Los líderes mundiales citan a menudo Indonesia como ejemplo de tolerancia y democracia, tanto para Asia como para el mundo islámico. Con el reciente golpe de Estado en Tailandia y las crecientes protestas que están teniendo lugar en Malasia, Indonesia está considerada como un foco de luz en la región, un país que avanza en la dirección correcta.
“Indonesia progresó rápidamente en los años inmediatamente posteriores a la caída del General Suharto en términos de desarrollo y consolidación de las instituciones democráticas”, afirma Paul Rowland, experto en elecciones afincado en Indonesia.
Pero hace apenas medio siglo se produjo en el archipiélago indonesio uno de los episodios más sangrientos de la historia moderna.
El 30 de septiembre de 1965, seis altos generales fueron asesinados presuntamente por un grupo compuesto de indonesios de izquierdas. Las circunstancias que rodearon sus muertes siguen sin estar claras a día de hoy, pero estos asesinatos fueron la excusa para que el General Suharto, un líder militar anteriormente poco conocido, asumiera el poder y pusiera en marcha una campaña nacional contra los autores de los asesinatos, que, según él, eran el Partido Comunista de Indonesia (PKI) y sus aliados de izquierdas.
En cuestión de dos años Suharto había conseguido imponer un riguroso control en el país, el PKI había desaparecido del mapa y se habían llevado a cabo infinidad de masacres.
“Al no abordar el pasado, se perpetúa el régimen del silencio y el miedo, porque los que están en el poder saben perfectamente que la gente sigue estando aterrada”, explica Joshua Oppenheimer, codirector de The Act of Killing (2012), un documental que dio mucho de que hablar en todo el mundo con relación al fallido golpe de Estado de 1965 y sus secuelas.
Para muchos, la apariencia de civismo – ejemplificado por las próximas elecciones locales que se celebrarán en diciembre – no es más que una fachada. Los críticos afirman que en el corazón de la sociedad indonesia permanece escondido algo oscuro y violento.
“Para poder entender lo que está sucediendo actualmente en la sociedad es preciso examinar el pasado”, declara a Equal Times John T Miller, Director Ejecutivo de la East Timor Action Network.
De hecho, Miller y otros defensores de la justicia sostienen que la corrupción endémica en Indonesia, así como la persistente desigualdad y la continua degradación medioambiental están directamente vinculadas a lo que sucedió en 1965, y, a menos que se afronte el pasado, Indonesia está condenada a presenciar el estancamiento de su potencial democrático o incluso la desaparición total del mismo.
“Desconocemos la magnitud real del genocidio – hay gente que habla de 500.000 muertos; la estimación más probable es de 1 millón; pero los principales perpetradores dicen que matamos a 3 millones de personas”, afirma la profesora Saskia E. Wieringa, experta en derechos de la mujer en la Universidad de Ámsterdam y Presidenta del International People’s Tribunal 1965, una organización establecida para abordar los crímenes contra la humanidad cometidos en Indonesia después de 1965.
Especialmente preocupante para los activistas es la situación en Papúa Occidental, que fue anexionada por Indonesia en 1969, durante el gobierno de Suharto, y que ha sido testigo de múltiples oleadas de violencia y represión a lo largo de su historia. El ejército continúa controlando firmemente esta región, donde se siguen produciendo con regularidad ocasionales enfrentamientos violentos entre los ciudadanos y las fuerzas gubernamentales.
“La violencia de 1965-66 se propagó por Timor Oriental, y temo que continúe en Papúa Occidental”, dice Wieringa.
“Tienen las manos manchadas de sangre”
Suharto renuncia al poder en 1998, tras la devastación económica provocada por la crisis financiera asiática. Después, con una amplia asistencia internacional, Indonesia consigue consolidar una democracia que, contrariamente a lo esperado, ha sobrevivido a varias elecciones. Sin embargo lo que no hizo fue crear un espacio para que las víctimas de las tres décadas de mandato de Suharto, en especial las familias de los asesinados entre 1965 y 1966, puedan acceder a la justicia.
“Indonesia sigue estando gobernada por personas corruptas y despiadadas que tienen las manos manchadas de sangre”, declara Wieringa a Equal Times. Este mes de noviembre, en los Países Bajos, el Tribunal Popular Internacional iniciará por vez primera un período de sesiones para tratar de colmar el vacío informativo y proporcionar algún tipo de justicia – y concienciación – a las familias de las víctimas de los asesinatos.
El Tribunal tratará de hacer algo que el Gobierno indonesio posterior a Suharto ha sido incapaz de hacer.
“En realidad nunca se ha dado una explicación detallada sobre lo que sucedió durante los años de Suharto, ni ninguna aclaración al respecto”, dice Miller. Este legado ha implicado que, a día de hoy, los autores de la violencia sigan ocupando cargos de alto nivel tanto en el seno del Gobierno indonesio como en la infinidad de provincias y distritos del país.
“Sigue sin existir control alguno sobre el poder... y a Indonesia le resulta imposible avanzar en el ámbito de los derechos humanos y controlar la corrupción si estas personas permanecen en el poder”, afirma Wieringa.
A principios de este año, el nuevo Gobierno de Indonesia, encabezado por el Presidente Joko Widodo, consideró implementar una Comisión para la verdad y la reconciliación con vistas a examinar los abusos cometidos durante la era de Suharto. Los defensores temen que si dicha comisión no es lo suficientemente sólida no se consiga proporcionar justicia a las víctimas.
“Una comisión para la verdad y la reconciliación requiere un fuerte componente de justicia”, dice Miller.
Por otra parte, los Gobiernos extranjeros tienen un importante papel que desempeñar, sobre todo los Estados Unidos, país que apoyó el régimen de Suharto y que todavía no ha publicado información sobre su rol en el golpe de Estado.
“Los Estados Unidos querían tener a Suharto contento puesto que Indonesia era su gran aliada en la región”, señala Miller. “Cuanta más información de aquella época se publique – no sólo sobre las actuaciones de EE.UU. sino también sobre las del Gobierno indonesio en todas sus facetas – mejor podremos entender lo que ocurrió, y contribuir a identificar a los responsables y a evitar que hechos parecidos vuelvan a suceder”.
En definitiva, lo que realmente podrá ayudar a que las cosas cambien será una colaboración a escala mundial y el reconocimiento de la tragedia en el pasado de Indonesia.
“El mundo tiene que entender que esto fue un genocidio, y el mundo tiene que asumir cierta responsabilidad”, concluye Wierenga.
