La ayuda humanitaria debilitó aún más a Haití tras el terremoto

Más de cuatro años después de que Puerto Príncipe quedara en ruinas, la reunión del mes pasado con una delegación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos pareció marcar un hito en el nuevo camino hacia la gradual reconstrucción de Haití.

La élite empresarial posó sonriente para las fotografías y reafirmó su apoyo al objetivo del presidente Michel Martelly de “convertir a Haití en un país emergente para 2030”.

En el resto de la isla, decenas de miles de haitianos siguen sin resurgir de las ruinas del terremoto de 2010, hacinados en improvisados campamentos y todavía traumatizados por la catástrofe.

La misma semana en que la Cámara de Comercio de Estados Unidos se pavoneaba en la capital haitiana, el activista de los derechos humanos Antonal Mortime viajó a Washington D.C. en nombre de estos haitianos.

En colaboración con el Servicio Mundial Judío Estadounidense, fue a explicar a los activistas de Estados Unidos que las iniciativas de ayuda occidentales habían dañado al país mucho más de lo que lo habían ayudado.

Más de cuatro años después de que la isla se viera inundada por la ayuda al desarrollo, los caóticos esfuerzos por reconstruir el país han aumentado las divisiones sociales, sometiendo a la primera república negra emancipada bajo el yugo de un nuevo tipo de imperialismo.

En una entrevista con la revista The Nation, Mortime, secretario ejecutivo de la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH), describió el desastre social que se desencadenó bajo la bandera de la ayuda humanitaria.

El dinero que llegó fue absorbido en gran parte por un grupo de ONG que luchaban de un modo caótico por la concesión de subvenciones internacionales.

Según Mortime, aunque algunas de estas organizaciones tenían buenas intenciones, muchas otras destinaron el dinero a proyectos mal planificados con escasa supervisión o rendición de cuentas, provocando un gasto de recursos y una especulación que probablemente impidieron el desarrollo a largo plazo del país.

En opinión de Mortime, para muchas de las innumerables ONG que han proliferado tras el desastre “creo que era importante ir a ayudar a Haití. Pero el modo en que lo han hecho no ha sido el correcto”.

Como algunas ONG prestaron servicios arbitrariamente desplazando a las instituciones y servicios locales, “de hecho, la ayuda humanitaria contribuyó a debilitar al Estado y también a las organizaciones locales”.

 

Falsas promesas

Varias auditorías independientes han revelado que la mayoría de los esfuerzos internacionales de ayuda (que abarcaron desde proyectos de misioneros hasta innovadoras iniciativas de construcción de viviendas) han operado con poca coordinación, a pesar de los esfuerzos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de un organismo internacional de coordinación (la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití presidida por Bill Clinton) por centralizar la distribución y el despliegue de los fondos para la reconstrucción.

Las “iniciativas” internacionales se han ido desarrollando entre flagrantes sobrecostes y acusaciones de gestión indebida.

A su vez, el gobierno de Haití, históricamente dependiente de la ayuda exterior, la deuda y las exportaciones baratas, sigue cargando con una infraestructura en ruinas y unos maltrechos servicios públicos.

Hoy en día, todavía hay 100.000 haitianos “desplazados internos”. Sus desvencijadas chabolas se extienden como un triste testimonio de las falsas promesas.

Al preguntarle sobre las complicaciones que pueden surgir cuando el dinero va a parar a las arcas de organizaciones corruptas, Mortime reconoció que “es verdad que las estructuras estatales son muy débiles” y que los donantes extranjeros tenían razones legítimas para querer proceder al margen del gobierno.

Sin embargo, afirma que a largo plazo Haití solo puede lograr la autosuficiencia si sus organismos públicos participan en la reconstrucción.

Hoy en día, los esfuerzos por la reconstrucción estarían mucho más avanzados si las ONG hubieran establecido como prioridad el trabajo dentro de las instituciones existentes en Haití, “para ayudar al Estado a reconstruir sus propias estructuras a través de las organizaciones gubernamentales que ya existen para estos casos específicos”.

Consciente de la historia de Haití como una república negra insurgente, Mortime cree en la durabilidad de “las instituciones republicanas del Estado”, incluidos el tipo de democracia electoral abierta y de gobierno responsable por los que lucha su organización.

Aunque el régimen actual está carcomido por la corrupción, asegura que “el gobierno no durará. Pero el Estado en sí, las estructuras, son algo permanente”.

Frente a la oleada de proyectos malogrados y escándalos de especulación, el Congreso de Estados Unidos aprobó recientemente una ley con el objetivo de ampliar la supervisión de los fondos para la reconstrucción de la agencia USAID y mejorar la coordinación con las organizaciones haitianas.

Los grupos de la sociedad civil han aplaudido esta medida, pero puede que los daños provocados por la mala gestión del pasado ya sean irreparables.

Según el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), de los 1,38 mil millones US$ en fondos de USAID que Washington destinó a los esfuerzos de reconstrucción, “solo el 0,9% ha ido a parar directamente a organizaciones haitianas, mientras que el 56,6% ha acabado en los bolsillos de empresas ubicadas en el cinturón industrial entre Washington D.C., Virginia y Maryland”.

USAID ha alegado que numerosas subcontratas de las empresas contratadas a nivel federal son empresas locales, por lo que la verdadera participación local es mucho mayor.

Sin embargo, la agencia se ha negado en repetidas ocasiones a divulgar información supuestamente “confidencial” sobre los beneficiarios locales. El CEPR concluye que, sin una transparencia total, “basándonos en la información disponible actualmente resulta imposible determinar el verdadero alcance de la participación local en los programas de ayuda estadounidenses”.

 

Las mujeres trabajadoras han pagado el precio

Muchos activistas haitianos están de acuerdo en que los esfuerzos para la reconstrucción han sido poco eficaces, pero también consideran que los errores hasta ahora han sido producto de una agenda internacional corrupta.

En un reciente ensayo publicado en la revista Boston Review, el investigador del CEPR Jake Johnston describió el Parque Industrial de Caracol, una empresa de exportación de productos manufacturados financiada con fondos de la Fundación Clinton, como un estudio monográfico sobre humanitarismo chapucero.

Los planes para construir puertos e infraestructura en la zona “se han aplazado y ya están minados por los sobrecostes” y las duras condiciones laborales solo han reproducido el sistema de explotación que ya existía antes del desastre. Johnston concluye: “El círculo vicioso entre las ONG, las empresas de desarrollo y el gobierno de Estados Unidos ha consolidado el sistema tan profundamente que cualquier movimiento para promover un cambio será largo y difícil”.

Las mujeres que trabajan en Caracol son las que han pagado el precio.
Un reciente informe, publicado por la POHDH y basado en estudios sobre los trabajadores/as de Caracol de finales de 2013, reveló que las trabajadoras del sector textil sufren “unas condiciones extremadamente duras, cobran salarios inadecuados y carecen de cualquier forma de protección social eficaz”.

Asimismo, contaban con una mínima representación sindical y estaban expuestas al robo de sus salarios y al acoso sexual en el trabajo, lo cual refleja el clima generalizado propicio a la violencia de género que ha asolado Haití tras el terremoto.

A pesar de los recientes aumentos del salario mínimo, los trabajadores/as del sector textil suelen ganar entre 5 y 7 US$ al día, mucho menos de lo necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia en Puerto Príncipe.

Según Mortime y otros activistas haitianos, para sacar al país del círculo vicioso de ayuda y empobrecimiento es necesario un replanteamiento de la relación entre los derechos humanos y la seguridad económica.

Tanto los legisladores estadounidenses como el gobierno haitiano hacen constantemente hincapié en la necesidad de devolver la “seguridad” a las calles de Haití, aduciendo el aumento generalizado de la delincuencia y el caos.

Sin embargo, la POHDH considera la verdadera seguridad como un proyecto de gobernanza democrática y no como un producto de la brutalidad y agresión por las que es conocido el actual aparato de seguridad de Haití.

Además del sistema de justicia penal famoso por su corrupción, la operación de seguridad de la ONU, llamada MINUSTAH, sigue patrullando la isla y es considerado en gran medida como una fuerza de ocupación.

El resentimiento de la ciudadanía sigue aumentando a medida que la ONU sigue ignorando las numerosas pruebas de que sus tropas son responsables de haber introducido los serios brotes de cólera de 2010 y 2011.

Según Mortime, un enfoque más humano hacia la seguridad pública empieza con un refuerzo de la sociedad civil desde las bases.

La ampliación del acceso a la educación es fundamental, al igual que la creación de un sistema judicial independiente y unas elecciones limpias como un modo de controlar a la clase política gobernante.

Además de los servicios de control público, asegura, "también me refiero a la justicia social. Tenemos que crear estabilidad dentro del país. Si no resolvemos el tema de la inestabilidad política, no seremos capaces de resolver los temas económicos y mucho menos los sociales”.

Parece increíble que después de haber sido testigo de numerosos desastres en su país, tanto provocados por el hombre como naturales, Mortime todavía tenga fe en que de las ruinas del terremoto pueda emerger una república democrática.

Sin embargo, tiene en cuenta que toda la historia de su país está profundamente arraigada en la resistencia de su pueblo ante las oleadas de convulsiones políticas y dominio colonial.

“Hemos pagado la consecuencia histórica de haber sido la primera república negra del hemisferio y del mundo”, afirma.

“Quizá seamos el país más pobre, pero también somos el país con la historia más bonita en lo relacionado con la independencia. Y los imperialistas nunca nos lo perdonarán... Creo que todos estos problemas están vinculados al imperialismo”.

 

 

Una versión íntegra de este artículo se publicó por primera vez en la revista The Nation. Utilizado con el permiso de la Agence Global.

Este artículo ha sido traducido del inglés.