India: Reformas laborales de Rajastán – ¿una muestra de lo que está por venir?

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Alentado por la clara victoria obtenida en las elecciones generales que se celebraron en la India en abril y mayo de este año, el Gobierno del partido Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi ha prometido reactivar la debilitada economía del país acelerando la creación de empleo y restableciendo la confianza de los inversores.
Para contribuir al logro de este objetivo,

Modi ha hecho públicos sus planes para incrementar la inversión extranjera directa en determinados sectores manufactureros de mano de obra intensiva, así como la inversión pública en infraestructura.

Durante su campaña electoral, Modi había hablado también de sus planes para incentivar la “creación de activos” y permitir a las empresas operar en un medio ambiente “más limpio”.

No obstante, los sindicatos están sumamente preocupados por el ejemplo que está dando el BJP en el estado norteño de Rajastán, donde se acaban de aprobar un conjunto de reformas a la legislación laboral diseñadas para que este estado de 69 millones de personas sea más “favorable a los empresarios”.

Las reformas, presentadas por miembros del BJP y el Primer Ministro de Rajastán, Vasundhara Raje Scindia, sin haber llevado a cabo ninguna consulta previa con los sindicatos, han sido unánime y severamente criticadas por las centrales nacionales, que las han calificado de “desastrosas” para los trabajadores y trabajadoras.

Durante su mandato como Primer Ministro de Gujarat entre 2001 y 2014, los esfuerzos de Modi para lograr mayor flexibilidad en el mercado laboral, en particular mediante las Zonas Económicas Especiales, fueron objeto de enérgicas críticas por parte de los representantes de los trabajadores.

Las reformas de Rajastán van a implicar enmiendas a tres leyes laborales cruciales: la Ley de fábricas, la Ley de mano de obra contractual y la Ley de conflictos laborales.

Hace apenas una semana se presentaron nuevas propuestas para enmendar otras dos secciones de la legislación que conciernen a los aprendices y a los 1.200 operadores de calderas que trabajan en este estado.

Pero la enmienda que mayores repercusiones tendrá para los trabajadores de Rajastán es la de la Ley de conflictos laborales.

Hasta ahora, para despedir a trabajadores o cerrar un local, únicamente las empresas que emplearan a un máximo de 100 trabajadores estaban exentas de la obtención previa de una autorización del Gobierno federal.

Las enmiendas han elevado este límite a 300 trabajadores.

“Más del 75% de la mano de obra de este país trabaja para empresas que emplean a menos de 300 trabajadores – ¿qué es lo que le espera ahora a la clase trabajadora india?”, pregunta Amarjit Kaur, Secretario Nacional del All India Trade Union Congress (AITUC).

 

Eliminación de sindicatos

Los cambios también suponen nuevas dificultades a la hora de registrar sindicatos, puesto que el requisito de afiliación del 15% para el registro de un sindicato se ha incrementado a un 30%.

“Da la impresión de que el Gobierno quiere destruir la sindicalización para poder otorgar así más poder a los empresarios”, afirma Tapan Sen, Secretario General del Centre of Indian Trade Unions (CITU).

“Los empleadores quieren impedir que los trabajadores se sindicalicen, y cuando los trabajadores se afilian a un sindicato, buscan maneras de echarlos o de destruir el sindicato.”

Incluso Saji Narayanan, Presidente Nacional de Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), un sindicato vinculado al BJP, se siente decepcionado por lo que está sucediendo en Rajastán.

“¿Cómo puede el Gobierno llevar adelante semejantes iniciativas antisindicales sin mantener previamente una reunión tripartita y ganarse la confianza de los trabajadores y los sindicatos?”, pregunta.

Sin embargo, las asociaciones patronales, que tienden a percibir la legislación laboral como un obstáculo para la creación de empleo, han acogido con satisfacción las reformas.

Además están insistiendo para que se tomen medidas más estrictas en lo que respecta a las huelgas, y están reclamando asimismo la eliminación de otra disposición esencial de la Ley de Industria conforme a la cual los empleadores deben dar un preaviso de 21 días antes de modificar las condiciones laborales – una medida que, según los empleadores, conduce a una producción ineficiente e inflexible.

No obstante, vale la pena recordar que, de los 460 millones de trabajadores y trabajadoras que constituyen la mano de obra de la India, aproximadamente el 86% trabaja en el sector de la economía informal, y que la inmensa mayoría de estos trabajadores/as no están cubiertos por ningún tipo de protección legal real.

En este sentido, las 11 mayores centrales sindicales nacionales de la India – entre ellas el All India Trade Union Congress (AITUC), el Centre of Indian Trade Unions (CITU), Hind Mazdoor Sabha (HMS) y la Self-Employed Women’s Association (SEWA) – han publicado una carta conjunta solicitando el Gobierno que satisfaga “las necesidades esenciales más básicas de los trabajadores y las trabajadoras”.