Los políticos y expertos que diseñaron el proyecto de ley temen que los propagandistas puedan avivar las tensiones étnicas y los movimientos separatistas en Letonia, como ya ocurrió en el este de Ucrania, mediante el uso de los medios de comunicación convencionales, las redes sociales y eventos como los campamentos juveniles.

La propuesta legislativa pasó la primera lectura el 3 de marzo. Dicho proyecto está compuesto por varias enmiendas de disposiciones sobre delitos contra el Estado. Los diputados letones consideraron que estas revisiones eran lo suficientemente urgentes como para optar por un procedimiento legislativo acelerado de dos lecturas en lugar de tres. La segunda lectura estaba prevista para el 7 de abril, pero se aplazó para disponer de más tiempo para preparar las enmiendas.

Ya se han organizado varios actos de protesta de poca envergadura contra la propuesta de ley. La abogada defensora de los derechos humanos Elizabete Krivcova explicó a Equal Times: “Debido a la presión de la sociedad civil y la prensa, los autores de la propuesta accedieron a cambiar el proyecto de ley. Sin embargo, se niegan a entablar un amplio debate sobre el mismo”.

De aprobarse, las enmiendas sancionarían a las personas que se considere estén actuando en contra de la independencia, soberanía y unidad territorial de Letonia o que insten a derrocar al Estado.

La incitación a derrocar al Estado letón, modificar la estructura del mismo o ayudar a un país extranjero u organización a hacerlo puede sancionarse con hasta cinco años de prisión. Las actuales disposiciones jurídicas tan solo tipifican penalmente las acciones violentas.“Si se aprueba, la ley puede impugnarse en el Tribunal Constitucional”, asegura Aleksejs Dimitrovs, un asesor jurídico del grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea del Parlamento Europeo que ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre cuestiones relacionadas con las minorías y la ciudadanía en Letonia

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En la entrevista expuso el resultado final de casos similares: la Comisión de Venecia del Consejo de Europa (que ofrece asesoramiento jurídico a los Estados europeos) reprobó en una ocasión las disposiciones constitucionales de Rumanía sobre la ‘difamación del país’ y sostuvo que “la libertad de expresión está protegida aunque escandalice, ofenda o moleste y los derechos de los partidos políticos que apoyan el separatismo deben protegerse, siempre y cuando utilicen y aboguen únicamente por medios pacíficos para provocar el cambio”.

Varios casos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Akgöl y Göl contra Turquía 2011 y Murat Vural contra Turquía 2014, por ejemplo) han determinado que “las formas de expresión pacíficas y no violentas no deben supeditarse a la amenaza de imposición de una pena de prisión”.

Dimitrov está seguro de que “si se aplicara en un juicio penal, la persona condenada por una sentencia judicial firme en Letonia podría presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

 
El creciente ‘poder blando’

Por otro lado, las actuales disposiciones se consideran anticuadas para el contexto del creciente ‘poder blando’ de Rusia en el pequeño Estado del Báltico. Un comunicado de prensa emitido durante la primera lectura del proyecto de ley cita a Evika Siliņa, secretaria parlamentaria del Ministerio del Interior, quien declaró que las disposiciones sugeridas permitirán al gobierno abordar el tema de los campamentos militares juveniles financiados con capital extranjero, que constituyen una fuente de gran inquietud en Letonia.

Asimismo, las actuales disposiciones se consideran demasiado débiles para contrarrestar el espionaje.

Andis Kudors, director ejecutivo del Centro de Estudios Políticos del Este de Europa en la capital letona de Riga, apoya la nueva propuesta de criminalizar las acciones no violentas.

“Los activistas pueden utilizar a título personal los medios de comunicación, las redes sociales, las redes de las ONG y otros instrumentos y actividades para perjudicar a las labores de las instituciones estatales, socavar el proceso político democrático y aumentar las divisiones sociales por criterios étnicos”, explicó a Equal Times.

Kudors cree que la nueva ley letona protege las libertades fundamentales, en lugar de amenazarlas. “Rusia está utilizando nuestro sistema político abierto y nuestra sociedad libre para socavar nuestra libertad”.

Māris Andžāns, del gabinete estratégico Instituto Letón de Asuntos Internacionales, comparte esta opinión.

“Debido a la naturaleza evolutiva de los métodos y herramientas que utilizan ciertos Estados para poner en peligro la seguridad nacional de otros Estados, es necesario reforzar las herramientas que poseen los Estados sometidos a presión o que se defienden. Algunos de esos métodos y herramientas que utilizan ciertos Estados implican el uso de las debilidades intrínsecas de las democracias liberales con fines deshonestos, en especial la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación de masas”.

Se han dado casos de entidades rusas que financian grupos de presión en los países bálticos. Chatham House, un gabinete estratégico con sede en Reino Unido, calcula que alrededor de 150 grupos financiados por el gobierno ruso llevan desde 2014 operando fuera de Rusia; las subvenciones ascienden a 70 millones USD al año.

Aunque muchos países ofrecen subvenciones en el extranjero a las ONG y los medios de comunicación (por ejemplo, en 2014 USAID gastó más de 300 millones USD en subvenciones a países europeos y euroasiáticos y Noruega aportó 804 millones € en 2009–2014 para los miembros más pobres de la UE), el movimiento de fondos de países como Rusia o China se está vigilando con gran preocupación debido a las actuales tensiones geopolíticas.

Letonia se considera un país especialmente vulnerable a la influencia del Kremlin, pues su gran minoría de habla rusa está privada de representación y derechos.

Según el último censo, el 27% de los habitantes de Letonia se identifica con un origen étnico ruso. Además, el 14% de la población letona (principalmente de habla rusa) no cuenta con la ciudadanía de este país porque no ha aprobado un examen de lengua letona.

 
No solo en Letonia

Sin embargo, el temor a una ‘guerra de la información’ con Rusia no es exclusivo de Letonia.

El año pasado, la cadena de televisión alemana Deutsche Welle inició una campaña de cooperación con Lituania y Letonia destinada a las minorías de habla rusa de estos países con el objetivo de contrarrestar la propaganda a favor del Kremlin.

“Tras la crisis ucraniana y la nueva confrontación entre el Este y el Oeste, la televisión se ha convertido en un arma”, concluyó Der Spiegel en su artículo sobre dicha cooperación.

El Centro Stratcom de Inteligencia de la OTAN, con sede en Letonia, publicó un informe recientemente sobre las guerras de la información en Europa, en el que utilizó a Letonia como objeto de estudio.

El informe presentó como amenazas para la seguridad el troleo y el “uso de los medios en línea como armas”. Asimismo, Chatham House señaló que el troleo puede incluso llegar a afectar a las inversiones extranjeras; por ejemplo, al difundir opiniones que refuercen la idea de que determinados países pueden ser invadidos pronto.

El director del Centro Stratcom de la OTAN ha presentado pruebas de que los canales rusos del ‘poder blando’ también estaban “sembrando inquietud en Alemania” contra la Canciller Angela Merkel. El año pasado, la guerra de la información fue uno de los asuntos que se abordaron en una cumbre de la UE, en la que Letonia presentó la propuesta de que la Unión Europea financiara una cadena de televisión en ruso para contrarrestar la presión ideológica dirigida hacia las minorías de habla rusa.

Incluso la neutral Suecia ha hecho hincapié en la necesidad de contrarrestar la propaganda en su estrategia de defensa para 2016-2020.

Sin embargo, los abogados defensores de los derechos humanos temen que las restricciones a la libertad de expresión y reunión acerquen a Letonia a Rusia, en lugar de alejarla de la misma.

En una entrevista con Baltkom Radio, la abogada Krivcova advirtió de que, sin las debidas garantías, la propuesta de ley podría llevarse a extremos.

Dimitrov declaró: “Durante décadas, los tribunales letones tendían a interpretar [el concepto de] la libertad de expresión en un sentido muy amplio. Incluso en casos de denuncias creíbles de incitación al odio, las condenas eran muy leves. Sin embargo, el 26 de febrero, el tribunal del distrito de Kurzemes de la ciudad de Riga condenó a Maxim Koptelov a seis meses de prisión por una petición publicada en la página web avaaz.org en la que pedía que Letonia se integrara a Rusia, aunque el autor mencionaba en el texto que se trataba de una broma”.

“Para analizar las posibles implicaciones hay que mirar los casos de traición al Estado en Rusia después de que se aprobaran enmiendas similares en 2012”, explicó Krivcova a Equal Times.

La actual ley rusa sobre traición penaliza la prestación de asistencia financiera, técnica o de cualquier otro tipo a cualquier Estado extranjero u organización internacional que pretenda vulnerar la seguridad del país. El diario The Guardian publicó recientemente que el año pasado se juzgaron en Rusia más de 20 acusaciones de delitos contra el Estado y que todos los detalles de los mismos fueron clasificados a pesar de las duras críticas de las organizaciones de derechos humanos.

Andžāns admite que “la criminalización de cualquier actividad nueva no debería ser el objetivo final” de la nueva ley letona y que la nueva propuesta requiere unos mecanismos democráticos de control claros. “Cualquier medida para penalizar las actividades no violentas contra el Estado deben formularse y debatirse cuidadosamente para evitar que se utilicen contra los medios independientes y la sociedad civil”, explicó a Equal Times.