Hace 40 años que el movimiento “provida” (cuyos seguidores consideran que el acto es irresponsable y constituye un delito) traslada la cuestión al ámbito nacional, multiplicando leyes y enmiendas que dificultan la labor de las clínicas. Debido a la falta de fondos, médicos y condiciones de seguridad adecuadas, es imposible practicar abortos en gran parte del territorio estadounidense, a pesar de la legalidad federal del derecho a abortar.

En este contexto, parece que un nuevo fallo pronunciado a finales de junio por los jueces del Tribunal Supremo da un giro inesperado a la situación para los defensores del derecho al aborto. Como en 1973, se trata de una batalla judicial texana que ha subido todos los escalones de la justicia estadounidense y ha aterrizado en el escritorio de estos magistrados excepcionales (normalmente son nueve, pero el número se ha reducido a ocho recientemente tras el fallecimiento en febrero del magistrado conservador Antonin Scalia y el bloqueo de una nueva nominación).

La decisión de los jueces invalida una ley de 2013 que ha afectado profundamente a los centros de planificación familiar de Texas. La ley exigía que las clínicas contaran con las mismas normas, extremadamente estrictas) de higiene y seguridad que los hospitales de cirugía ambulatoria. Se trata de un método encubierto para asfixiar a las clínicas, y ha alcanzado todos sus objetivos. La mitad de los centros texanos ha tenido que cerrar desde 2013, no solamente en las zonas rurales sino también en las grandes ciudades como Austin.

En estos momentos, los 30 millones de texanos solo pueden elegir entre una decena de centros, que cierran uno tras otro.

La ley también obligaba a los profesionales a estar adscritos a un hospital situado a menos de 40 kilómetros de la clínica. Es un requisito totalmente imposible de cumplir en las regiones rurales, donde los médicos que practican abortos a menudo solamente van una vez a la semana, a veces en helicóptero, a veces en coche, en el más completo anonimato debido al nivel elevado de amenazas.

La historia reciente está marcada por ataques contra las clínicas: desde 1993, 11 personas han sido asesinadas en ataques con explosivos o armas de fuego en centros de planificación familiar de EE.UU. El último tuvo lugar en noviembre del año pasado en Colorado Springs (Colorado), cuando un hombre armado con un fusil de asalto entró en una clínica y mató a tres personas.

Las mujeres, en particular en los condados rurales del oeste de Texas, esperan varias semanas para conseguir una cita y deben conducir varios cientos de kilómetros para acudir a ella.

Es una situación difícil para las adolescentes o las mujeres solas, aisladas o pobres.

Ahora los establecimientos en las zonas rurales quizá podrán volver a abrir sus puertas, pero el proceso será largo. “Hay que volver a alquilar un edificio, volver a configurar un equipo médico y encontrar fondos privados”, detalla Jennifer Ludden, corresponsal para la emisora de radio pública NPR. Es necesario rehacer la totalidad del sistema de salud texano.

La decisión del Tribunal Supremo tiene numerosas repercusiones para Texas, y Estados Unidos en general. En el plano local, la asociación querellante en el caso, Whole Woman’s Health, propietaria de centros de planificación, ya no tendrá que cerrar sus últimas clínicas e incluso podrá volver a abrir las que habían desaparecido.

“Sin embargo, esto ha diezmado nuestra infraestructura”, explica Amy Hagstrom Miller, portavoz principal en esta batalla judicial como presidenta de la asociación querellante, en una entrevista realizada por el sitio Refinery29.

Miller emplea el ejemplo de una madre soltera de tres hijos embarazada de ocho semanas que se ha puesto en contacto con su clínica. “Debemos informarla de que tendrá que conducir 500 kilómetros hasta Dallas para abortar. Nos ha tenido que llamar seis veces durante su embarazo mientras intentaba cuadrar todo para venir, entre su trabajo, el precio de la gasolina y el cuidado de sus hijos. Cuando por fin ha podido hacerse las ecografías, ya era demasiado tarde para abortar según la ley de Texas [puesto que] ya estaba embarazada de 22 semanas [N. de la R.: el límite en Texas es de 20 semanas]. La gran mayoría de mujeres que quieren abortar ya tienen un hijo y saben lo que implica”.

Miller menciona los trayectos, las personas sin seguro de salud o las trabajadoras que no pueden tomarse días libres.

En el plano nacional, la decisión tendrá repercusiones profundas porque una veintena de Estados que cuentan con una ley contra el aborto similar a la texana (Luisiana, Wisconsin, Alabama) deberán adaptarla.

Las leyes contra el aborto de todos estos Estados se parecen como dos gotas de agua porque la mayoría de ellas son preparadas previamente por un mismo grupo de presión de Washington, Americans United for Life (AUL, Estadounidenses Provida Unidos).

“Esta asociación tiene una especie de repertorio lleno de leyes tipo que intenta adaptar a cada Estado. Proponen una ley, observan lo que funciona y lo que no, la perfeccionan y pasan a otro Estado. Se trata realmente de una legislación que se calca y se extiende a todo el país”, precisa Miller.

Que el Tribunal Supremo dé una nueva ventaja al movimiento proelección no quiere decir que el movimiento contra el aborto tire la toalla.

En respuesta al fallo reciente del Tribunal Supremo, Clarke Forsythe, presidente de AUL, ha dicho en un comunicado de prensa que: “por desgracia, les leyes sensatas que protegen a las mujeres en clínicas reales y completas no se aplicarán en los centros de aborto de Texas, pero Americans United for Life continuará luchando –a través de la legislación y en los tribunales– para proteger a las mujeres de una industria peligrosa y codiciosa”.

Tanto en Texas como en otros lugares, sigue existiendo una batería de leyes y enmiendas que dificultan los trámites para abortar. Algunos Estados prohíben el aborto después de la semana 20 de embarazo. Otros, como Ohio, llegan a obligar a los médicos a que hagan escuchar los latidos del corazón del feto a las mujeres que desean abortar.