Esos ataques incluyen, como de costumbre, amenazas, hostigamientos, privaciones temporales de la libertad y embestidas cibernéticas.

“A los periodistas que reportaron [irregularidades electorales] les bloquearon la difusión de la información, les quitaron las cámaras para borrar el material”, denuncia Gabriel Soto, coordinador del Programa de Protección a Periodistas del capítulo mexicano de Artículo 19, a Equal Times. La organización, con sede en Londres, documentó solo en mayo 32 incidentes de este tipo.

El 14 de mayo, el canal de televisión por internet Rompeviento TV sufrió el hackeo de su plataforma, con el consiguiente robo de dos años de materiales, que pudieron recuperarse.

El portal Sin Embargo ha padecido este año dos ataques de denegación de servicio (DDoS, por sus siglas en inglés) – el sitio recibe miles de visitas que no puede procesar, hasta que colapsa-, el segundo de los cuales ocurrió luego de revelar que el Partido Verde Ecologista de México, tradicional aliado del gobernante Partido Revolucionario Institucional, había contratado a una empresa para usar bots o usuarios ficticios en redes sociales.

“El contexto electoral agudiza las agresiones a periodistas, por exponer a candidatos corruptos y sus maniobras de compra y coacción del voto”, indica Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras, a Equal Times.

La coyuntura agrava la de por sí complicada situación de los informadores en un país que figura entre los 10 más peligrosos para la práctica del oficio, aunque no viva un conflicto armado abierto.

El ataque más reciente lo sufrió el periodista Bernardo Javier Cano, voz del programa radial Hora Cero, ubicado en Iguala, ciudad del estado de Guerrero. Cano fue secuestrado el 7 de mayo cuando regresaba a su casa y liberado el jueves 28, luego del pago de un rescate.

La masacre de Iguala

Iguala fue el escenario la noche del 26 de septiembre de 2014 del ataque contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos por parte de policías locales y que ocasionó seis muertos y 25 heridos.

Esos agentes entregaron a 43 futuros docentes a integrantes de Guerreros Unidos, una de las bandas narcotraficantes más violentas de la zona, según la investigación de la Procuraduría General de la República, y quienes los quemaron en el basurero de la localidad de Cocula –cercana a Iguala- y lanzaron los restos a un río cercano.

Guerrero es uno de los territorios donde el ejercicio periodístico enfrenta más barreras, como lo constató el reporte de abril último Informe sobre la situación del ejercicio del periodismo en Guerrero, elaborado por varias organizaciones no gubernamentales.

La estadounidense Freedom House enumeró agresiones contra 46 periodistas en Guerrero durante 2014. Por su parte, RSF documentó desde octubre pasado una treintena de reporteros agredidos durante las manifestaciones realizadas por la desaparición de los 43 estudiantes.

Las tinieblas que envuelven a los periodistas aztecas se ensombrecieron más a partir de diciembre de 2006, cuando el recién estrenado presidente conservador Felipe Calderón abrió un conflicto directo con los carteles de la droga, enzarzados en una disputa violenta por las rutas de distribución de narcóticos hacia el lucrativo mercado estadounidense.

La cauda de esa campaña ha cebado la mayor tragedia humanitaria en América Latina, con más de 23,000 desaparecidos, más de 100,000 homicidios y casi 200,000 desplazados internos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos calcula 100 asesinatos de informadores desde 2000, 21 periodistas desvanecidos desde 2005 y 45 atentados contra medios de comunicación desde 2006.

Una impunidad institucionalizada

“Hay una impunidad casi total. Esto impide parar los ataques y la vulnerabilidad del oficio. El periodista se pregunta para qué denunciar una agresión si eso lo va a exponer más”, explica Soto.

En su informe de marzo pasado “Estado de censura”, Artículo 19 documentó 326 agresiones contra periodistas, en un recuento del deterioro del ejercicio de la libertad de expresión y la violencia contra la prensa durante 2014.

La organización calculó que cada 26.7 horas se agrede a un periodista durante la actual gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, en comparación con un acoso cada 48.1 horas del periodo Calderón.

Durante el mandato de Peña Nieto, 10 periodistas han sido asesinados en posible relación con su labor informativa y otros cuatro han desaparecido, crímenes lacrados con la impunidad.

Uno de las consecuencias de esta situación son la censura y autocensura, corriente que se desplegó por los territorios del norte, donde los medios dejaron de hablar de la violencia. El fenómeno se propagó hacia el sur, hacia sitios como Michoacán y Guerrero, en la medida en que la sed de muerte se desplazaba.

“Son las consecuencias de la violencia. Se han vuelto una práctica común y de sobrevivencia para muchos periodistas y medios”, apunta Flores.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, creada en 2010, y el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de 2012 no han funcionado.

Hasta diciembre de 2014, la fiscalía había iniciado 642 indagatorias, de las cuales 167 correspondieron a ese año –en comparación con 124 de 2013 y 179 de 2012-, sin que haya mayores resultados de esas averiguaciones.

El mecanismo acumulaba 88 de 152 expedientes sin atender por ese órgano, hasta febrero de 2014.

Entre octubre de 2012 y diciembre de 2014, el Mecanismo recibió 218 solicitudes de protección, de las cuales 123 fueron de periodistas y 95 de defensores de derechos humanos. Respecto de éstas, dictó 45 medidas urgentes, 135 de protección y 46 preventivas.

“Todo está ligado. Aunque hubiese un mecanismo que operara bien, ¿cuándo terminarán las medidas de protección si no acaba la impunidad? Si la fiscalía no hace investigaciones más contundentes, el mecanismo sirve de poco”, resume Soto.

Para Flores, la administración de justicia tendría que ser más eficiente.

“Observamos un colapso del sistema”, remata.