El año pasado, Río de Janeiro registró también su tasa más alta de mortalidad en los centros públicos sanitarios desde hace 30 años. Los pacientes señalan que pasan varios días antes que les asignen una cama o les den una consulta.

El Sindicato dos Medicos (SinMed) han llevado el caso a los tribunales para denunciar las “fallas en materia de responsabilidad” de Luiz Fernando Pezão, gobernador del Estado de Río de Janeiro.

El 23 de diciembre de 2015, este último declaró un “estado de emergencia” para pedir ayuda al Gobierno federal y conseguir préstamos para financiar la reapertura de los servicios que experimentan serias dificultades. Días después se le concedió una primera dotación de 389 millones de reales (96 millones de USD).

No obstante, el sector ha acumulado pagos atrasados a proveedores y subcontratistas que podrían ascender, según las autoridades, a 1.400 millones de reales (347 millones de USD).

Apenas un mes después, desde finales de enero, Brasil ha tenido que hacer frente a la epidemia del virus Zika: los centros locales de salud, ya sobrecargados, han tenido que ocuparse de una nueva afluencia de pacientes.

Desde principios de año se han contabilizado en la región 1.500 casos de infección por este virus transmitido por los mosquitos.

Desplome de los recursos públicos y mala gestión

En la historia reciente de Brasil, ninguno de los 27 estados brasileños se ha encontrado en una situación financiera semejante, aun cuando el sector de la salud pública experimenta numerosos problemas crónicos en todo el país.

Coexisten dos sistemas de salud: el sector público, gratuito y universal, denominado “SUS” (Sistema único de salud, inspirado en la seguridad social a la francesa) y el sector privado, financiado por costosos planes de salud a los que está inscrita el 20% de la población para garantizar una atención más rápida.

En Brasil, la financiación de la salud pública sigue siendo relativamente baja: solamente el 4% del PIB en comparación con el 11% del PIB en Francia. Todos los órganos de poder (gobierno federal, estados federales, distritos y municipios) participan en el presupuesto del sistema sanitario.

Sin embargo, generalmente son los Gobiernos de los estados los que suelen ser los mayores contribuyentes.

¿Cómo el Estado de Río de Janeiro, que cuenta con 15 millones de habitantes, ha podido llegar a tales niveles de mala gestión y disfunción? Una de las razones mencionadas por el gobernador Pezão es la disminución de los ingresos del Estado procedentes de la renta petrolera. De hecho, la caída de los precios del petróleo y las dificultades de la empresa Petrobras, el gigante brasileño del sector, implicada en un inmenso escándalo de corrupción, tuvo como efecto colateral afectar al presupuesto del Estado.

En solo un año, los recursos fiscales, incluyendo el equivalente del IVA, han caído un 14%.

Sin embargo, la situación caótica de las finanzas del Estado de Río no se debe solamente a una causa coyuntural. “La caída de los ingresos fiscales no puede justificar la quiebra total del sistema administrado por el Gobierno local. Es evidente que calificar la situación de ‘crisis’ no ayuda a resolver el problema en Río de Janeiro, ya que solo conlleva soluciones de emergencia que tienen como único objeto apagar el incendio”, comenta Ligia Bahia, especialista del sistema de salud pública y profesor en la Universidad Federal de Río de Janeiro.

En efecto, los problemas existen desde hace varias décadas y el Estado ocupa regularmente los últimos lugares en lo que se refiere a la calidad de su sistema de asistencia médica. Por su parte, los expertos apuntan a otros factores, tales como la mala administración, enturbiada por casos de corrupción.

A principios de marzo, por ejemplo, la prensa reveló que han sido incinerados, o lo serán próximamente, 1000 toneladas de medicamentos caducados, adquiridos por la Secretaría de Salud del Estado, cuando muchos centros de atención médica carecen desesperadamente de medicamentos.

Como si fuera poco el costo que implica la mala gestión, a esta situación se le añade el costo de la incineración para el Estado, el cual se estima en varios millones de reales.

Las malversaciones del dinero público suelen producirse con regularidad. El ejemplo más reciente tuvo lugar a finales de febrero, cuando la justicia puso al descubierto una red de facturas falsas de la que se beneficiaron cargos políticos locales de São Gonçalo, segunda ciudad del Estado después de Río.

Los sindicatos también denuncian la falta de un fondo de garantía alimentado por las regalías del petróleo, como existe en otros países, y que podría haber evitado la parálisis del sistema.

El hecho cada vez más común de recurrir a empresas de gestión privadas para administrar la red de hospitales públicos también es criticado por su costo e ineficiencia. Por otra parte, una de las medidas de ahorro previstas es la revisión de los contratos de estas empresas de gestión.

Inquietud por la población y por los Juegos Olímpicos

“La situación esta por volverse criminal”, afirma Jorge Darze, Presidente del Sindicato dos medicos de Río de Janeiro. “Si hoy ya es difícil atender a la población de Río, ¿cómo será cuando haya que ocuparse de los turistas que asistirán a los juegos?” señaló en una conferencia de prensa en enero.

En efecto, se esperan cerca de 600.000 visitantes nacionales e internacionales para el mes de agosto en la ciudad anfitriona de los Juegos de 2016.

Brasil se encuentra en recesión desde 2015, lo que ha obligado al Gobierno federal a recortar el presupuesto.

Por lo tanto, 13 organismos nacionales del sector de la salud acaban de denunciar los recortes realizados en 2014 y 2015 en el programa de lucha contra el mosquito tigre, responsable de la transmisión del virus Zika, pero también del dengue y la chikungunya.

Al mismo tiempo, los casos de infección por el dengue y el Zika se han disparado.

A medida que se aproximan los Juegos Olímpicos, y pese a la puesta en marcha de una nueva campaña, las autoridades tratan de tranquilizar a la comunidad internacional de forma irrisoria al insistir en que el evento se producirá durante el invierno austral, por lo que los mosquitos estarán naturalmente menos presentes.

La medida del estado de emergencia es de seis meses, lo que deja al Gobierno hasta finales de junio para tratar de poner orden en el sistema e iniciar una serie de medidas sostenibles para prevenir nuevas crisis.