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Hacer que la migración deje de ser un crimen

by David Bacon

Necesitamos una política migratoria basada en los derechos humanos, civiles y laborales, una política que analice las razones por las cuales las personas emigran y la forma en que podemos dejar de criminalizarla.

(AP/Alan Diaz)

Debemos empezar por analizar las raíces de la migración, las razones que mueven a tantas personas a venir a EE.UU.

La circulación de las personas es un derecho humano, pero vivimos en un mundo en el que gran parte de la migración no es voluntaria, sino obligada por la pobreza y las denominadas reformas económicas.

La política comercial de EE.UU. y las “reformas económicas” impuestas a países como México, El Salvador y Filipinas agudizan la pobreza.

El hecho de que las personas sean aún más pobres y los salarios sean aún más bajos crea oportunidades de inversión para las empresas estadounidenses.

Esta perspectiva es el motor que impulsa nuestra política comercial. Sin embargo, el costo humano es muy alto.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) permite que las empresas estadounidenses hagan una competencia desleal al maíz de las empresas mexicanas, permitiendo así que las importaciones de Estados Unidos se adueñen del mercado del país.

Actualmente, Smithfield Foods vende casi un tercio de toda la carne de cerdo consumida por los mexicanos.

A causa de estas prácticas de dumping y el control del mercado, los precios cayeron tan bajo que millones de campesinos mexicanos se vieron ante la imposibilidad de sobrevivir, por lo que tuvieron que salir de su país.

Durante los años en que el TLCAN ha estado en vigor, el número de personas originarias de México y que viven en EE.UU. aumentó de 4,5 millones a 12,67 millones.

Hoy día, alrededor del 11 por ciento de los mexicanos vive en EE.UU. Cerca de 5.7 millones pudieron obtener cierto tipo de visado, pero 7 millones no pudieron obtenerlo, y de todos modos llegaron. Eran muy pocas las opciones que tenían si querían que sus familias pudieran sobrevivir.

Las leyes migratorias estadounidenses convierten a los inmigrantes en criminales, y tipifican como delito trabajar sin documentos.

Necesitamos una política migratoria que deje de ejercer presión sobre las personas para que abandonen su país y que, en caso de que lo hagan, no las trate como delincuentes.

La ley TRADE, respaldada por el movimiento sindical, convocaría audiencias sobre la forma en los tratados comerciales han obligado a las personas a emigrar a EE.UU. y otros países.

Deberíamos renegociar los tratados para suprimir las causas de esas migraciones.

Los nuevos tratados comerciales, tales como la Asociación Transpacífico, harán emigrar a un número aún mayor de personas y hará descender los niveles de vida.

Deberíamos prohibirlo, éste y todos los nuevos tratados de este estilo.

Estados Unidos utiliza la intervención militar y los programas de ayuda para mantener los tratados comerciales y las reformas económicas de mercado.

También debe ponerse fin a estas prácticas, y en su lugar deberíamos ratificar la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

El hecho de que las administraciones estadounidenses no hayan presentado este acuerdo para su ratificación pone de relieve otra desagradable verdad acerca de nuestra política migratoria.

Se criminaliza a millones de inmigrantes porque carecen de estatuto migratorio, especialmente para trabajar.

Desde 1986, la legislación estadounidense establece que se sancionará a todo empleador que contrate trabajadores indocumentados.

Los promotores de estas leyes aseveraron que si el trabajo se ilegalizaba, se pondría fin a la migración de personas indocumentadas.

Sin embargo, las sanciones han sido claramente inútiles, ya que la migración se ha multiplicado a pesar de ellas.

Criminalizar el empleo no es un freno para aquellos que buscan trabajar para que sus familias puedan sobrevivir en su país.

Estas sanciones han demostrado ir en contra de la mano de obra, ya que en realidad siempre ha castigado a los trabajadores, no a los empleadores. Tenemos que conseguir la derogación de esta legislación.

 

E-verify y cómo aterrorizar a los trabajadores

En todo nuevo tipo de legalización, millones las personas quedarían excluidas del proceso debido a los requisitos tan estrictos, a los costos tan altos y a los largos períodos de espera, que pueden sumar décadas.

Y al día siguiente de la entrada en vigor de una nueva reforma cruzarán la frontera otros millones de personas más, sobre todo si una nueva reforma migratoria pasa por alto la necesidad de renegociar los tratados comerciales y suprimir la necesidad de emigrar.

Estos futuros migrantes vendrán de los mismos poblados y ciudades, y ya tienen contactos y relaciones en las ciudades de aquí, en EE.UU., gracias a los vínculos creados por la migración anterior.

Trabajarán en nuestros lugares de trabajo, participarán en nuestras campañas de sindicalización y pertenecerán a nuestros sindicatos. La Ley de sanciones convertirá en delito el mero hecho de que estos futuros migrantes trabajen.

Uno de los procedimientos para la aplicación de las sanciones implica que el empleador verifique la identidad de las personas que va a emplear utilizando una base de datos pública nada fidedigna: E-verify.

El Congreso y la administración pública están pidiendo que su uso sea obligatorio.

Si las personas que trabajan sin documentos pierden su puesto de trabajo, les será mucho más difícil encontrar otro, lo cual incrementará su temor a afiliarse a un sindicato, o a luchar contra las difíciles condiciones de la ilegalidad.

Los empleadores también usan E-Verify para verificar de nuevo el estatus migratorio de sus empleados actuales, lo cual es una violación de la ley. Su intención es deshacerse de los trabajadores o trabajadoras que han acumulado prestaciones y aumentos salariales a lo largo de sus años de servicio, y reemplazarlos por empleados nuevos con salarios más bajos.

Esto es precisamente lo que acaba de sucederles a los miembros del sindicato International Longshore and Warehouse Union.

Asimismo, los empleadores utilizan esta base de datos para atemorizar a los trabajadores cuando se organizan sindicalmente, como lo están haciendo con los que apoyan al United Food and Commercial Workers.

Otra de las tácticas es que los agentes de migración comparen los registros de personal del empleador con la base de datos E-Verify en busca de trabajadores sin estatuto legal.

Con estos datos, el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los inscribe en una lista y ordena al empleador que los despida.

Esta fue la experiencia del año pasado de Pacific Steel Castings, en California. Fueron despedidos doscientos catorce trabajadores.

En los últimos cuatro años, cientos de miles de trabajadores han perdido sus puestos de trabajo debido a las medidas de aplicación de la ley, incluyendo miles de trabajadores de limpieza en California, Washington y Minnesota, trabajadores empacadores de carne en todo el país, trabajadores agrícolas, trabajadores de la construcción y otros.

A su vez, todos los empleadores pagaron multas reducidas, y muchos obtuvieron la inmunidad por haber cooperado en el despido de sus propios trabajadores.

 

Perspectiva a largo plazo

Convertir en delito el hecho de trabajar se utiliza para obligar a las personas a participar en los programas de trabajadores huéspedes, en los que se deporta a los trabajadores que pierden su puesto de trabajo.

Cuando las sanciones se utilizan para hacer que los trabajadores sean vulnerables a la presión, para desmembrar a los sindicatos u obligar a las personas a participar en los programas de trabajadores huéspedes, el efecto real es el de obligarlas a aceptar empleos con bajos salarios y carentes de derechos.

En realidad representa una subvención para los empleadores y baja los salarios de todos. Por los sindicatos y por los trabajadores, es preciso derogar la ley de sanciones y desmantelar la base de datos E-Verify.

En cambio, necesitamos una aplicación más estricta de las normas laborales y de los derechos de los trabajadores.

Las amenazas de los empleadores que utilizan el estatuto migratorio para que los trabajadores se abstengan de organizarse en sindicatos, o de protestar por las condiciones de ilegalidad son las que deberían constituir un delito.

Deberíamos prohibir la aplicación de la ley de inmigración durante los conflictos laborales, o en contra de los trabajadores que se quejan de su condición de ilegalidad.

Hoy día, las personas indocumentadas son estafadas por la Seguridad Social.

Como trabajan con números ficticios, la pagan, pero nunca pueden disfrutar las prestaciones. Los números se han convertido más bien en un instrumento para aplicar las leyes migratorias.

Todos deberían tener acceso a un número de la Seguridad Social, sin importar su estatuto migratorio.

Todos deberían costear el sistema y todos deberían tener el derecho a disfrutar de las prestaciones que les concede el hecho de pagar sus cotizaciones.

Por último, necesitamos una política migratoria que solidarice a las personas, en lugar de levantar a los trabajadores unos contra otros.

Es especialmente en tiempos de crisis económica cuando tenemos que reducir la competencia por los puestos de trabajo mediante la creación de programas de empleo para los trabajadores desempleados, al tiempo que se consigue el estatuto legal para los trabajadores indocumentados.

Una política migratoria que beneficie a los migrantes, sus comunidades de origen y a las personas que trabajan aquí en EE.UU. tiene que tener una perspectiva a largo plazo.

Tenemos que preguntarnos, ¿a dónde vamos? ¿Cómo podemos resolver realmente nuestros problemas?

Necesitamos un sistema que genere seguridad, no inseguridad; que propicie la igualdad e incremente los derechos; que reduzca la competencia por el empleo.

No es probable que muchas empresas apoyen estos programas, así que corresponde a los responsables políticos que nos representan elegir de qué lado están.

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