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La desigualdad solamente se puede reducir con una mayor participación de los Estados y mejores políticas

by Janine Berg

Durante las últimas décadas en muchos países, el Estado ha pasado lentamente a un segundo plano por la creencia de que dando más espacio a las fuerzas del mercado se generaría un mayor crecimiento económico y por lo tanto habría más oportunidades económicas.

Esta creencia fue evidente en el proceso de liberalización de los mercados financieros y de bienes en las décadas de los ochenta y noventa y en la reducción de la inversión por parte del sector público de muchas economías avanzadas en servicios y bienes públicos, así como en políticas de redistribución.

No todos los países efectuaron estos cambios con tanto entusiasmo como otros ni todos los países empezaron desde el mismo punto de partida.

Sin embargo, el efecto general ha sido una desigualdad creciente en casi todas partes del mundo: Norteamérica, Europa, Asia y partes de África.

América Latina constituye una excepción en la primera década del siglo XXI (pero no en la década de los ochenta y noventa), principalmente porque muchos países de la región aumentaron la inversión pública, reforzaron los salarios mínimos y establecieron políticas de redistribución durante esta década.

Durante los últimos años, el aumento de la desigualdad se ha convertido en una inquietud cada vez mayor entre los responsables de la formulación de políticas y el público en general.

Sin embargo, aunque ahora se reconoce el problema, muchas soluciones políticas que se proponen siguen siendo las mismas: mejorar las competencias de los/las trabajadores/as para que puedan competir mejor en el mercado de trabajo.

La educación es sin duda importante. Sin embargo, para la sociedad en su conjunto, sus ‘efectos de reducción de la desigualdad’ se limitan a aumentar la oferta de trabajadores/as cualificados/as, lo que en un mercado de trabajo competitivo a la larga reduciría los salarios de los/las trabajadores/as altamente cualificados/as.

Si los países quieren sociedades equitativas con amplias clases medias, deben reforzar o establecer una amplia gama de políticas que apoyen la creación de empleo, refuercen las instituciones del mercado de trabajo y proporcionen una protección social para todos/as.

Esto solamente se puede conseguir dando de nuevo un papel más prominente al Estado.

Un libro nuevo publicado por la OIT plantea este argumento. Labour markets, institutions and inequality (Los mercados laborales, sus instituciones y la desigualdad) se basa en las contribuciones de expertos y analistas de políticas de la OIT que examinan cómo las instituciones de los mercados laborales contribuyen a reducir la desigualdad.

Estas instituciones incluyen la negociación colectiva, el salario mínimo, los tipos de contrato de trabajo y la reglamentación de la jornada laboral, así como las instituciones que permiten redistribuir los ingresos, como las pensiones, las prestaciones por desempleo, el apoyo a los ingresos para los pobres y los servicios sociales públicos.

En concreto, el libro muestra cómo una serie de instituciones que formulan políticas laborales y sociales afectan al acceso de los/las trabajadores/as al mercado de trabajo, sus ingresos y condiciones de trabajo una vez tienen un empleo, y cómo las políticas sociales influyen en los ingresos y proporcionan protección a las personas sin empleo.

 

Acceso al mercado de trabajo

Se necesitan políticas que promuevan el pleno empleo para garantizar oportunidades en el mercado laboral.

Reducir el coste de la mano de obra reduciendo los salarios, como se ha intentado recientemente en Grecia, no resolverá el problema del desempleo.

Más bien, las políticas macroeconómicas, comerciales y de inversión deberían centrarse en la creación de empleo.

En las últimas décadas, las políticas macroeconómicas han dado una importancia abrumadora a la reducción de la inflación y han prestado poca o ninguna atención al empleo.

Sin embargo, los bancos centrales, y los bancos nacionales de desarrollo cuando existen, disponen de una serie de herramientas políticas que pueden utilizar para impulsar la creación de empleo.

Los/las trabajadores/as tienen mayores posibilidades de acceder a estos empleos si existen instituciones que los apoyen, como la prestación de servicios públicos de asistencia que ayuden a las mujeres a obtener o mantener un empleo remunerado.

Cuando los servicios de cuidado no son suministrados por el sector público, los/las trabajadores/as no pueden entrar en el mercado laboral o tienen menos flexibilidad.

La negociación colectiva y el salario mínimo son dos instituciones que afectan directamente a los ingresos de los/las trabajadores/as, ya que comprimen la distribución salarial general.

El impacto de la negociación colectiva dependerá de si los acuerdos se extienden a los/las trabajadores/as que no están afiliados a un sindicato.

Los salarios mínimos son un instrumento eficaz para comprimir la distribución salarial tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

Más del 90 por ciento de los países miembros de la OIT tienen un sistema de salario mínimo y, aún en los países en desarrollo donde los mecanismos de aplicación son débiles, el salario mínimo contribuye a reducir la desigualdad.

Sin embargo, hay grupos que han sido excluidos de las protecciones garantizadas por el salario mínimo, como los/las trabajadores/as domésticos/as, y mayores esfuerzos son necesarios para garantizar que la cobertura sea universal y se aplique.

El incremento de los contratos de trabajo temporales y de trabajo a tiempo parcial puede contribuir a la desigualdad según cómo se regulen en los mercados nacionales. Además, las políticas que permiten a los/las empleados/as cambiar a empleos a tiempo parcial y salir de esta modalidad limitan el riesgo de que estos empleos se conviertan en una trampa profesional.

El salario mínimo, la negociación colectiva y las políticas que protegen a los/las trabajadores/as temporales y a tiempo parcial ayudan a incrementar los ingresos de las mujeres, jóvenes y trabajadores/as migrantes, lo que lleva a cuestionar el supuesto de que la reglamentación del mercado laboral perjudica a estos grupos.

 

Políticas de redistribución

Cuando la educación, la asistencia sanitaria y el cuidado infantil de buena calidad son proporcionados por el sector público, las familias de renta más baja tienen una mayor flexibilidad y mejores perspectivas en el mercado laboral.

Esto también reduce su necesidad de adquirir estos servicios en el mercado, a un coste elevado en relación con sus ingresos y a menudo con una menor calidad.

Los programas de asistencia social también pueden aliviar la situación desesperada de los/las trabajadores/as y, por lo tanto, la probabilidad de convertirse en víctimas del trabajo forzoso y otras formas de explotación laboral.

La capacidad de redistribución de las políticas sociales también depende de cómo son formuladas, e incluye la combinación de formas públicas y privadas de protección, y la existencia o no de garantías mínimas para todos.

Recientemente, muchos países en desarrollo han ampliado sus programas de asistencia social, lo cual constituye un paso positivo.

Sin embargo, aunque no existe un modelo único para todos los casos para reducir la desigualdad, el primer paso es reconocer que las fuerzas del mercado por sí mismas no llevarán a sociedades equitativas con clases medias amplias.

Es necesaria la intervención de los gobiernos, así como interlocutores sociales activos que puedan conformar políticas.

De ahí la necesidad de una voluntad y un compromiso políticos de todas las partes para construir y reforzar instituciones que puedan aumentar los salarios en el trabajo y proteger a aquellos que se encuentran fuera del mercado de trabajo.

Sólo entonces se pueden garantizar sociedades justas.

 

Una versión íntegra de este artículo fue publicada por primera vez en Global Labour Column.

Este artículo ha sido traducido del inglés.

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