Esta medida hace de Bolivia el país donde la edad legal para trabajar es la más baja del mundo.

Esta decisión va en contra del Convenio núm. 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que Bolivia es signataria, y que prohíbe el empleo de menores de 14 años en los países en desarrollo. Esta norma internacional se trasladó a la Constitución boliviana en 2009 bajo el mandato del mismo presidente.

Antes de la aprobación de la ley, la Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Sharan Burrow, advirtió en la página web de Equal Times que “el camino que Bolivia está considerando tomar supone un ataque a la mismísima esencia de una economía y un mercado laboral regulados por la ley”.

“Cuando el Estado dice que no hay problema con que los niños y las niñas trabajen, los que van a sufrir las consecuencias a lo largo de sus vidas son los propios niños – no sólo por la carga que supone el trabajo físico a tan temprana edad, sino también por el precio que les supondrá en el futuro el hecho de haber perdido la oportunidad de recibir una buena educación.”

Esta decisión de las autoridades políticas bolivianas la explica el propio Evo Morales, a su vez antiguo minero: “No debería eliminarse el trabajo de niñas, niños adolescentes; pero tampoco deberían explotar o insinuar a que trabajen. Algunos trabajan por necesidad. Eliminar el trabajo de niñas y niños es como eliminar que no tengan conciencia social.”

En Cochabamba, Alfredo, de 10 años, trabaja desde que tenía solamente cinco. Vende discos durante nueve horas al día, cinco veces a la semana, para ganar el equivalente a 6 USD diarios. “Claro que yo preferiría poder andar en bicicleta y jugar con mis amigos”, afirma a Equal Times, “pero tengo que pagarme el material para ir a la escuela”.

Lo mismo ocurre con dos de sus amigos que trabajan en los puestos de venta al lado, haciendo jugos de fruta o ayudando en los restaurantes. “Yo compro ropa y útiles para la escuela”, nos comenta Yesica, de 14 años, “y, a veces, le doy lo que gano a mi familia”.

No sorprende, pues, que sea la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia (UNATSBO), integrado por niños y adolescentes de 8 a 18 años, la que haya propuesto esta ley.

En diciembre de 2013, cientos de niños trabajadores respondieron a su llamado a manifestarse en La Paz, ejerciendo presión sobre el Gobierno para que aboliera la prohibición de acceso al empleo de niños menores de 14 años.

Según esta organización, visto que el trabajo infantil es esencial para la supervivencia de las familias, y que los niños que trabajan lo hacen de forma ilegal, sus condiciones de trabajo son extremadamente difíciles y conllevan la explotación y el trabajo clandestino, sin salario mínimo.

La UNATSBO pidió que en lugar de una prohibición total, se les asignara un marco jurídico para garantizar su protección, haciendo una clara distinción entre trabajo y explotación.

Niños bajo coerción económica

Sin embargo, más allá de estos argumentos, la justificación radica en una situación económica que ahoga al país más pobre de América del Sur.

En 2011, se calculó en un 45% el porcentaje de la población boliviana que vive por debajo del umbral de pobreza.

La tasa de niños trabajadores de Bolivia es la más alta de América Latina. De acuerdo con la OIT, suman no menos de 800.000 niños y niñas, incluyendo 491.000 menores de 14 años y 309 mil entre 14 y 17 años. Estos niños a menudo trabajan en condiciones calificadas como peligrosas.

La situación en Potosí parece confirmar esta aserción. Situada a 4000 metros de altitud, la ciudad boliviana obtiene sus principales recursos de sus montañas, de donde extrae plata y zinc.

Las condiciones de trabajo que reinan en estas explotaciones son desastrosas. Los mineros trabajan con picos, barras metálicas y carretillas en galerías sin ningún tipo de refuerzo, a varios cientos de metros de profundidad, iluminados solamente por sus linternas frontales.

Los niños también, y su talla les permite colarse en los recovecos que resultan demasiado estrechos para los adultos. Esta situación viola la nueva ley, que excluye de su ámbito de aplicación condiciones que resulten peligrosas para el desarrollo del niño (como las que existen en las minas).

Sin embargo, con un ingreso medio de 90 USD al mes por 60 horas de trabajo a la semana, la mano de obra de todos los miembros de la familia es esencial para sobrevivir, afirman los mineros.

Severino, que parece contar 10 años de edad, es uno de esos niños. Por miedo a los controles de la administración, su padre afirma que tiene 14. “Trabaja solamente si quiere, ¿sabe?”, comenta su padre. ¿Y el niño quiere? “Pues claro que quiere”.

“Los niños van a la escuela hasta que aprenden apenas a leer y escribir”, indica Juan Carlos Gonzáles, antiguo minero y ahora guía en Potosí.

“Luego se van a la mina a trabajar a tiempo completo, a menudo a partir de los 10 años, a veces antes, al mismo ritmo que su padre, para aprender el oficio. A los 15 años, son considerados mineros hechos y derechos.” Y añade: “Para estas familias, lo normal es que la tradición continúe y que el hijo de un minero se convierta en minero a su vez.”

Sin embargo, según Jo Becker, “El trabajo infantil puede considerarse una solución a corto plazo para las dificultades económicas, pero es en realidad una causa de la pobreza.”

“Las personas que comienzan a trabajar en la niñez llegan a la edad adulta con un menor nivel educativo e ingresos inferiores y tienen mayores probabilidades de enviar a sus propios hijos a trabajar.”

Todo parece indicar que el Gobierno, a unos meses de las elecciones presidenciales de octubre de 2014, tuvo en cuenta la realidad económica boliviana pese al riesgo de sacrificar una parte de su juventud.