semanales.

Debido a esta propuesta de reorganización, la competencia para fijar los salarios anualmente se le arrebatará a la cuasi judicial Fair Work Commission (Comisión de Trabajo Justo) y se transferirá a los gobiernos estatales y territoriales para que fijen el salario mínimo de su jurisdicción por encima o debajo del parámetro del 44%.

Los sindicatos afirman que, de aprobarse, dicha propuesta se consideraría un ataque a los cimientos del sistema salarial australiano, que lleva en pie desde hace 100 años.

“Este es el plan de las grandes empresas para reducir los salarios en toda la comunidad, lo cual significa un ataque al estilo de vida australiano”, aseguró Ged Kearney, presidente de la central sindical Australian Council of Trade Unions (ACTU), después de que la propuesta se hiciera pública el Primero de Mayo.

“La estrategia de las grandes empresas es clara: si destruyes la red de seguridad salarial, puedes reducir los salarios de todos”.

“Esto es algo más que un ataque contra los menos remunerados. Es un ataque contra todos nosotros”.

Ante la posibilidad de una reacción violenta, el gobierno ha descartado inmediatamente la adopción de la recomendación, remitiéndola a otra revisión del sistema australiano de relaciones laborales para finales de este año.

Australia fue uno de los primeros países del mundo en imponer un salario mínimo nacional.

Desde entonces, el alto nivel de vida en el país, con el salario mínimo como referencia, ha sido una fuente de orgullo nacional.

Aunque durante los últimos 25 años la fijación de los salarios se ha basado cada vez más en las empresas, 1,54 millones de trabajadores/as australianos (es decir, alrededor del 16% de la población activa) siguen dependiendo de los salarios mínimos legales; la mayoría son mujeres.

Lisa Erskine, que percibe el sueldo mínimo y trabaja en la cadena de producción de una hilandería de lana en el estado de Victoria, afirma que cuesta mucho salir adelante cuando los costes de la vida (como el combustible, la electricidad y las facturas telefónicas) no paran de subir.

“Muy a menudo, la gente tiene que prescindir de estos servicios”, asegura. “Australia sigue siendo un buen lugar para vivir, pero creo que en el futuro la situación se va a poner más difícil”.

“La recomendación ilegítima de la Comisión de congelar el salario mínimo sería un modo asegurado de aumentar la pobreza y aceleraría la creciente desigualdad entre pobres y ricos”, denuncia Adam Bandt, el número dos del partido Australian Greens (los Verdes Australianos).

“Es una receta segura para precipitarse hacia los ingresos más bajos”.

Reducir el gasto público

La propuesta es una de las 86 recomendaciones incluidas en un informe que presentó al Gobierno la Comisión Nacional de Auditoría, una organización formada únicamente por directivos empresariales e individuos asociados al Partido Liberal de Abbott con el objetivo de revisar todos los aspectos del gasto público.

Esto forma parte de una estrategia fiscal para restablecer un superávit presupuestario del 1% del PIB para 2023.

Aunque la deuda pública australiana solo asciende al 12,7% del PIB, el entonces líder de la oposición Tony Abbott fue elegido primer ministro el pasado septiembre en parte por lograr convencer al electorado de que el entonces gobierno laborista había creado una “emergencia presupuestaria” debido a su derrochador gasto en programas sociales, como el programa nacional de seguros por discapacidad y las reformas para la financiación de las escuelas.

Su informe de 428 páginas recomienda recortes en varios programas sociales, una mayor externalización de los servicios públicos y la privatización de empresas estatales (incluido el servicio australiano de correos) para generar unos ahorros anuales recurrentes de entre 60 y 70 mil millones AUD (55-65 mil millones USD) para el año 2023-2024.

Entre las propuestas más polémicas se incluyeron la abolición de la sanidad universal y gratuita con una nueva tasa de 15 AUD (13,9 USD) por cada consulta médica, elevar la edad de la jubilación a los 70 años, así como la imposición de severas restricciones para acceder a las pensiones y de importantes recortes en las prestaciones para ancianos, discapacitados, enfermos, familias y desempleados.

Aparte de la Comisión de Auditoría, los grupos de empleadores y empresas han estado liderando una campaña para reducir el salario mínimo y en algunos casos incluso para suprimirlo.

Cuando el gobierno de Abbott ganó las elecciones en septiembre, poniendo fin a casi seis años del partido laborista en el poder, encontró bastantes apoyos.

Desde principios de este año, varias personalidades destacadas, que abarcan desde el primer ministro hasta cargos inferiores, han multiplicado sus discursos sobre el “crecimiento insostenible de los salarios” (a pesar de que el año pasado el crecimiento de los salarios no pudo seguir el ritmo de la inflación) y sobre las condiciones laborales “excesivamente generosas”.

Actualmente hay un proyecto de ley en el parlamento para ampliar el uso de los contratos laborales individuales, lo cual otorgaría a los empleadores más poder para fijar salarios y condiciones al margen del sistema de negociación colectiva.

Asimismo, el gobierno ha creado una Comisión Real sobre la gobernanza de los sindicatos con claros motivos políticos y en un intento obvio por debilitar al movimiento sindical.

El gobierno de Abbott todavía no ha respondido específicamente a las recomendaciones de la Comisión de Auditoría, pero incluso si las rechazara, los sindicatos creen que se trata del inicio de un ataque contra los salarios y las condiciones laborales desde múltiples frentes.