Esta cifra es tres veces superior a lo que inicialmente se había calculado y está basada en una nueva metodología que tiene en cuenta un estudio de la OIT publicado en 2012, donde se reveló que existen 21 millones de personas en el mundo sometidas al trabajo forzoso, la trata de seres humanos y la esclavitud moderna.

Más de la mitad de ellas (el 56%) se encuentran en la región de Asia y el Pacífico.

En Ganancias y pobreza: Aspectos económicos del trabajo forzoso, la OIT asegura que dos tercios de los 150.000 millones USD (es decir, 99.000 millones USD) tienen su origen en la explotación sexual, de la que las mujeres y niñas constituyen la mayor parte de las víctimas.

La segunda mayor actividad lucrativa del trabajo forzoso abarca a sectores como el de la construcción, la industria manufacturera y la minería e ingresa 31.000 millones USD al año.

En la agricultura (incluidas la pesca y la silvicultura), los beneficios ascienden a 9.000l millones USD, mientras que cada año se ganan ilegalmente 8.000 millones USD aprovechándose de lo que deberían percibir realmente los trabajadores/as del hogar.

“Por desgracia, esto pone de manifiesto que el trabajo forzoso no es solo un gran negocio, sino también que está cambiando, está transformándose”, explicó a Equal Times Guy Ryder, Director General de la OIT.

Aplicación del convenio 29

A finales de este mes, en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), que se celebra todos los años en Ginebra, participarán empleadores, sindicatos de trabajadores/as y representantes gubernamentales de todos los Estados miembro de la OIT.

Es muy probable que el nuevo informe de la OIT sirva como referencia para concluir las prolongadas negociaciones con el objetivo de actualizar con nuevas normas el convenio 29 de la OIT de 1930 sobre el trabajo forzoso, definido como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

Hoy en día, 177 de los 185 Estados miembro de la OIT lo han firmado (a excepción de EE.UU. y China), por lo que constituye uno de los convenios laborales más ratificados y fundamentales.

Sin embargo, más de 80 años después de su adopción, los expertos opinan que el convenio 29 debe reforzarse.

Para ello, señalan el hecho de que actualmente el 90% del trabajo forzoso se lleva a cabo en la economía privada, mientras que en la primera mitad del siglo XX era principalmente patrocinado por el Estado.

Al contrario de lo que ocurría en la era colonial, según asegura el informe de la OIT, los principales motores del trabajo forzoso actual son la pobreza, la exclusión social, la falta de educación, el género y la migración.

“Existen lo que llamamos lagunas de aplicación”, explica Ryder. “Tenemos que hacer más para abordar el nuevo fenómeno de la trata de seres humanos, el transporte forzoso transfronterizo de trabajadores y trabajadoras con el objetivo de someterles al trabajo forzoso. Tenemos que hacer más en los ámbitos de la prevención, la compensación y la protección de las víctimas”.

Aunque todos/as los delegados en Ginebra parecen estar de acuerdo en la necesidad de luchar contra el trabajo forzoso, la naturaleza jurídica de los nuevos instrumentos será tema de intensos debates.

En este momento, no está claro si las nuevas normas se consagrarán en un protocolo jurídicamente vinculante, en un conjunto de recomendaciones o en una combinación de ambos.

Yves Veyrier, portavoz de los trabajadores y trabajadoras en las negociaciones de la CIT sobre el trabajo forzoso, opina que “las dificultades empiezan cuando los Estados tienen miedo de aplicar medidas que pueden resultar costosas. Los gobiernos aceptan en su inmensa mayoría que el trabajo forzoso está mal, pero les preocupa la posibilidad de una mayor regulación”.

El líder sindical francés de Force ouvrière asegura que un simple conjunto de recomendaciones sin un protocolo sería “un fracaso para la comunidad internacional”.

Sostiene que a los empleadores también les interesa votar a favor de un fuerte control de las empresas por parte del Estado, para evitar verse expuestos jurídicamente en caso de que se descubra que uno de sus subcontratistas o socios comerciales utiliza el trabajo forzoso.

Para Jeroen Beirnaert, un especialista del ámbito del trabajo forzoso que colabora con la Confederación Sindical Internacional (CSI), los gobiernos de la Unión Europea serán determinantes para lograr un protocolo en la CIT, pues suelen votar en bloque, aunque siguen divididos en lo que respecta a la necesidad de un nuevo instrumento vinculante.

Sin embargo, incluso si finalmente se adopta un protocolo, “no servirá de nada si no lo respaldan todos los gobiernos y si no existe una mayor cooperación internacional entre los Estados para luchar contra el trabajo forzoso”, advierte Beirnaert.

“Al final, siempre son los gobiernos los que tendrán que obligar a las empresas a rendir cuentas”.