La Unión Europea se está planteando redirigir miles de millones de euros de la cooperación al desarrollo para afrontar la crisis migratoria más grave que ha padecido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Dicen los críticos que una decisión así del mayor donante de ayuda al desarrollo del mundo podría suponer un retroceso a largo plazo (al penalizar los proyectos de desarrollo), y desencadenar más migración.
Los cambios propuestos suponen, además, aplicar la política del palo y la zanahoria, ya que condicionan las ayudas a que los países contribuyan a prevenir la migración hacia Europa, y encauza la ayuda al desarrollo hacia iniciativas de seguridad civiles y militares en los llamados “países emisores (de inmigrantes)”.
“La UE continúa externalizado el problema hacia países de Oriente Medio ya de por sí bajo presión, como Turquía”, explica a Equal Times Heidi Hautala, eurodiputada de los Verdes y antigua ministra de Desarrollo Internacional de Finlandia.
La Comisión Europea propuso en junio un nuevo ’Marco de asociación’ para “movilizar y centrar la acción y los recursos de la UE con el fin de gestionar mejor la migración con terceros países”. La propuesta señala que “la identificación de incentivos negativos y positivos debe ser una parte fundamental de este proceso”.
La propuesta aboga por movilizar cerca de “8.000 millones de euros a lo largo del periodo 2016-2020” para establecer asociaciones con terceros países, con el objetivo de que “den resultados concretos a la hora de contener la afluencia de migrantes irregulares”.
Los fondos propuestos procederían de la actual ayuda al desarrollo y se reorientarían durante la revisión intermedia del presupuesto 2014-2020 de la UE, de un billón de euros, prevista el año próximo. Hautala está en desacuerdo con la propuesta: “Necesitamos más fondos para erradicar de raíz las causas de la migración”.
¿Más acuerdos a la turca?
“El acuerdo con Turquía [para controlar la migración] tiene un coste de 6.000 millones de euros”, explica Hautala. “Es una cantidad enorme, pero ¿es esa la forma más responsable de gastar el dinero —externalizar el problema—?”
Quienes defienden el reciente acuerdo con Turquía destacan cuánto ha logrado ralentizar los flujos migratorios desde allí, aunque las ONG critican enérgicamente el acuerdo porque supone una violación del derecho internacional. Filippo Grandi, al frente de ACNUR, cuestionó también el acuerdo y por ese motivo la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados parece haber reducido su trabajo en Grecia.
En una declaración conjunta remitida a los dirigentes de la UE, más de cien organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Oxfam y Save the Children expresan “su preocupación por la dirección que está tomando la UE, haciendo de la disuasión y el retorno el principal objetivo de las relaciones de la Unión con otros países.”
En términos generales, la declaración afirma que “este nuevo Marco de Asociación puede consolidar un cambio hacia una política exterior que responde a un solo objetivo, contener la migración, a expensas de la credibilidad y la influencia de la UE en la defensa de los valores y derechos fundamentales”.
Hautala expresa, además, su alarma por las deliberaciones que se están manteniendo dentro de la UE sobre la posibilidad de “fomentar la capacidad del sector de la seguridad” y permitir que fondos destinados a proyectos de desarrollo se dediquen a fines militares en países en desarrollo.
“Estamos asistiendo a la militarización de la ayuda al desarrollo de la UE”, afirma Hautala. “Hay una contradicción entre la UE y el derecho internacional”.
La eurodiputada finlandesa está de acuerdo en que es imposible el desarrollo sin la seguridad, y viceversa, como puede comprobarse en países, como Afganistán, Irak y Somalia. “Es innegable que los nuevos desafíos requieren invertir más en abordar las causas de raíz”.
Los esfuerzos por mejorar el ejército nacional somalí, por ejemplo, están justificados, explica. “Pero se puede gastar otro dinero. Necesitamos más fondos”, en la revisión intermedia del presupuesto de la UE, llamado oficialmente Marco Financiero Plurianual (MFP).
“Lo que me preocupa es que los gobiernos estén forzando por la puerta trasera un cambio en la política de desarrollo de la Comisión, para que se acepte esta nueva política, incluso si contradice los tratados de la UE”, indica Hautala.
La cooperación Sur-Sur y triangular
El cambio propuesto coincide con la promoción desde instancias políticas de la cooperación conocida como “Sur-Sur” y “triangular”, siendo la primera entre países en desarrollo y, la segunda, entre países del Sur con la asistencia de los países desarrollados. Estos conceptos pretenden alentar a los países en desarrollo a ayudarse mutuamente y ser menos dependientes de la cooperación.
“La UE no es sólo un donante, no es un cajero automático, es un actor político”, explica Equal Times Roberto Ridolfi, director de Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la Comisión Europea. “Queremos ver cómo se consolidan alianzas y asociaciones, que contribuyan a la paz y la estabilidad, al imperio de la ley, la justicia y la buena gobernanza”.
Ridolfi participó en una conferencia celebrada en febrero en Bruselas sobre desarrollo rural, copatrocinada por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), en la que se destacaron diversos proyectos de éxito de cooperación Sur-Sur y triangular.
“Quiero ver los resultados de la cooperación Sur-Sur en términos de financiación”, afirma Ridolfi. “En mi opinión, la cooperación triangular auténtica, primero me tiene que mostrar si funciona y, después, veremos nuestros intereses en corresponder a sus esfuerzos”.
Después de la conferencia, la ACP está centrada en “definir programas concretos”, explica a Equal Times Henrique Banze, secretario general adjunto de la ACP. “Estamos colaborando con la FAO y con el PNUD (el programa de la ONU para el desarrollo), y nuestra prioridad máxima son la juventud y las mujeres”.
El Centro Songhai, uno de los proyectos Sur-Sur basados en el mercado que se presentó en la conferencia de Bruselas, fue presentado por el fundador del centro, el padre Godfrey Nzamujo. “Continuamos colaborando con ellos para ver hasta qué punto puede seguir desarrollándose”, explica Banze.
Ridolfi coincide en que “el primer punto de entrada en la política agrícola consiste dar el protagonismo al agricultor”. Con la ayuda de las Instituciones Europeas de Financiación del Desarrollo (EDFI), los agricultores pueden convertirse en pequeñas y medianas empresas, afirma.
“Una PYME es la forma más directa de que el agricultor pase de la subsistencia a decir ‘quiero ganar dinero suficiente para enviar a mis hijos a la Universidad’”, explica Ridolfi.
En una reciente reunión de responsables de la UE y África en la que participó, en Addis Abeba, Etiopía, “la palabra clave fue inversión, inversión productiva”.
En cuanto al desvío propuesto de la ayuda desde el desarrollo a la migración, Ridolfi lo considera justificado a corto plazo. Pero también afirma que los responsables de las políticas de desarrollo “deberían inspirarse en el Plan Marshall”, los fondos estadounidenses que ayudaron a reconstruir Europa en la posguerra.
“África tendrá 2.200 millones de personas en 2050. Si nos asustan dos millones de migrantes hoy, imagínense…”.
