La línea púrpura de la ONU en Siria

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“La situación es tan desesperada, debido a los constantes bombardeos del régimen sirio y a la guerra psicológica del Estado Islámico, que cada buena noticia, por mínima que sea, cuenta. La Resolución 2235 del Consejo de Seguridad de la ONU [Organización de las Naciones Unidas] es una de ellas. Por primera vez, los expertos enviados van a proceder a una investigación para encontrar al responsable de los ataques químicos perpetrados en Siria” afirma Hamish de Bretton-Gordon, experto británico en armas químicas, en una entrevista con Equal Times.

Hace exactamente dos años se lanzaron cinco misiles tierra a tierra cargados de gas sarín sobre Guta, el barrio de Damas donde el Ejército Libre Sirio había vencido en varias batallas decisivas contra las fuerzas del ejército sirio de Bachar el-Assad.

Unas 3.600 personas fueron víctimas de este agente neurotóxico que, además de graves lesiones, provoca la muerte por asfixia. Fallecieron entre 355 personas, según Médicos sin Fronteras, y 1.845, según el ELS.

Estos misiles fueron lanzados justo un año después de que el Presidente estadounidense Barack Obama emitiera una advertencia: “Se lo hemos dejado muy claro al régimen de El Asad y a otros actores en la región. Para nosotros se cruzaría una línea roja si empezamos a ver movimiento o uso de armas químicas”, el 20 de agosto de 2012.

En lugar de provocar una intervención militar estadounidense, este ataque llevó a un acuerdo diplomático: con la Resolución 2018 de la ONU, Siria se convirtió en miembro de la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas, el 14 de septiembre de 2013.

Así se comprometía a declarar y destruir todo su arsenal de armas químicas, bajo la supervisión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

Hoy, la OPAQ considera destruido el 98,8% del arsenal químico declarado por el régimen sirio.

A pesar de que en la masacre de Guta se confirmó la utilización de gas sarín, los investigadores enviados por la ONU y la OPAQ no identificaron al responsable de este ataque ya que quedaba fuera de su mandato.

Sin embargo, un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch revela que dos de los cinco misiles fueron lanzados desde la base de la 104ª Brigada de la Guardia Republicana, un centro militar del régimen sirio.

¿Punto final de esta historia? Más bien punto de partida hacia el horror. Desde la Resolución 2118, se han perpetrado nuevos ataques químicos en los territorios sirios opuestos al régimen.

Entre febrero y abril de 2014 se lanzaron sobre el barrio de Hama una decena de bombas con gas de cloro; entre marzo y mayo de 2015, la población de Idlib pasó a ser blanco de este gas, que abrasa los tejidos pulmonares. Estos ataques dejaron decenas de muertos y heridos civiles.

Para Hamish de Bretton-Gordon no hay duda alguna sobre la autoría de estos ataques: “Junto a la ONG británica Syrian Relief, hemos formado a personal sanitario local para reaccionar en caso de un ataque químico y también para recoger pruebas. En abril de 2014, un médico arriesgó su vida para traerme muestras desde Kfar Zita y Talmenes, dos localidades donde se utilizaron armas químicas. Tuve la oportunidad de analizarlas desde la frontera turca y de confirmar que contenían cloro. En el ataque contra Sarmin, en abril de 2015, también conseguí pruebas que confirman el uso de cloro. En cada ocasión, los médicos me han mostrado videos en los que se veía cómo se lanzan las bombas de barril desde helicópteros, que sólo el régimen posee.”

La ONU aprobó en marzo de 2015 la Resolución 2209 denunciando el uso del cloro como arma química en Siria. Pero incluso en esta se evita nombrar a los autores del crimen.

De ahí que, por fin, la Resolución 2235, votada el 7 de agosto, devuelva a este británico un halo de esperanza, aunque ínfimo, en que se haga justicia. El Consejo de Seguridad expresa en ella su “determinación de identificar a los responsables de esos actos y reitera que esas personas, entidades, grupos o gobiernos responsables de cualquier empleo de productos químicos como arma, incluido el cloro o cualquier otra sustancia química tóxica, deben ser obligados a rendir cuentas”.

Después de la línea roja estadounidense, la ONU traza su línea púrpura.

 
“Las promesas rotas” de la ONU

Una decisión que para el doctor Majed Aboali llega demasiado tarde. Majed atendió a las víctimas del bombardeo de Guta, el 21 de agosto de 2013: “A principios de 2013 atendimos a las primeras víctimas de ataques con armas químicas. Alertamos a la ONU, a las ONG, solicitamos material especial para este tipo de víctimas. Todo en vano. Pienso que el régimen estaba poniendo a prueba la respuesta exterior. Entonces se produjo el ataque del 21 de agosto. ¿Y después? Muchos médicos y militantes hablaron de ello y no se hizo nada. Ahora no se puede pedir a los sirios que esperen algo de las resoluciones de la ONU”, afirmó en una entrevista con Equal Times.

Más matizado, el Centro Sirio de Justicia y Responsabilidad se congratula por esta “resolución esperada desde hace demasiado tiempo”, pero lamenta: “Un compromiso de remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia o de establecer un tribunal para perseguir a los autores habría enviado una señal mucho más firme”.

Dos años después del bombardeo del 21 de agosto de 2013, unos 500.000 habitantes continúan viviendo en Guta, bajo el asedio del régimen sirio. “La gente no sólo se muere por los ataques con armas químicas. Hay hambre, agua contaminada, bombas con barriles de TNT. ¿Qué espera la comunidad internacional de la generación que está creciendo bajo este asedio? ¡Estos niños no saben qué es una banana, pero pueden conseguir una pistola en menos de una hora!” se alarma el doctor Majed desde Turquía, donde vive refugiado desde 2014.

El domingo 16 de agosto, 112 civiles murieron y unos 250 resultaron heridos en un bombardeo de la aviación del régimen sirio contra un mercado en la localidad de Duma, la capital de Guta, según el Centro de documentación de las violaciones.

“Cada día sacamos cadáveres de entre los escombros, tras los ataques con barriles de TNT. En Idlib, Alep, Lattaquié, Hama, Homs, Deraa o en el barrio de Damas, el régimen está multiplicando los bombardeos contra mercados, hospitales y todos los lugares donde se reúnen civiles”, asevera Majd Khalaf, miembro de los Cascos Blancos, los voluntarios civiles sirios que han salvado ya más de 22.000 vidas.

En febrero de 2014, la Resolución 2139 de la ONU exigía poner fin a la utilización de bombas de barril en Siria.

Desde entonces no se ha adoptado ninguna medida, a pesar del uso cotidiano de estas armas por el ejército sirio contra su pueblo. En su página web, los Cascos Blancos no dudan de hablar de “promesas rotas”.

Además, recuerdan que el Consejo de Seguridad de la ONU se comprometió, a través de la Resolución 2209 de marzo de 2015, a recurrir al Capítulo 7 de la Carta de la ONU y al uso de la fuerza para proteger a la población civil, si continuaban los ataques con armas químicas.

Y concluyen: “Al no tomar medidas, los miembros del Consejo de Seguridad están incitando a los criminales”.