La intervención del Reino Unido en la guerra de Yemen, al borde de la ilegalidad

El pasado año fue especialmente rentable para el sector armamentístico de Reino Unido, segundo exportador mundial de armas. El sector goza de muy buena salud, gracias sobre todo a la creciente demanda de su cliente preferencial, Arabia Saudí, que libra una cruenta guerra en Yemen. En concreto, un 30% del total de exportaciones de aviones, misiles y bombas de Reino Unido fueron a parar a este aliado, con un incremento de contratos de un 11% en los tres primeros meses del 2015. Todo un récord.

El pasado año, no fue, sin embargo, tan bueno para la población yemení. Su país también batió un récord: el de mayor número de muertes de civiles causadas por explosivos, por delante de Siria o Irak. Según Naciones Unidas, seis de cada diez muertes fueron causadas por ataques de la coalición liderada por Arabia Saudí. Y la situación empeora cada día, con más de 10.000 muertos en 18 meses de conflicto.

Mientras, en Reino Unido cada vez más voces dudan de la legalidad de esta operación militar y llaman a un embargo de armas. La presión se ha incrementado después de que Theresa May, primera ministra británica, acudiera a comienzos de diciembre a la cumbre anual del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para cerrar sus primeros acuerdos comerciales “posBrexit” con Arabia Saudí y Bahréin, entre otros países.

¿Pero, cuál es la verdadera implicación de Reino Unido en esta guerra y por qué el Gobierno se niega a dar marcha atrás?

 

Londres y Riad, grandes socios comerciales

Desde que la coalición liderada por Arabia Saudí junto con Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Marruecos, Qatar y Sudán, entrara en escena en marzo de 2015 para devolver el poder al presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi y acabar con los rebeldes hutíes que tomaron la capital, los contratos de armas entre Reino Unido y Arabia Saudí ya suman 6.000 millones de libras (casi 8.000 millones de euros, 7.600 millones de USD). Reino Unido, al igual que Estados Unidos, además de armas aporta apoyo logístico e inteligencia militar a esta coalición. Según información revelada por el diario The Independent, el Gobierno Británico estaría entrenando a las fuerzas aéreas saudíes.

“Riad es un socio comercial clave”, señala a Equal Times George Joffé, profesor e investigador de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge. “La principal respuesta al porqué Reino Unido apoya la coalición es tan simple como vergonzosa: los contratos”.

Esta intervención tiene connotaciones morales, pero también legales. Según la Ley de exportación británica de armas, es ilegal vender armamento o munición a un Estado que está en “claro riesgo” de cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario.

Hasta el momento, Naciones Unidas ha registrado al menos 119 ataques de la coalición que violan el derecho internacional, muchos de ellos incluyen bombardeos a instalaciones civiles como hospitales, colegios, mezquitas o mercados. Si bien es cierto que ambos bandos han sido acusados de cometer violaciones de los derechos humanos, las cifras de víctimas civiles se han disparado desde la llegada de la coalición. La agresión más grave ocurrió el pasado mes de octubre, en un funeral en la capital, Saná, que acabó con la vida de 140 personas e hirió a más de 525.

Las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional han alertado de la utilización de bombas de racimo “made in Great Britain” en objetivos civiles como granjas al norte del país. Bombas que, por añadidura proscribe el derecho internacional.

“La intervención de Reino Unido en Yemen es absolutamente ilegal, más sucia aún que la de Irak”, señala a Equal Times Kim Sharif, abogada británica de origen yemení y fundadora de la organización de derechos humanos Human Rights for Yemen.

En este caso, “la diferencia es que la participación de Reino Unido en la guerra de Yemen ni siquiera se aprobó en el Parlamento, ha estado completamente silenciada”. Para la letrada, “David Cameron y su gabinete deben asumir las consecuencias de un conflicto en el que han metido las manos hasta el fondo”.

Tras las crecientes presiones de las últimas semanas, el Parlamento se encuentra dividido. Mientras voces del Partido Laborista han llamado a una suspensión total de la venta de armas, otros esperan tener los resultados concretos de la Campaña Contra el Comercio de Armas (CAAT, por sus siglas en inglés), que ha solicitado un recurso de institucionalidad en el Tribunal Supremo. El veredicto final se conocerá en febrero.

“Es fundamental llevar a cabo una investigación minuciosa sobre la campaña de bombardeos dirigida por Arabia Saudita. Si se ha violado el derecho internacional, aquellos que lo han permitido deben sentir todo el peso de la Ley”, expone Andrew Smith, portavoz de CATT, a Equal Times. “El Gobierno británico debe hacer todo lo posible para poner fin a la guerra y garantizar que el Derecho Internacional Humanitario sea respetado”. Algo que, según él, conlleva “cambiar sus leyes de exportación de armamento y poner fin a esta relación tóxica de décadas con Arabia Saudí”.

El Gobierno, sin embargo, se opone con firmeza a llevar a cabo un embargo de armas a su aliado, alegando que no hay pruebas concluyentes. Pero también se opone a que lo investigue un tribunal imparcial. En octubre, Reino Unido bloqueó en Bruselas la propuesta de Holanda de solicitar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una investigación independiente sobre los crímenes de guerra cometidos en Yemen.

 

Una intervención fallida

En la reciente Cumbre con los países del Golfo Theresa May se ha mostrado abierta a hablar sobre de las posibles violaciones de los Derechos Humanos cometidos por Arabia Saudí, pero no ha abandonado la idea de que gracias a la coalición “los británicos caminan más seguros por las calles”. Una idea que muchos tories suscriben, alegando que “no intervenir” tendría un precio todavía más alto, en una región ya de por sí inestable, en la que Irán –aliado de los rebeldes hutíes– ganaría influencia y el caos daría vía libre a la propagación del terrorismo del denominado Estado Islámico (EI) y Al Qaeda.

Sin embargo, pocos analistas consideran que esta actuación haya ayudado a estabilizar la región o haya cumplido alguno de sus objetivos iniciales. “Esta operación agrupa todos los elementos necesarios para el fracaso, como cualquier intento de injerencia en el país desde el siglo XIX”, explica Joffé. Por un lado “no ha conseguido llegar a un acuerdo con los rebeldes hutíes para devolver al presidente al poder, ni lo conseguirá”. Por otro “tampoco ha arrebatado a Al Qaeda el control de la provincia de Hadramout”.

Es más, explica, Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP, según siglas en inglés) cuenta con su sede de operaciones en Yemen y goza ahora de mayor nivel de influencia que en cualquier otro momento durante los últimos veinte años. “Por último no ha sido capaz de contener los movimientos independentistas del sur y, sin duda alguna, ha incrementado inmensurablemente el sufrimiento de la población”, asegura el académico.

La coalición ha impuesto un bloqueo aéreo y naval parcial, con el objetivo de impedir la llegada de suministros a las fuerzas hutíes. Este bloqueo ha provocado un fuerte aumento de los precios de los alimentos, en un país ya de por sí empobrecido que depende en un 90% de las importaciones.

Como consecuencia, alrededor de 375.000 niños en Yemen afrontan una situación de malnutrición severa. Cuatro de cada cinco yemeníes dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir, según datos de Amnistía Internacional. “La economía del país está completamente destruida”, lamenta Sharif. Según un informe conjunto del Banco de Desarrollo Islámico y la Unión Europea, el coste económico de la guerra y los daños en infraestructura ascienden a 14.000 millones de USD (13.000 millones de euros).

Una cifra muy por debajo de los 80.000 millones de dólares que Arabia Saudí, ese fiel aliado comercial de Reino Unido, invierte en armamento al año.