Los resultados de Omaha hacen hincapié tanto en los avances logrados gracias a los años de organización en las comunidades de migrantes, como en la vulnerabilidad de las mismas bajo el próximo gobierno de Trump.

“Hemos desarrollado instituciones donde los migrantes están obteniendo poder en medio de una cultura corporativa”, asegura Sergio Sosa, director de la ONG con sede en Nebraska Heartland Workers Center.

En una entrevista para Equal Times, Sosa relató una historia de 20 años de organización en las comunidades y lugares de trabajo. “Hemos resistido a las redadas contra los migrantes en las plantas procesadoras de carne bajo las administraciones de Clinton y Bush. Además, hemos organizado manifestaciones a favor de la reforma migratoria. Durante ocho años hemos luchado contra las deportaciones y desarrollado una base de poder distrito a distrito bajo el presidente Obama”.

Al igual que en Omaha, esta ONG ha ayudado a los latinoamericanos a organizarse en Schuyler, una de las numerosas pequeñas poblaciones del Medio Oeste donde los migrantes se han convertido en la principal mano de obra de las procesadoras locales de carne. En muchas localidades constituyen ahora la mayoría de la población.

“Sin embargo, la realidad es que la gente en Schuyler, al igual que en el sur de Omaha, está muy asustada por lo que una victoria de Trump puede significar”, advierte Sosa. “Esta es una de las grandes contradicciones aquí. Hemos logrado cierto grado de poder a nivel local, pero el peligro derivado de los resultados de las elecciones presidenciales ha aumentado espectacularmente”.

Las políticas son más peligrosas que la retórica

Durante la campaña electoral estadounidense, Trump destacó por referirse a los migrantes mexicanos como “delincuentes” y “violadores”. Asimismo, ha recibido críticas unánimes por comprometerse a construir un “muro impenetrable, físico, alto, poderoso y hermoso en la frontera sur” que abarque los más de 3.000 kilómetros del límite entre Estados Unidos y México.

Sin embargo, sus propuestas políticas son mucho más peligrosas que sus insultos. Su plan de acción de 100 días para “Hacer América grande de nuevo” promete “empezar a sacar del país a los más de dos millones de migrantes ilegales con delitos”. Esto desde el primer día de Trump en el cargo.

Aunque Trump asegura que esta medida se limitará únicamente a “los delincuentes”, sigue suponiendo una amenaza: la de las deportaciones en masa. En esta sociedad con una de las mayores tasas de encarcelamiento del mundo, los delitos suelen definirse en un sentido muy amplio. En el pasado, los fiscales federales han juzgado a trabajadores acusándoles de delitos graves, simplemente por haber dado un número de la seguridad social falso a un empleador en el momento de ser contratados. Asimismo, la policía a menudo ha acusado a trabajadores de pertenecer a pandillas para detenerles y deportarles.

Algunos de los políticos con posturas más radicales en lo relacionado con la migración asesoran actualmente al presidente electo Trump y han afirmado que estar indocumentado es, en sí mismo, un hecho delictivo. En 2006, el congresista republicano James Sensenbrenner llegó a convencer a la Cámara de Representantes de EE UU para que aprobara un proyecto de ley, el HR 4437. Si se hubiera convertido en ley, hubiera tipificado el estar en Estados Unidos sin documentos legales de migración como un delito federal grave. Dicho proyecto de ley provocó enormes manifestaciones en todo el país, lo cual evitó que se promulgara como ley. En Schuyler se manifestaron tres mil personas, alrededor de la mitad de la población total de la localidad.

Asimismo, las políticas migratorias de Trump serán aplicadas por el senador de Alabama Jeff Sessions, nombrado Fiscal General por el gobierno entrante. Este escéptico del cambio climático, cuya carrera se ha visto salpicada por numerosas denuncias por racismo, mantiene una postura especialmente dura en el ámbito de la migración. El año pasado propuso una condena de cinco años para cualquier migrante indocumentado previamente deportado al que sorprendan en el país, lo cual parece apoyar Trump.

Durante el mandato del presidente Obama, Estados Unidos ha deportado a más de dos millones de personas. Cientos de miles de estos deportados tienen hijos y familias en Estados Unidos y han intentado regresar para reunirse con ellos. Si este proyecto de ley sigue adelante, pasarían a poblar las prisiones.

Otro de los compromisos de Trump para sus primeros días en el cargo consiste en “anular cualquier acción ejecutiva, memorando o decreto inconstitucional dictado por el presidente Obama”. Esta promesa hace referencia a los ataques de Trump (y especialmente de los ideólogos de los medios de comunicación de derechas que ahora asesoran a su equipo de transición) a la acción ejecutiva de Obama, mediante la cual otorgó permisos temporales de residencia a los menores indocumentados que llegaron a EE UU con sus padres (Programa de acción diferida para jóvenes llegados en la infancia o DACA).

Los jóvenes que obtuvieron la residencia gracias al DACA, más conocidos como “dreamers” (soñadores), han sido uno de los sectores más activos del movimiento estadounidense por los derechos de los migrantes.

La acción de Obama se promulgó gracias a sus manifestaciones en las calles, su defensa de los jóvenes detenidos para ser deportados e incluso la ocupación de su oficina en Chicago durante la campaña de reelección en 2012.

En Omaha, muchos de los jóvenes organizadores que han ido de puerta en puerta registrando a los votantes en el municipio 4 son beneficiarios del DACA y estudian en las universidades locales. La anulación de “cualquier acción ejecutiva inconstitucional” no solo anularía su residencia; como han tenido que facilitar sus direcciones e información personal al gobierno para obtener un aplazamiento de su deportación, estos jóvenes podrían convertirse en un blanco fácil para Trump si éste decide aplicar dicha medida.

Acabar con las “ciudades santuario”

Según anunció Trump, en su primer día en el cargo anulará todas las subvenciones federales a las “ciudades santuario”. Más de 300 ciudades estadounidenses han adoptado políticas en las que estipulan que no detendrán ni juzgarán a ningún individuo por la única razón de estar indocumentado. Dichas medidas responden a una política federal desarrollada durante las dos últimas décadas, mediante la cual las autoridades migratorias han pretendido hacer a la policía responsable de la detención de personas debido a su situación migratoria.

Muchas ciudades, e incluso algunos estados, se han opuesto a dichos planes federales, entre los que destaca el infame ‘programa 287.g’. La propuesta de Trump anularía las grandes subvenciones federales de la vivienda, la atención médica y otros servicios sociales en ciudades que no cooperen con las redadas para detener y deportar a migrantes. Es perfectamente factible que el fiscal general Sessions, que ha criticado al presidente Obama por no deportar a suficientes personas, exija a los policías locales que cooperen con las autoridades federales para aplicar las leyes de migración.

Tras las elecciones, los gobiernos municipales se apresuraron a declarar que no se dejarían intimidar por las amenazas. En San Francisco, que recibe 1.400 millones de USD anuales en concepto de subvenciones federales, el alcalde Ed Lee aseguró: “Siempre seremos una ciudad santuario”.

El presidente interino del Senado de California [nota del editor: un senador al que eligen para presidir el Senado en ausencia del vicepresidente], Kevin de León, y el portavoz de la Asamblea de California, Anthony Rendon, emitieron un comunicado conjunto en el que prometieron lo siguiente: “No vamos a permitir que unas solas elecciones reviertan los avances conseguidos durante generaciones en el punto álgido de nuestra diversidad histórica, nuestro avance científico, nuestro rendimiento económico y nuestro sentido de la responsabilidad global”.

Sin embargo, California es un estado donde el Partido Republicano no tiene ninguna sede estatal y donde ha perdido casi todo su poder en las principales ciudades. Según Sosa, en Omaha la victoria de Trump ha hecho que los políticos demócratas se sientan atemorizados. “Los mismos grupos que salieron a registrar votantes en el sur de Omaha ahora tendrán que reconstruir la coalición que luchó por implantar medidas como la de los permisos de conducir para los indocumentados”, afirma. Tendrán que reunirse con los legisladores para exigir que defiendan activamente a las comunidades de migrantes de los ataques federales que parecen inminentes.

“La gente tiene que recordar el poder que ha desarrollado a nivel local y utilizarlo, incluso ante la amenaza de una derrota a nivel nacional”, advirtió Sosa.

Otros grupos, en especial el de los dreamers, consideran que las acciones directas en la calle constituyen una parte importante de la defensa de sus comunidades. En la iniciativa para conseguir el DACA, numerosas manifestaciones juveniles en todo el país intentaron detener las deportaciones organizando sentadas frente a los autobuses que transportaban a los prisioneros a centros de internamiento. Incluso en los mismos centros de internamiento, los detenidos organizaron huelgas de hambre con el apoyo de activistas que acampaban frente a la entrada.

En Arizona, el sheriff Joe Arpaio (que se hizo famoso por ordenar a la policía local que detuviera a los indocumentados y por pasearlos por las calles hasta un centro de internamiento) fue finalmente derrotado este pasado noviembre al intentar ser reelegido. Carlos García, director ejecutivo de Puente (una organización de Phoenix que defiende los derechos de los migrantes), declaró que “la gente contra la que luchaba Arpaio decidió luchar contra él. Perdió el poder cuando los migrantes indocumentados perdieron el miedo”.

Arpaio, que se pronunció a favor de Trump en la Convención Nacional Republicana, intentó aprovechar ese apoyo para salir reelegido en las elecciones, pero fue derrotado por un movimiento popular que creció gracias a los años de organización a nivel local.

Una activista, Parris Wallace, explicó a Alternet: “Llegamos a los barrios latinos de todo el condado. Hablamos con blancos de la clase trabajadora, universitarios y personas que no suelen votar. Llegamos a las personas a las que los políticos no piensan que merece la pena movilizar”.

Tras las elecciones se han sucedido numerosas protestas y manifestaciones contra la victoria electoral de Trump en ciudades de todo el país y miles de estudiantes han salido de los institutos y universidades para echarse a las calles. El apoyo comunitario a la gente amenazada por las deportaciones y las protestas de los migrantes indocumentados han sido una parte visible de dichas acciones.

Maru Mora Villapando, una de las organizadoras de las huelgas de hambre y las protestas que se han llevado a cabo durante los últimos cuatro años en el centro de internamiento de Tacoma (Washington), advierte que los organizadores tienen que empezar a centrarse en la defensa inmediatamente, en lugar de esperar a que Trump inicie sus ataques. Eso significa que hay que ejercer presión sobre el gobierno de Obama para que revierta al máximo posible la maquinaria de detenciones y deportaciones antes de dejar el cargo. “No queremos que se limite a entregarle las llaves de la maquinaria tal y como está ahora”, concluye.