“El sistema penitenciario de Inglaterra y Gales ha colapsado”, explica a Equal Times Steve Gillan, secretario general del sindicato de funcionarios de prisiones, correccionales y psiquiátricos, Prison Officers’ Association (POA).

“Nuestros miembros corren graves riesgos para su salud y seguridad. Hay una media de unas 16 agresiones diarias a funcionarios de prisiones, un repunte del 38% respecto al año pasado. La violencia entre internos se ha recrudecido, así como el número de suicidios. Las drogas, la utilización de los teléfonos celulares y otras actividades ilegales están fuera de control”.

La falta de personal y los recortes presupuestarios crónicos son la raíz de la crisis del sistema carcelario, afirma Gillan.

“El presupuesto penitenciario se ha reducido en 900 millones de GBP (aproximadamente 1134 millones de USD) desde 2010. En 1990 había 40.000 internos en Inglaterra y Gales y 23.000 funcionarios de prisiones. Hoy hay 86.000 prisioneros y 13.000 funcionarios. ¿Las cifras no cuadran, verdad?”.

El 15 de noviembre pasado, unos 8.000 funcionarios de prisiones secundaron una protesta contra la ruptura de las negociaciones entre el POA, el sindicato representante, y su empleador, el Ministerio de Justicia, responsable de gestionar las 123 cárceles que hay en Inglaterra y Gales. La gestión de las cárceles de Escocia e Irlanda del Norte es competencia de sus respectivos gobiernos autonómicos.

La Ley de Procedimiento Penal y Orden Público de 1994 declaró ilegales las huelgas convocadas por trabajadores de sectores públicos esenciales, como los funcionarios de prisiones, los policías o las enfermeras.

A pesar de que el POA recalcó que se trataba de una “jornada de protesta” y no de una “huelga”, los funcionarios de prisiones se vieron obligados a volver a sus puestos, en cumplimento de las medidas cautelares dictadas a petición del Ministerio de Justicia, que calificó la protesta de “huelga ilegal”.

“Las medidas cautelares prohíben al POA, y a cualquiera de sus responsables, inducir, autorizar o apoyar cualquier forma de huelga de los funcionarios de prisiones que interrumpa el normal funcionamiento de los servicios penitenciarios en Inglaterra y Gales”, apostilló el Ministerio de Justicia en una declaración.

Independientemente de la dialéctica sobre el conflicto abierto, la movilización del POA ha obligado al gobierno a volver a la mesa de negociaciones.

“Entre otras cuestiones, estamos negociando con el Ministerio de Justicia los niveles de personal. Esperamos que pronto plantee una nueva oferta que podamos presentar a nuestra ejecutiva y a nuestros miembros”, afirma Gillan.

Y respecto a próximas movilizaciones, advierte: “en este momento no descartamos nada de nada”.

Drogas y suicidios

Mientras tanto, las prisiones están anegadas por una ola de drogas cannabinoides sintéticas, a veces introducidas mediante drones.

El recrudecimiento de la violencia penitenciaria y las autolesiones se achacan a drogas como el ‘Spice’, ‘Black Mamba’ y ‘K2’, la marihuana sintética —cuyos efectos se consideran más potentes y debilitadores que los de drogas duras tradicionales, como la heroína y la cocaína—.

“El auténtico problema son las drogas, sobre todo las llamadas Spice y Black Mamba”, afirma Gillan. “Si contáramos con niveles adecuados de personal no habría la misma cantidad de droga en las cárceles. Pero no hay suficientes funcionarios de prisiones”.

El 28 de noviembre, el sistema penitenciario de Inglaterra y Gales recibió un nuevo golpe demoledor.

El informe de la reputada Howard League, una alianza en pro de la reforma penitenciaria, revela que, en lo que va de año, se han suicidado 102 personas en las cárceles de Inglaterra y Gales, una cifra sin precedentes.

“El aumento del número de suicidios en las cárceles coincide con los recortes de personal y de presupuesto y con un incremento del número de internos, que da como resultado el hacinamiento en las cárceles. Se constata un recrudecimiento de la violencia y un deterioro de la seguridad”, afirma el informe titulado Preventing Prison Suicide (Evitar los suicidios en las cárceles).

“La tasa de muertes por suicidio en las cárceles se eleva a 120 por cada 100.000 personas, una cantidad diez veces superior a la de la población general.

“Para hacer más seguras las prisiones, la inversión en personal debe ir de la mano de una reducción de la población carcelaria”, indica el informe.

Frances Crook, principal responsable de la Howard League afirma: “El número de muertes por suicidio en las cárceles ha alcanzado proporciones de epidemia. Nadie debería sentirse tan desesperado como para quitarse la vida mientras se encuentra al amparo del Estado. Lamentablemente, cada tres días una familia recibe la noticia del fallecimiento de uno de sus seres queridos tras los barrotes”.

Deborah Coles, Directora de la organización benéfica Inquest, que ofrece asesoramiento gratuito a quienes han perdido a un ser querido mientras estaba detenido o encarcelado, dice a Equal Times: “Esta desoladora tasa de suicidios refleja la desesperada realidad de nuestro hacinado, deshumanizado y violento sistema de prisiones y su incapacidad de proteger a quienes están bajo su custodia.

“La única manera de frenar esta ola moralmente injustificable de muertes y violencia en las cárceles consiste en proteger la salud y seguridad de los internos y del personal que trabaja en las prisiones británicas; en reducir la población carcelaria, invertir en alternativas y transformar la cultura que impera en las cárceles, para convertirlas en lugares de último recurso y como medio de una auténtica reinserción”.

Un portavoz del Ministerio de Justicia respondió a las preguntas de Equal Times sobre el informe acerca de los suicidios: “Nos tomamos extremadamente en serio la salud mental de los internos y contamos con un abanico de medidas para apoyar a los presos.

No obstante, reconocemos que se puede hacer más. Por esta razón hemos invertido en formar a los funcionarios de prisiones en materia de salud mental, hemos asignado más presupuesto a la seguridad de las cárceles y hemos lanzado un proyecto de reducción de los suicidios y autolesiones, para enfrentar el repunte de muertes y lesiones autoinfligidas en nuestras cárceles”.

“Un cóctel explosivo”

Con algo más de 95.000 internos (el 95% de ellos hombres) Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte registran la mayor población penitenciaria de Europa occidental —casi 20.000 presos más que Francia y 30.000 más que Alemania, según el Consejo de Europa, la principal organización de derechos humanos del continente, con sede en Estrasburgo—.

Esta predilección por el encarcelamiento se demuestra en el número de presos por cada 100.000 habitantes, que en Gran Bretaña asciende a casi 150, frente a los 118 de Francia y los apenas 81 de Alemania.

“Si se recorta el personal y el presupuesto de las prisiones, al tiempo que se permite un crecimiento desenfrenado del número de personas encarceladas se obtiene un cóctel explosivo de violencia, muerte y miseria humana”, afirma Crook.

Frente a la avalancha de críticas, el 3 de noviembre pasado, el Ministro de Justicia publicó un nuevo Libro Blanco que describe un ambicioso plan de seguridad y reforma del sistema penitenciario.

El Libro Blanco promete “reformar por completo el sistema carcelario” y admite que “nuestro sistema de prisiones necesita una reforma. Es incapaz de rehabilitar o impedir la reincidencia de los delincuentes. En la actualidad, casi la mitad de los presos adultos reinciden en el año siguiente a su puesta en libertad. Adoptaremos de inmediato medidas para eliminar las amenazas a la seguridad y cambiar la cultura de nuestras prisiones”.

El programa del gobierno promete gastar 1.300 millones de GBP (aproximadamente 1.640 millones de USD) en cerrar las anticuadas prisiones interurbanas y sustituirlas, de aquí a 2020, por 11 nuevos complejos penitenciarios con cabida para 10.000 presos más.

Los directores de prisiones tendrán más poder sobre sus respectivos presupuestos, que podrán dedicar a educación, trabajo y salud. Se impondrán restricciones a los vuelos de drones en torno a las cárceles y serán obligatorios los controles de drogas a la entrada y la salida de las instituciones penitenciarias.

Y, lo más importante desde la perspectiva del POA, promete dedicar 104 millones de GBP adicionales (131 millones de USD) para contratar a 2.500 funcionarios de prisiones más.

“Será la reforma de nuestras cárceles más ambiciosa en la última generación y un elemento clave del programa de reformas sociales del gobierno, que creará una sociedad válida para todo el mundo” afirmó la ministra de Justicia, Elizabeth Truss.

Un sueño de redención digno del mismísimo Dostoyevsky.