Según la Marikana Support Campaign (MSC), las familias de los 34 mineros en huelga, asesinados por la policía sudafricana en la mayor masacre del país desde Sharpeville, iniciarán una causa civil y privada contra el gigante minero de platino Lonmin, el vicepresidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el antiguo ministro de Policía, Nathi Mthethwa.

“Las familias están consultando con sus abogados para tomar una decisión definitiva pero sin duda se iniciará una causa civil y privada”, dijo el realizador Rehad Desai, director del aclamado documental Miners Shot Down y miembro de la MSC.

Tras el anuncio se dio rápidamente a conocer la noticia de que Economic Freedom Fighters, el partido político fundado por el antiguo partidario incondicional del ANC Julius Malema, ha abierto causas penales contra las personas mencionadas anteriormente, así como la antigua ministra de Minería, Susan Shabangu, la jefa nacional de policía, Riah Phiyega, y la jefa de policía de la provincia noroccidental, Zukiswa Mbombo.

Los cargos van desde conspiración para cometer asesinato a intento de asesinato y asesinato.

El 16 de agosto de 2012, 34 mineros fueron asesinados a tiros en Marikana, cerca de la ciudad de Rustenburg cuando hacían huelga por un salario digno de 12.500 rands (aproximadamente 1.500 dólares).

Otros 10 hombres fueron asesinados ese mes en actos violentos vinculados con la huelga, tres de ellos a manos de la policía.

Más de 70 resultaron heridos y numerosos mineros fueron detenidos.

Cyril Ramaphosa era uno de los directores y principales accionistas en Lonmin en esa época y Nathi Mthethwa era el ministro de Policía.

El anuncio de la MSC se produjo tras la conclusión de la Comisión Farlam, una investigación de dos años de la masacre.

Las familias de los mineros asesinados se mostraron muy decepcionadas tanto por el desarrollo de la investigación como por sus resultados, y no menos porque se les había prometido un preaviso de 48 horas antes de la publicación del informe, el cual no recibieron.

El punto crucial es que el informe concluía que “habría sido imposible desarmar y dispersar a los huelguistas sin un derramamiento de sangre importante”, exonerando así a Lonmin y los que se encontraban arriba de la cadena de mando de cualquier responsabilidad con respecto a la matanza.

Aunque la Comisión recomendaba una investigación penal para ver si se podía responsabilizar a agentes de policía individuales de las muertes, la MSC denunció que “el tono general del informe tiende en gran medida a difamar a los huelguistas”.

Asimismo, la MSC ha declarado que las familias de los mineros también iniciarán una causa por difamación contra el presidente Jacob Zuma por sus comentarios de que se mató a los mineros para evitar más muertes.

Parodia de la justicia

La MSC describió el informe como una gran decepción y “una parodia de los llamados procesos de justicia en Sudáfrica” con conclusiones que contradecían las pruebas disponibles.

“Establecer una comisión de investigación fue un compromiso lamentable, ya que había argumentos sólidos en contra de todos aquellos implicados, incluidos Nathi Mthethwa, Cyril Ramaphosa, Susan Shabangu y los responsables de Lonmin”, dijo Desai a Equal Times.

Jim Nichol, un abogado con sede en Londres que representó a algunas de las familias en la Comisión, comparte la indignación de la MSC ante las conclusiones del informe.

“Las pruebas presentadas en la Comisión dejaron claro que la estrategia de los mineros era negociar con la empresa y que la empresa quería romper la huelga y esto fue ignorado por [el juez Ian] Farlam a causa de su propia ideología política”.

Continuó: “La conclusión de que la masacre fue el resultado de una mala gestión y una comunicación deficiente entre los huelguistas y Lonmin no explica por qué en la mañana del 16 de agosto, agentes de policía de alto rango pidieron cuatro camiones para el depósito de cadáveres y 4.000 ametralladoras adicionales”.

Nichol hizo estos comentarios cuando participaba en un seminario sobre el informe organizado por el Alternative Information and Development Centre.

Nichol también criticó duramente al juez Ian Farlam por no admitir las pruebas abrumadoras de injerencia política por parte de Ramaphosa y Mthethwa.

Los únicos altos cargos implicados en la investigación, que costó 153 millones de rands (aproximadamente 12,3 millones de dólares), fueron Mbombo y Phiyega.

“Fuera de lugar y desafortunada”

El informe acusaba a los responsables de la Association of Mineworkers and Construction Union (Amcu) de no controlar eficazmente ni garantizar la conducta legal de los huelguistas, una acusación que Amcu ha descrito como “fuera de lugar y desafortunada”.

El portavoz del National Union of Mineworkers, Livhuwani Mammburu, dijo que su organización examinaría detenidamente la conclusión para garantizar que “no haya otro Marikana”.

Lonmin todavía no ha respondido al informe, que estimó que la empresa no respondió eficazmente al brote de violencia al insistir en que los trabajadores que no estaban en huelga continuaran trabajando, aunque no les ofreciera ninguna protección.

La Comisión también criticó a la empresa, que ha repatriado al menos 400 millones de rands (aproximadamente 31,9 millones de dólares) de beneficios cada año a Bermuda entre 1999 y 2012 y ha eludido pagar el impuesto de sociedades en Sudáfrica, por su aplicación insatisfactoria de los planes sociales y laborales obligatorios.

Un informe reciente elaborado por la AIDC reveló que Lonmin acaba de construir casas para los trabajadores a pesar de tener la obligación de construir 5.500 casas en un período de cinco años.