En un extremo de este hilo se encuentra el asesinato en 2004 de Chea Vichea, el líder de la central sindical Free Trade Union que había estado presionando para conseguir un aumento del salario mínimo. Un pistolero con casco le asesinó a tiros el jueves 22 de enero de 2014 a plena luz del día mientras compraba un periódico en la capital camboyana de Phnom Penh.

Una década más tarde, el viernes 3 de enero de 2014, varios agentes de la policía militar asesinaron a tiros a cinco personas en Phnom Penh en un polvoriento tramo de carretera donde viven los trabajadores/as del sector y donde se encuentran las fábricas que producen ropa para las grandes marcas. Era el segundo día de una huelga de trabajadores/as del sector textil para exigir que se aumentara en 60 USD el salario mínimo de 100 USD.

En dichas protestas, 23 sindicalistas y trabajadores/as fueron detenidos y encarcelados sumariamente en una remota prisión situada en la frontera con Vietnam, a la espera del inicio de sus juicios acusados, entre otras cosas, de incitación a la violencia, actos agravados de violencia y destrucción de bienes públicos. Dos de ellos fueron puestos en libertad bajo fianza.

Los juicios empezaron cinco meses más tarde, durante los cuales el resto de los trabajadores se consumieron en la cárcel. En el exterior del juzgado cerrado con barricadas, numerosos activistas enarbolaron pancartas donde se podía leer: “El mundo está observando”, mientras otros se enfrentaron a la policía. El viernes 30 de mayo, los 23 acusados fueron declarados culpables, pero liberados con imposición de condenas condicionales.

Entre ellos, el presidente de la Independent Democracy of Informal Economic Association (IDEA), Vorn Pao, se ha convertido en un símbolo del movimiento por el salario mínimo, con el que sigue comprometido a pesar de su mala salud, agravada por las palizas que recibió durante su detención y por el hecho de que la condena condicional puede ejecutarse en cualquier momento.

“Aunque los activistas sindicales y los trabajadores que protestan se han tenido que enfrentar a una violenta campaña represiva, agotaremos todos nuestros recursos para exigir mejores salarios, ya que las marcas han obtenido pingües beneficios aprovechándose del trabajo sumamente duro de gente que gana salarios irrisorios”, explicó Pao en una entrevista con Equal Times.

Durante meses, los activistas, así como sus amigos y familias, han realizado numerosos llamamientos para su liberación, manifestándose ante el Palacio Real, el Ministerio de Justicia y los tribunales municipal, supremo y de apelaciones.

Las detenciones de los trabajadores también centraron la atención mediática internacional en la lucha de los trabajadores y trabajadoras del sector textil en Camboya, que son responsables de la producción de ropa para algunas de las marcas internacionales más importantes, como Gap, Levi’s y H&M.

Pao aseguró que se sentía reforzado en su causa gracias al apoyo de los sindicatos internacionales, que se hizo patente tras la contundente represión y durante su encarcelamiento y juicio, al que los grupos de derechos humanos tildaron de farsa.

“Nuestro espíritu no ha muerto; nos estamos haciendo cada vez más fuertes”, afirmó. “Porque esas fuerzas armadas no pueden utilizar sus armas y balas para silenciarnos”.

“Tanto hoy como mañana exigiremos un salario mínimo de 160 USD para los trabajadores y trabajadoras”.

Los líderes sindicales llevan meses alegando que su demanda de 160 USD está basada en las propuestas elaboradas por un grupo de trabajo del gobierno que se creó el año pasado.

A pesar de todo, actualmente asciende a 100 USD, cifra fijada el año pasado por el Ministerio de Trabajo, tras una serie de huelgas en contra de una decisión anterior de aumentarlo de 80 a 95 USD tomada por el Comité Consultivo Laboral (LAC) tripartito, cuya tarea consiste en fijar el salario mínimo en Camboya.

El LAC está formado por representantes del gobierno, los sindicatos y la Garment Manufacturers’ Association of Cambodia (GMAC), que representa a los empleadores.

La campaña Ropa Limpia, una coalición internacional de sindicatos, asegura que apoya a su socia, la organización Asia Floor Wage, al considerar que 100 USD solo constituyen el 21% de lo que sería un salario decente.

La industria de la confección de ropa es la mayor de Camboya y se nutre principalmente de la demanda procedente de EE.UU. y la Unión Europea.

En diciembre, el Ministerio de Comercio de Camboya señaló que el valor de las exportaciones de ropa durante los primeros 11 meses de 2011 ascendió a más de 5 mil millones USD, lo que significa un aumento del 22% si se compara con la cifra durante el mismo periodo en 2012.

Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras no se están viendo beneficiados.

 

“No puedo vivir de estos salarios”

Los 23 condenados se han convertido en el símbolo de una industria en la que alrededor del 90% de los trabajadores son mujeres.

Este sector se ha visto azotado por las huelgas, el descontento y los desmayos en masa de los trabajadores/as.

En las polvorientas carreteras nacionales de Camboya es común ver a trabajadores/as vestidos con colores llamativos apretujados como ganado en camiones sin techo que les llevan y traen de las fábricas.

La mayoría de estos trabajadores/as vive en pequeñas habitaciones más parecidas a celdas. Estos barracones, que más bien parecen prisiones en algunos casos, a menudo se pueden encontrar al lado o cerca de fábricas de confección de ropa.

Las instalaciones, como los aseos y las bombas de agua para lavarse, son básicas y comunitarias.

Las mujeres dejan a sus familias y niños en sus provincias de origen para vivir y trabajar en lugares así todos los días. Además, suelen trabajar horas extras para complementar sus ínfimos ingresos.

Sin Phanny trabaja en una fábrica de ropa, tiene 23 años y es originaria de la provincia de Kompong Speu, ubicada en el centro del país. Ella conoce bien la situación y afirma que los trabajadores/as tratan por todos los medios de ganar suficiente dinero, “no para hacernos ricos, sino para cubrir las necesidades básicas”.

Durante los últimos cinco años ha trabajado en la fábrica de calzado de Sky Nice International. Sin embargo, como tenía que hacer frente al creciente costo de la vida, Phanny participó en las huelgas de Año Nuevo. El jueves 2 de enero fue golpeada por agentes de la policía militar cerca de la fábrica Yak Jin, de propiedad coreana y donde trabajaba su marido.

Lon San, su marido de 21 años, es uno de los 23 condenados. Al ser liberado descubrió que ya no tenía puesto de trabajo.

“Me uní a las protestas porque no puedo vivir de esos salarios tan bajos”, explicó a Equal Times.

“Me gasto aproximadamente 40 USD en el alquiler y los servicios. Además, cada mes tengo que enviar dinero a mis padres en la provincia, lo cual suele ascender a otros 40 o 50 USD. Por tanto, limito mis gastos de comida”.

Como muchos de los que trabajan en esta industria, Phanny complementa su mala situación económica trabajando de 7am a 21pm durante los siete días de la semana.

Incluso trabajando tanto solo consigue ganar entre 160 y 170 USD al mes.

Para colmo, ha tenido que sufrir el terrible suplicio al que se vio sometido su marido y olvidarse de los salarios que éste dejó de ganar al ser encarcelado y que, desde que le liberaron, han sumido a su pequeña familia en “una grave crisis económica”, según nos cuenta Phanny.

 

“Incluso 160 USD no son suficientes”

Otro aspecto negativo de las sentencias condenatorias del mes pasado está directamente relacionado con las actividades sindicales de los condenados.

Desde marzo, el gobierno camboyano obliga a los líderes sindicales a que le faciliten pruebas de que carecen de antecedentes penales si quieren registrar nuevas secciones de sus organizaciones.

Ese mismo mes, el Ministerio de Trabajo suspendió durante un breve período de tiempo el derecho constitucional de la libertad sindical hasta que se aprobara un polémico proyecto de ley laboral, acerca del cual han manifestado su inquietud tanto algunas grandes empresas como H&M, Gap, Adidas y Nike, como los sindicatos IndustriALL Global Union, Uni Global Union y la Confederación Sindical Interna¬cional (CSI).

Kong Athit, vicepresidente de la Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union (CCAWDU), el mayor sindicato independiente del país, aseguró que las sentencias condenatorias de los 23 habían permitido al gobierno hacer una declaración de principios y mantener el control, sin disgustar aún más a la comunidad internacional.

“Esto beneficia al gobierno”, explicó a Equal Times.

“Lo hacen porque quieren controlar e intimidar bien a esos activistas. Si les hubieran dejado en la cárcel, hubieran provocado el descontento de la comunidad internacional de los derechos humanos y la imagen de Camboya [se hubiera visto dañada]. Así que en ese sentido hacen lo que quieren”.

Moeun Tola, director del proyecto laboral del Community Legal Education Centre (CLEC), una ONG camboyana de derechos jurídicos, afirmó que la violenta represión de la lucha por un salario decente se había convertido en “un cáncer en la industria camboyana de la confección de ropa”.

Incluso si se lograra una victoria, declaró, 160 USD no son suficientes para que un trabajador mantenga a sus familiares dependientes e hizo referencia a la Legislación Laboral, que estipula que el salario mínimo debe cumplir dicho requisito.

“El artículo 107 de la Legislación Laboral estipula que el salario mínimo debe mantener al trabajador y sus familiares dependientes. Sin embargo, 160 USD apenas son suficientes para mantener a un solo individuo”, añadió.

Y si es verdad que las empresas quieren comprometerse a cumplir la legislación nacional como dicen, esta estipulación debería constituir la base de su implicación en las negociaciones en curso, advirtió.

Para Vorn Pao, puede que la lucha se haya alargado, pero aún está muy lejos de haber terminado.

“Los trabajadores y trabajadoras de este sector lo han sacrificado todo para dar un impulso a la industria de la confección de ropa. Sin embargo, el gobierno ha ignorado las peticiones para ayudar a los trabajadores/as y garantizar que dispongan de salarios adecuados para llevar una vida decente”, aseguró.

“Como estuve [encarcelado] durante cuatro meses y 28 días, me he hecho más fuerte. El encarcelamiento no es un instrumento para evitar que exijamos esos 160 USD para los trabajadores y trabajadoras de este sector”, concluyó.

No pudimos contactar con ningún responsable de la GMAC ni del Ministerio de Trabajo para que comentara la situación.