El edificio de la escuela es espléndido: 20.000 m² construidos de A a Z por diez trabajadores sirios en medio de un barrio de Beirut que no han tenido ni tiempo de conocer.

La obra terminada, Abou, de unos cuarenta años, desdentado y demacrado, se prepara para ir a ver a su empleador libanés a fin de que le proponga una nueva obra de construcción.

Lleva veinte años viviendo esta existencia frugal: seis meses al año trabaja y duerme en las obras de construcción en Líbano a razón de 400 dólares al mes.

El resto del tiempo solía volver a Deraa, en Siria, con su esposa y sus siete hijos.

Ahora es imposible, después de que el levantamiento popular de su ciudad natal en marzo de 2011 se ha convertido en un conflicto civil sin fin, empujando a más de un millón de sirios a huir al Líbano.

Sin embargo, muchos de ellos ya se encontraban antes trabajando en las obras de construcción y levantando las cosechas en el país del Cedro.

Entre 1969 y 1973, había ya más de un millón de trabajadores sirios estacionales. En aquella época bastaba un simple documento de identidad de la frontera sirio-libanesa para entrar al país y trabajar en las tareas más arduas destinadas al desarrollo de la “Suiza del Medio Oriente”.

Contratar a un trabajador sirio equivalía entonces a esquivar el pago de la seguridad social, obligatorio desde 1963 para los trabajadores libaneses, y a evitar los movimientos sociales que estos últimos multiplicaban para defender sus derechos.

Después de la guerra civil (1975-1990), la reconstrucción del país necesitaba un nuevo un refuerzo de mano de obra.

Los acuerdos de cooperación bilaterales firmados entre Siria y el Líbano en 1994 permiten a los ciudadanos sirios trabajar en Líbano con un simple permiso de residencia, expedido por un período de tres meses en la frontera.

Una situación que conviene tanto al régimen sirio, que encuentra una solución al desempleo endémico, como a los empresarios libaneses.

La víspera del conflicto sirio, se calcula que la presencia de estos trabajadores y trabajadoras extranjeros oscilaba entre 400.000 a 1.400.000 personas.

“No era una panacea. Llegábamos, trabajábamos y volvíamos a casa. Pero desde el comienzo de la revolución en Siria vivimos aquí bajo una opresión de todo tipo: legal, social y psicológica”, afirma Ahed, trabajador originario de Salamieh, al tiempo que da una última capa de pintura a los muros de la escuela.

Al llegar a un país donde el costo de la vida es muy superior al de Siria, los refugiados, que lo han perdido todo, buscan puestos de trabajo de supervivencia, ya sea taxista o conserje, trabajador manufacturero o agricultor.

Definidos a diestra y siniestra como una “carga” por el Gobierno del Líbano en las reuniones de los donantes para los refugiados sirios, su presencia sigue siendo una bendición para los empresarios libaneses.

Los contratan por un día o un mes, por una miseria y sin papeleo: en 2012-2013 se expidieron a nacionales sirios 650 permisos de trabajo.

Directiva controvertida

Todo cambia en octubre de 2014, cuando el Gobierno aplicó una política de cerrar sus fronteras a los solicitantes de asilo sirios, salvo casos humanitarios excepcionales.

Posteriormente, a finales de diciembre, una directiva bastante vaga emitida por la Seguridad General prohíbe a los nacionales sirios registrados como refugiados ante el ACNUR ejercer un empleo remunerado. Además, todo aquel que venga a trabajar deberá ser patrocinado por un nacional libanés, lo que les procurará un permiso de trabajo: el sistema de kafala.

Cuando nos pusimos en contacto con la Seguridad General, ésta no respondió a nuestra solicitud de aclaración.

A juicio de Ghida Franyieh, abogada de la ONG Programa Jurídico, “la directiva tiene por objeto conservar solamente a los sirios que sirven los intereses económicos del Líbano: los ricos y los que sirven a los ricos, es decir, los trabajadores manufactureros y los estacionales. Los demás son indeseables, ya que el Ministerio de Trabajo autoriza que los sirios trabajen únicamente en las actividades agrícolas, de construcción y limpieza”, explica a Equal Times.

En opinión de Franyieh, esta formalización de los trabajadores y trabajadoras sirios a través de un permiso de trabajo implica en realidad muy pocas ventajas.

“Es cierto que con un permiso pueden defenderse en caso de despido improcedente. Pero no me imagino a un sirio denunciar a un empresario libanés. En cuanto a la seguridad social, aun cuando coticen, no tienen el derecho a beneficiarse de ella debido a su calidad de extranjeros”, agregó la abogada.

También está por verse que reciban dicho permiso. Los empleadores de la construcción, acostumbrados durante décadas a contratar informalmente a los trabajadores sirios, se muestran renuentes a cumplir con este requisito.

“Los trámites necesarios plantean varios problemas. Por ejemplo, uno de los requisitos exige que el trabajador esté domiciliado en una dirección certificada por un notario, sin embargo, ¡la gran mayoría vive en la obra de construcción en la que trabaja!” afirma Nadim Asmar, director del sindicato libanés de empresarios de obras públicas.

Los empleadores también deben responsabilizarse durante seis meses de trabajadores que a veces contratan por la jornada. El sindicato ha exigido flexibilidad al Ministro de Trabajo, Sejean Azzi.

“Los constructores libaneses declaran el hormigón y el cemento, pero omiten declarar el costo de los permisos de trabajo”, denuncia este último.

“Les he dicho que si procuran un permiso de trabajo a todos sus trabajadores sirios, yo me mostraría indulgente”, continúa.

“Sin embargo, desde entonces, solamente se han manifestado dos empresas. Una para declarar 17 trabajadores sobre 3000 y la otra 70”.

Con sus 11 inspectores del trabajo, hasta la fecha el Ministerio no ha sancionado a ninguna empresa por el trabajo no declarado.

Los agricultores libaneses están en la misma situación: “Los trabajadores sirios no logran conseguir un patrocinador para venir a Líbano. Como resultado, hace falta un 70% de trabajadores de temporada”, alerta Antoine Hoyek, presidente de la Asociación libanesa de agricultores.

“A veces llegan, pero cuestan más caros”, afirma.

En Rayak, pueblo situado en el valle de Bekaa, cubierto de campos de patatas y trigo, las mujeres se afanan en sacar las malas hierbas alrededor de las plantas de lechuga por 6.000 libras libanesas (4 USD) la jornada de cinco horas.

A pesar de la prohibición legal, estas campesinas que huyeron de Salamieh no tienen otra opción que trabajar. También en este caso, los empleadores no han visto la necesidad de declarar a sus trabajadoras sirias.

“Comprometerse a no trabajar es muy difícil de cumplir, incluso para aquellos que se benefician de la asistencia humanitaria”, admite Dana Suleiman, portavoz del ACNUR. “En última instancia, estas medidas pueden sumir a los sirios en la clandestinidad”.

Este es el caso de Moussa y su familia, que cosecha patatas no muy lejos de allí. “No he renovado mi permiso de residencia desde hace tres meses porque no tengo los 200 dólares que cobra la Seguridad General. El Programa Mundial de Alimentos nos da 19 USD al mes para vivir, y con mi paga de 1.500 libras (1 USD) por hora, no tengo con qué pagar los gastos de notario para declarar a un patrocinador”, explica este trabajador de unos cuarentena años originario de Idlib y padre de siete hijos, que trabajan desde la edad de los seis años.

“Todavía hay muchas incertidumbres sobre la aplicación de esta directiva”, señala Ghida Franyieh. “¿Van los empleadores a solicitar los permisos de trabajo o van a continuar sin este permiso? ¿Los sirios serán castigados si trabajan sin permiso? ¿Será posible controlar a más de un millón de estos trabajadores?”

“Hay algo muy cierto, esta directiva es ilegal. La Seguridad General ha sobrepasado sus prerrogativas y estas medidas van en contra del derecho de asilo y del principio de no devolución”.