En una zona de apenas varias manzanas, las autoridades desplegaron un efectivo de nada menos que 1.720 agentes, algunos de ellos íntegramente equipados con la indumentaria antidisturbios y armados con metralletas.

Se presentaron allí para sacar a los 40 refugiados que estaban en una azotea llevando a cabo una protesta contra su desalojo inminente del edificio de una escuela abandonada en Ohlauer Strasse.

Cientos, y por momentos miles, de manifestantes salieron a la calle para apoyar las reivindicaciones políticas de los refugiados.

El sitio duró ocho días, tiempo durante el cual la libertad de movimiento, incluso para diputados y periodistas, estuvo completamente restringida.

Los negocios locales sufrieron enormes pérdidas financieras puesto que los clientes no podían o no estaban dispuestos a atravesar las barricadas policiales.

Se produjeron varias confrontaciones violentas entre los manifestantes – algunos de los cuales eran niños – y los agentes de la policía.

La trágica situación de la azotea concluyó finalmente el 2 de julio, cuando las autoridades locales concedieron a los 40 refugiados el permiso para permanecer en una parte del edificio, siempre y cuando no haya nadie que se vaya a instalar allí.

No obstante, su reivindicación fundamental – el derecho a permanecer indefinidamente en Alemania– todavía no ha sido satisfecha.

Y a los contribuyente les va a tocar ahora pagar una montante enorme por la operación policial, que sólo en concepto de salarios ha costado más de 5 millones EUR.

¿Cómo se pudo llegar a este punto?

 

Asilo en crisis

La crisis de la Ohlauer Strasse fue una consecuencia lógica de la desastrosa reglamentación sobre el asilo en Alemania.

En 1993, tras décadas de debates acerca de unos niveles “aceptables” de inmigración, y grandes preocupaciones acerca de los solicitantes de asilo”legítimos”, se aprobó una enmienda a la Ley fundamental alemana (Grundgesetz) de 1949 que abolía efectivamente el derecho a solicitar refugio en Alemania.

Este denominado “compromiso” (Asylkompromiss), de lo más vergonzoso, no sólo contraviene directamente el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que es moralmente reprobable si se consideran las circunstancias en las cuales fue redactada la Ley fundamental.

Específicamente, la cláusula sobre asilo fue concedida, en parte, a modo de desagravio por las atrocidades que se habían cometido durante el régimen nazi.

Durante este tiempo, millones de alemanes de ascendencia judía, romaní, sinti o africana vivieron y murieron en circunstancias parecidas a las de las personas que están tratando de escapar de países devastados por la guerra, como Siria, o de situaciones de abuso a los derechos humanos en países como Uganda o Eritrea.

Aunque en términos absolutos Alemania acoge el mayor número de refugiados de Europa (en 2012 se registraron 77.500 solicitudes de asilo), en comparación al tamaño de su población Alemania recibe en realidad muchas menos solicitudes que Suecia, Dinamarca, Suiza o Bélgica.

Por otra parte, el porcentaje de los gastos en materia de asilo frente al gasto nacional total en Alemania es prácticamente desdeñable.

Las demandas de los refugiados de Alemania son sencillas: tener pleno acceso a sus derechos humanos.

Esto significa concretamente: la abolición del requisito, exclusivamente alemán, de residencia obligatoria, que prohíbe efectivamente a los refugiados desplazarse libremente por el país (Residenzpflicht); la abolición del requisito que exige a los refugiados vivir en campamentos designados por las autoridades (situados la mayoría de las veces en zonas remotas y aisladas, y cuyas instalaciones se asemejan a una cárcel); el derecho a buscar empleo o educación; y el fin de las deportaciones.

Aun así, a pesar de los años de presión y campañas políticas, y de las miles de muertes innecesarias que se producen cada año por la aplicación de la Fortaleza Europa; a pesar de la marginación a nivel de los Gobiernos locales, nacionales y de la Unión Europea, del desinterés de la parte de los medios de comunicación dominantes, y de la apatía por parte del público en general, nada ha cambiado.

 

“El Gobierno nos ha ignorado completamente”

En otoño de 2012, un campamento de protesta ubicado en la plaza Oranienplatz de Kreuzberg no tardó en convertirse en el centro simbólico del movimiento de refugiados, y a finales de 2012 algunos de los refugiados (entre ellos mujeres y niños) decidieron instalarse en el edificio de una escuela abandonada en la Ohlauer Strasse.

Dado que los okupas estaban tolerados por el Gobierno local (que está encabezado por el único alcalde del Partido Verde del país), esto significaba automáticamente que las autoridades habían asumido legalmente la responsabilidad por el bienestar de los habitantes.

Pero para noviembre de 2013 las condiciones tanto en el campamento como en la escuela se volvieron inadecuadas para vivir. El Gobierno local fue criticado por diversos médicos por no haber tomado las medidas necesarias para mejorar las instalaciones. Efectivamente, según Patras Bwansi, refugiado y activista de los derechos humanos procedente de Uganda, “el Gobierno nos ha ignorado completamente”.

Pero en lugar de tratar de entablar un diálogo directo con los refugiados, los políticos locales decidieron unilateralmente desalojar a los residentes del campamento y de la escuela.

En abril de 2014 las divisiones entre los refugiados habían sido lo suficiente explotadas como para conseguir que algunos de ellos destrozaran el campamento de Oranienplatz a cambio de la promesa de un nuevo sitio para vivir, un examen favorable de su solicitud de asilo y la garantía de que no serían deportados durante los próximos seis meses – promesas que todavía no se han cumplido.

Durante la violenta destrucción del campamento de la Oranienplatz, el activista y refugiado sudanés Napuli Paul Langa, trepó a un árbol y permaneció allí durante cinco días a fin de asegurarse de que hubiera al menos un punto de información en el lugar.

Un grupo de refugiados activistas organizaron un piquete de 24 horas justo enfrente del campamento destruido, y emprendieron una huelga de hambre de dos semanas.
Los demás refugiados se negaron a moverse.

Sin embargo, dos meses más tarde, cuando las autoridades decidieron desalojar el edificio de la escuela, la confrontación estuvo a punto de convertirse en una catástrofe mortal.

 

La crisis de Ohlauer

El 20 de junio – Día Mundial de los Refugiados – un representante del Gobierno local visitó la escuela, donde estaban viviendo entre 200 y 300 refugiados, familias romaníes y otras personas sin techo. Se anunciaron planes para efectuar un “traslado voluntario”.

Cuatro días después la policía llegó en masa.
Para algunos, la fuerte presencia policial fue lo suficientemente intimidante como para forzarles a marcharse enseguida.

Sin embargo, para unos 40 de ellos, la protesta pasó a un nuevo nivel. Y mientras la policía colocaba barreras alrededor de la escuela, restringiendo completamente el acceso al público, comenzó una manifestación en lo alto de una azotea.

El pulso dio lugar a ocho días de ocupación, y muchos de los refugiados amenazaban con saltar y quitarse la vida si la policía asaltaba el edificio.

Hasta el último minuto seguía sin estar claro cómo se resolvería la situación: por momentos parecía inevitable que la policía iba a asaltar el edificio y que los refugiados – que no tenían nada que perder – cumplirían su amenaza de saltar.

De no haber sido por el apoyo masivo de otros refugiados activistas, residentes locales, propietarios de negocios, simpatizantes, así como de las manifestaciones solidarias que se llevaron a cabo en toda Alemania, extendiéndose incluso a Estambul, Bruselas y Nueva York, eso es lo que habría sucedido con casi toda seguridad.

 

Aprender las lecciones

No todo el mundo está de acuerdo con la importancia de la crisis de Ohlauer.

Algunos observadores consideran que los refugiados están “chantajeando” al Estado. Y hay racistas que consideran que la actual política de asilo de Alemania constituye un método legítimo para impedir que el país sea “invadido” por extranjeros no deseados procedentes de África y Asia.

Pero su postura sólo tiene sentido si uno cree que la vida de determinadas personas tiene menos valor que la de otras.

No obstante, hay quienes entienden que lo sucedido en Ohlauer ha vuelto a sacar a la luz las profundas brechas que padece la democracia alemana, y que esto no afecta únicamente a los refugiados.

Cuando un barrio de izquierdas de Berlín, como el barrio de Kreuzberg, puede permanecer bloqueado durante más de una semana, definitivamente hay algo que no funciona. Por suerte el número de personas que lo reconocen es cada vez mayor.

Están circulando peticiones para solicitar el pleno restablecimiento del derecho de asilo; los periodistas están proponiendo un replanteamiento radical de la normativa en materia de asilo en Alemania; y los residentes locales están abriendo sus hogares.
Los que no somos refugiados hemos tenido suerte – esta vez.

Hemos evitado por poco un desenlace mortal de la situación que se estaba produciendo delante de nuestras narices.

Al hacer llegar su lucha por los derechos humanos directamente ante nuestras puertas, los refugiados de Kreuzberg nos han recordado nuestra propia humanidad y nos han demostrado hasta qué punto puede ser frágil nuestra democracia.

No debería hacernos falta una llamada de atención más fuerte para proteger ambas.