El proyecto de ley 70 obliga a los quebequenses que soliciten por primera vez alguna ayuda social, a entrevistarse con un agente de la oficina de empleo para establecer un currículo personalizado que favorecería su reinserción laboral, ya sea por medio de una formación, de la búsqueda intensiva de trabajo o del desarrollo de competencias sociales.

Los prestatarios que no se sometan a estos deberes se verán sujetos a importantes sanciones económicas. Su asignación mensual de base de 623 dólares canadienses, CAD (433 euros) podría reducirse progresivamente hasta 399 CAD (277 euros).

Por el contrario, las personas que participen en el programa recibirán una bonificación de 250 CAD (173 euros) mensuales.

“Con esta reforma, el Gobierno convierte la ayuda social en una solución de último recurso, en lugar de un derecho”, se indigna Yann Tremblay-Marcotte, portavoz de la asociación de personas asistidas sociales de Quebec (Front commun des personnes assistées sociales du Québec, FCPASQ).

“La prestación de base es ya demasiado baja. Resulta inaceptable amenazar a alguien con reducirle la ayuda social. Eso es quitarle la dignidad a las personas en dificultades”.

La coalition Objectif dignité (Objetivo dignidad), creada para luchar contra el proyecto de ley, solicita al ministro de Empleo y de Solidaridad Social, François Blais, que anule las sanciones económicas y apueste únicamente por incentivos positivos.

La agrupación propone modular la prestación por participar en los programas de empleo con el fin de que quienes se nieguen a iniciar los trámites no tengan simplemente derecho a la misma, pero puedan conservar su prestación de base.

La sanción no es una solución

Según Tremblay-Marcotte, optar por la sanción es ineficaz, además de apuntar a las personas equivocadas.

“Las personas más vulnerables son las que no conseguirán someterse a las exigencias. Y no es porque no quieran salir de su situación, sino porque se encuentran con obstáculos por todas partes, empezando por la estigmatización social. Con 400 dólares (278 euros) al mes en el bolsillo, no hay ninguna duda de que terminarán en la calle”.

Raymond Gariépy, beneficiario de la ayuda social, lleva varios años tratando de encontrar un trabajo adecuado a largo plazo. Según él, el proyecto del Gobierno es una aberración.

“He pasado 15 años de mi vida participando en iniciativas de empleabilidad, pero nunca lograba responder a las exigencias de los empleadores o de los agentes que se ocupaban de mi dossier”.

“No es verdad que la gente no quiera trabajar. Las sanciones económicas no son una solución para los jóvenes que están en dificultades. Es muy probable que recurran a soluciones extremas, que caigan en la delincuencia. Es preciso proporcionarles los medios para que puedan llegar a prescindir de la ayuda social. Pero no quitársela”.

El Gobierno, por su parte, sostiene que el envejecimiento significativo de la población en la provincia está provocando una necesidad cada vez mayor de mano de obra en todos los ámbitos y en todas las regiones de Quebec.

“No tenemos miedo de que a las personas aptas para trabajar, aquellas a las que apunta el proyecto de ley, les cueste encontrar trabajo. Por eso ahora es el momento de actuar para sacarlas del ciclo de la pobreza”, afirma Simon Laboissonière, agregado de prensa de François Blais.

A pesar de esta penuria de mano de obra, la socióloga Carole Yerochewski está convencida de que las empresas no ofrecerán condiciones óptimas a sus empleados. “La tasa de crecimiento económico en Quebec es actualmente muy débil. Las empresas carecen de los medios para ofrecer incrementos salariales”.

Yerochewski estima que el desequilibrio en la población activa va a hacer daño a los más desfavorecidos y a las personas que no tienen mucha educación o calificaciones.

“Con las medidas propuestas por el proyecto de ley 70, los prestatarios de la ayuda social podrán optar entre la precariedad extrema o aceptar un empleo a cualquier precio. No estarán en condiciones de negociar sus condiciones. Trabajarán con el salario mínimo, durante un número de horas insuficiente”.

“En otras palabras, el Gobierno se está ocupando de las necesidades de las empresas haciendo que sean los trabajadores los que acarreen con los hechos y las consecuencias”.

Responder a las necesidades de los empleadores

El proyecto de ley 70 indica que los prestatarios deberán aceptar “cualquier empleo adecuado que se les ofrezca”. Pero el término “adecuado” sigue sin haberse definido.

“Todo se hará de acuerdo con las normas del trabajo”, asegura el portavoz del Ministerio de Empleo. “Como hay carencias en todas las regiones, estamos convencidos de que la gente no tendrán necesidad de mudarse para encontrar trabajo. También trataremos de respetar las formaciones y calificaciones de cada persona”.

Con su proyecto de ley, el Gobierno apunta a las 17.000 nuevas personas aptas para el trabajo que se inscriben cada año a la ayuda social, de las cuales la mayoría son jóvenes de 30 años e inmigrantes. Más de 6.000 jóvenes provienen de familias que han recibido prestaciones de ayuda social.

Según Carole Yerochewski, la idea de acelerar la integración laboral de las personas que solicitan por primera vez la ayuda social proviene principalmente de las exigencias de las empresas. “Se apunta a los jóvenes, puesto que ellos todavía no han pasado por todas las humillaciones del sistema, ellos todavía no han perdido totalmente la confianza en sí mismos, y, sobre todo, todavía no han perdido el sentido del trabajo desde el punto de vista de las empresas”.

“El mensaje que se está transmitiendo es que no hay sitio para las personas que se llevan beneficiando de la ayuda social desde hace más tiempo. El Estado las abandona”, recalca Tremblay-Marcotte.

Para garantizar un mínimo de dignidad a los prestatarios de la ayuda social, Yenochewski opina que la gente tiene que seguir luchando para obtener un salario mínimo de 15 CAD (10 euros) por hora. “Eso no solucionará el problema del número insuficiente de horas, pero al menos envía una señal clara al Gobierno respecto a la calidad de un empleo. Además este debate deja más patente todavía lo injusto que es amenazar con reducir la ayuda social”.

Además de querer reducir la cifra de beneficiarios, el Gobierno tiene pensado ahorrarse cerca de 50 millones de dólares canadienses (35 millones de euros) al año.

En 2018 se estudiará en comisión parlamentaria un análisis de la futura ley, con el objetivo de evaluar las consecuencias.