El lunes por la mañana, representantes de los trabajadores de los sectores de la construcción y el transporte, agitando una bandera con la inscripción “RIP inspección del trabajo”, celebraron un cortejo fúnebre simbólico en respuesta a las enmiendas propuestas a la Directiva de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores.

En su forma actual, la directiva se presta a lo que los sindicatos califican de “un abuso a escala masiva que da lugar a la explotación social diaria de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes”.

En un primer momento, el procedimiento de aplicación se proponía resolver diversos abusos de orden jurídico, administrativo y práctico que se producen cuando trabajadores de un Estado miembro de la UE son desplazados temporalmente a otro Estado miembro.

No obstante, los sindicatos sostienen que la versión de compromiso resultante de las sucesivas enmiendas realizadas por el Consejo hace que los trabajadores sean aún más susceptibles a la explotación transfronteriza, puesto que reduce las inspecciones del trabajo nacionales y no prevé sanciones suficientes para los contratistas que violan la directiva.

Tampoco aporta ninguna solución al urgente problema de los trabajadores por cuenta propia ficticios, concretamente en la industria de la construcción.

“Es un mal compromiso para los trabajadores desplazados, un mal compromiso para la Europa Social”, declaró a Equal Times Werner Buelen, Secretario Político para la Federación Europea de la Construcción.

“Traicionados”

Según cifras oficiales, las empresas con sede en Europa desplazan cada año a cerca de un millón de trabajadores/as de un Estado miembro de la UE a otro.

Cuando las empresas extranjeras proponen ofertas más competitivas que los proveedores de servicios locales porque sus normas del trabajo y sus salarios son inferiores, estamos hablando del denominado “dumping social”.

Aunque el Consejo ha estado dividido durante 18 meses con respecto a esta cuestión, el lunes por la tarde se llegó a un acuerdo, después de que la presidencia lituana enmendara el texto tres veces.

Francia y Bélgica, respaldadas por Alemania, insistieron en uno serie de cambios que impedirían la “importación” de trabajadores procedentes de países con escasa protección; mientras que los países de la Europa del Este, junto con el Reino Unido e Irlanda, dieron prioridad a la libertad de movimiento, temiendo una posible “distorsión del mercado interno”.

"Es necesario reforzar urgentemente las salvaguardias en las normativas de la UE para garantizar que se respeten en la práctica los derechos de los trabajadores desplazados, y para permitir a las empresas europeas operar con más seguridad jurídica y transparencia”, expresó el Comisario de Empleo y Asuntos Sociales Lazlo Andor en un comunicado de prensa el lunes.

No obstante, muchos sindicatos están furiosos por lo que consideran como un retroceso político.

“Nos sentimos traicionados. Una vez más, nuestros políticos están dispuestos a arrebatarnos todo lo que hemos logrado hasta ahora. Si esta legislación se aprueba, emprenderemos nuevas acciones”, afirmó a Equal Times Enrique Carmona de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España.

Los sindicatos lamentan el hecho de que la nueva legislación de la UE restrinja efectivamente las medidas de control a escala nacional, impidiendo a los Estados miembros garantizar que los contratos y las condiciones de trabajo cumplan con las normativas del país receptor.

Esto podría desembocar fácilmente en conflictos legales – dicen los sindicatos – así como socavar los derechos fundamentales de los trabajadores y, lo más preocupante, provocar un aumento del trabajo forzoso, que ya afecta a 880.000 personas en la UE.

Pierre Cuppens, Secretario General del sindicato belga de los trabajadores de la construcción, declaró en Euronews que ya hay demasiados trabajadores soportando unas “condiciones comparables a la esclavitud y dignas de la Edad Media” y que la directiva debe ser lo suficientemente fuerte como para “regular y responsabilizar a la totalidad de la cadena de suministro, y ser capaz de penalizar a las personas que se aprovechan de la situación”.

Instrumentos de control

Los sindicatos exigen una “lista abierta de medidas de control” para cada uno de los Estados miembros, lo que permitiría disponer de un margen de flexibilidad suficiente para responder a nuevas formas de fraude y abuso.

Esto debería combinarse además con una serie de instrumentos de control obligatorios que deberán aplicar todos los Estados miembros.

“Hay trabajadores desplazados que no reciben más de 5 ó 10 euros por hora en negro, que duermen en contenedores y camiones”, explica Olivier Van Den Eynde del sindicato belga FGTB.

“Los demás reciben 20 € por hora y pagan sus impuestos. Eso no es justo. Algunos de nuestros políticos están al corriente de esta problemática. Lo que nosotros reclamamos es un contrato para toda Europa.”

Los sindicatos también quieren que se responsabilice a los contratistas por el impago de salarios por parte de los subcontratistas.

Pero el texto acordado carece de medidas satisfactorias para responsabilizar al contratista principal de las violaciones que se producen, puesto que impone demasiadas condiciones.

Para que el texto de compromiso pueda convertirse en legislación europea, el Consejo presidirá las negociaciones con el Parlamento Europeo antes de las elecciones europeas de mayo de 2014.

Según Buelen, la postura más moderada del Parlamento sobre este tema “es completamente distinta” del actual compromiso del Consejo, de modo que alcanzar un acuerdo va a ser todavía más difícil.