El 11 de septiembre de 2012 se incendió una fábrica textil en un polígono industrial de Baldia, situado en la zona metropolitana de Karachi, Pakistán. En el siniestro murieron 260 trabajadores. Las víctimas fallecieron quemadas vivas o por asfixia, al quedar atrapadas tras los barrotes que les impedían salir por ventanas y salidas de socorro. Otras 32 personas resultaron heridas de gravedad.
Como muchas otras fábricas textiles de la región, Ali Entreprise, la fábrica que se incendió aquel día, trabajaba para clientes occidentales. El 70% de su producción era para la empresa alemana KiK, el gigante nacional de la ropa barata, con 3.400 establecimientos en toda Europa, un volumen de negocio de 1.800 millones de euros (2.000 millones de USD) y fábricas en China, Bangladesh, India, Turquía, Pakistán, Camboya… y apenas un 4 % de sus productos fabricados en Alemania.
Cuatro años después del letal incendio, el pasado 10 de septiembre, la empresa alemana y los representantes de las víctimas y sus familias llegaron, por fin, a un acuerdo de indemnización que prevé el pago de cinco millones de dólares a través de un fondo de indemnización, que se suma al millón de euros de ayuda inmediata abonados por el grupo en 2012.
Las negociaciones, facilitadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la federación sindical IndustriALL, la oenegé Campaña Ropa Limpia y un representante del gobierno alemán, llevaban años estancadas. Hasta tal punto que, en febrero de 2015, la asociación representante de las víctimas, Baldia Factory Fire Affectees Association, decidió suspenderlas.
Un mes más tarde, cuatro de sus miembros presentaban una demanda contra la empresa ante los tribunales alemanes. “Muchas más víctimas querían sumarse a la demanda, pero en Alemania es imposible presentar demandas colectivas del tipo ‘acciones de clase’”, señala Anabel Bermejo, de la ONG Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), que respalda la denuncia.
“Hemos presentado ante un tribunal alemán la clásica demanda civil por daños y perjuicios”.
Tres de los demandantes son padres de las víctimas. Muhammad Jabbir perdió su hijo de 22 años en la catástrofe. Ganaba unos 120 EUR (134 USD) trabajando allí. Saeeda Khatoon también perdió a su hijo de 18 años en el incendio de la fábrica; ganaba 100 EUR (111 USD) al mes. El hijo de Abdul Aziz Khan Yousuf Zai apenas tenía 17 años. El cuarto demandante, Muhammad Hanif, de 26 años, trabajaba en la fábrica y ganaba entre 155 EUR y 175 EUR (entre 138 USD y 156 USD) al mes. Desde el siniestro padece graves problemas respiratorios.
Cada uno de ellos reclama a KiK 30.000 EUR (26.850 USD) por daños y perjuicios.
¿Tiene alguna posibilidad de prosperar esta demanda presentada por ciudadanos paquistaníes ante un tribunal alemán, por una catástrofe que se produjo en una compañía subcontratada? En todo caso, ha logrado franquear ya la primera etapa: el 30 de agosto pasado, el tribunal alemán de Dortmund se declaró competente para juzgar el caso y concedió protección jurídica a los demandantes. Es la primera vez que esto sucede.
La decisión abre la vía para poder juzgar en su país a las empresas alemanas, como responsables de las condiciones laborales en las empresas que subcontratan, incluso si éstas se encuentra en la otra punta del mundo.
La inmediatez con la que KiK anunció el acuerdo de indemnización a las víctimas tras la decisión del tribunal alemán, deja entrever que éste empujó a la empresa a concluirlo. KiK se defiende: “Hay quienes alegan que a KiK le ha influido la demanda interpuesta. Es falso. Las negociaciones habían comenzado mucho antes que la demanda. El acuerdo podría haberse concluido mucho antes si los representantes de las víctimas no hubieran suspendido las conversaciones para preparar su demanda”, respondió el departamento de prensa del grupo textil alemán a Equal Times.
KiK continúa negando cualquier responsabilidad en el incendio de 2012. Lo repitió en el momento en que se pronunció el tribunal de Dortmund y cuando anunció el acuerdo, el 10 de septiembre. Con la indemnización “KiK asume una responsabilidad hacia las víctimas de forma voluntaria” escribió la empresa en un comunicado.
“El acuerdo supone un avance realmente positivo, explica Berndt Hinzmann, miembro de la red Inkota, una ONG que participa en la Campaña Ropa Limpia, que defiende una regeneración del sector textil y que ha seguido las negociaciones. “Pero es difícil decir que estamos ante una auténtica mejora de la actitud de KiK. Porque, a lo largo de todos estos años, la empresa viene negando categóricamente toda responsabilidad en la catástrofe”.
El grupo textil alemán formaba parte, también, de las empresas occidentales clientes de la fábrica textil del Rana Plaza, el edificio de Bangladesh que se hundió en abril de 2013, provocando la muerte de más de 1.100 personas. El acuerdo por el que se indemnizará a las víctimas de Karachi debe seguir el mismo modelo del alcanzado para las víctimas del Rana Plaza en 2014, facilitado por la OIT.
“El problema de las condiciones laborales en las empresas subcontratadas es estructural en toda la industria textil”, subraya Berndt Hinzmann.
“Afecta a las empresas de ropa barata, como KiK, pero también a las marcas de lujo. Encontramos situaciones con salarios extremadamente bajos, discriminación laboral y represión sindical…”. Catástrofe tras catástrofe, los fallos estructurales de la rama textil han llegado a ser tan flagrantes que, hace dos años, se formó en Alemania una “alianza por un textil sostenible”, que reúne a empresas textiles, ONG, representantes sindicales y del gobierno alemán, para llegar, unidos, a “mejoras sociales, ecológicas y económicas en la cadena de subcontratación”.
Desde su creación, la alianza ha diseñado dos programas de acción encaminados a establecer estándares comunes a todo el sector. Pero, hasta ahora, no se ha definido nada concreto. Además, los futuros estándares no serán jurídicamente vinculantes.
Algo insuficiente para Berndt Hinzmann: “Para lograr un cambio estructural en el sector textil necesitamos la asunción real de responsabilidades por parte de las empresas. Las leyes deben cambiar, pero falta voluntad política para ello, a pesar de que los Principios Rectores de la ONU sobre la economía y los derechos humanos, adoptados en 2011, exigen explícitamente que los Estados incluyan en la ley los deberes de las empresas en materia de derechos humanos”.
“Lamentablemente, tendremos que contar con la buena voluntad de las empresas”, explica Niema Movassat, diputada del partido de izquierdas alemán Die Linke. El año pasado presentó, con su grupo parlamentario, en el Bundestag una proposición de ley para poder atribuir responsabilidades penales a las empresas alemanas por las condiciones laborales en sus compañías subcontratadas.
Una proposición que el gobierno alemán se ha negado a debatir por el momento.
