Uno de los ejemplos más prominentes es el caso de Katiana Vicens, secretaria general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en Baleares, que ganó una victoria agridulce el pasado 29 de octubre.

Por un lado, puede respirar tranquila ya que ha quedado absuelta del delito por el cual la Fiscalía solicitaba cuatro años y medio de cárcel, pero por otro, ha quedado cuestionada su versión de los hechos, ya que se le ha condenado por un delito de daños y coacciones a pagar una multa de 4.000 euros.

Para la jueza que instruyó el caso ha quedado probado que Vicens coaccionó al conductor y rompió la luna del autobús, que se encontraba en servicios mínimos, durante la huelga general de marzo de 2012.

La líder de CCOO en Baleares reitera su inocencia y se muestra disconforme con la sentencia, que ya ha recurrido. “Yo no golpeé el cristal, ni vi en ningún momento el vidrio romperse, ni insulté, ni amenacé a nadie”, señaló indignada a Equal Times.

Lo significativo del juicio a Katiana Vicens, celebrado el pasado 13 de octubre es que la Fiscalía pidiera la pena máxima, cuatro años y medio de cárcel, por la vulneración del artículo 315.3 del Código Penal, que tipifica un delito contra los derechos de los trabajadores, al coaccionar a alguien para que se sume a la huelga.

En base al mismo artículo, el pasado mes de mayo dos profesoras de gimnasia, Sofía López* y Carmen Pérez*, fueron condenadas a tres años de prisión por participar en un piquete informativo, cuando se arrojó pintura a una piscina. Los hechos ocurrieron durante una huelga de su convenio colectivo en el año 2010. Ahora reclaman el indulto del gobierno.

Ni Katiana, ni Sofía, ni Carmen son las únicas.

Actualmente hay más de 40 procesos penales contra sindicalistas que participaron en huelgas sectoriales o generales protestando contra los recortes y las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno español.

Ante esta realidad los sindicatos mayoritarios CCOO y la Unión General de Trabajadores (UGT) han denunciado ante la Fiscalía y ante los jueces la persecución penal contra los sindicalistas.

“La huelga no es un crimen”

Y es que, según aseguran, hay 300 afectados por procedimientos administrativos y penales y si se suman las peticiones de penas de prisión superan los 120 años de cárcel.

El pasado mes de julio, en una concentración en defensa del derecho a la huelga y a la libertad sindical celebrada en Madrid, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo criticó la intención del Gobierno de hacer retroceder a España 40 años de historia.

“Estamos aquí porque la huelga no es un delito, es un derecho que quieren arrebatarnos por la vía de meter miedo utilizando el Código Penal”, señaló Toxo a los asistentes del acto, entre los que se encontraban Katiana Vincens y otros sindicalistas encausados.

Desde los inicios de la democracia en España, los incidentes que se han producido con los piquetes informativos en las protestas laborales habitualmente se saldaron en los juzgados como delitos o faltas por coacciones.

Hace cuatro años que la Fiscalía comienza a remitirse a este artículo del Código Penal que contempla penas de tres a cuatro años y medio de prisión para los trabajadores.

Los primeros casos se producen en la huelga general de 2010, cuando aún gobernaba Rodríguez Zapatero, pero es el Gobierno del Partido Popular el que aumenta esta tendencia.

“Con Mariano Rajoy parece que se abre una época ‘tacherista’, para implantar un modelo determinado muy neoliberal. Pretenden dejar todos los servicios públicos en manos privadas y lo primero que quieren hacer es acabar con los sindicatos”, afirmó Vicens.

Han sido constantes las muestras de apoyo que ha recibido la secretaria general de CCOO en Baleares, que se han articulado bajo el eslogan “Todos somos Katiana”.

También se han solidarizado con la causa más de 20 organizaciones sindicales de todo el mundo que han instado al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a “poner fin a esta ofensiva contra el derecho de los trabajadores y retirar los cargos contra los sindicalistas afectados”, tal como consta en las numerosas cartas enviadas a la Moncloa.

La situación que están viviendo los sindicalistas españoles no tiene precedentes en la España democrática, pero es similar a la que viven otros trabajadores que defienden sus derechos en otros puntos del planeta.

Actualmente miembros del sindicato Korean Railway Workers’ Union se enfrentan a penas de hasta cinco años de cárcel y al hecho de tener que pagar multas millonarias por obstruir la actividad empresarial durante una huelga.

En Tailandia es un derecho denegado a cualquier trabajador público. En Turquía, 316 miembros del Sindicato Turco de la Aviación Civil fueron despedidos por realizar una acción colectiva de protesta contra el Gobierno.

Por todo ello no es de extrañar que el presidente de la Confederación Sindical Internacional (CSI), João Antonio Felicio señalase que “el derecho de huelga debe defenderse a toda costa” ya que, según denuncia, se ha producido un ataque sin precedentes desde 2012 por parte del Grupo de los Empleadores en la OIT.