El 24 de octubre, el Primer Ministro Xanana Gusmao persuadió al Parlamento de destituir a siete magistrados y fiscales internacionales que, según él, habían sido los culpables de que el país hubiera perdido un caso de evasión fiscal presentado contra el gigante del sector energético americano ConocoPhillips que había sido contratado para exportar gas y petróleo.

No obstante, en un informe publicado en un primer momento por la Northern Territory Bar Association (NTBA) de Australia a finales de noviembre, y examinado posteriormente a finales de diciembre, se alega que en realidad los jueces podrían haber sido expulsados por temor a que presentaran alegatos de corrupción contra miembros del Gobierno timorense.

Alistair Wyvill, Consejero Jurídico Principal y autor del informe, declaró a Equal Times:
“El carácter exacto de los procedimientos contra los miembros del Gobierno no está claro. En cambio sí está claro que en los tribunales de Timor Oriental hay una serie de procedimientos judiciales en curso contra varios miembros del Gobierno, o que al menos parecen concernirles.”

Timor Oriental se independizó de Indonesia en 2002 tras varias décadas de ocupación respaldada por Estados Unidos, durante las cuales la ONU calcula que aproximadamente 100.000 timorenses perdieron la vida.

Desde entonces, el país ha dependido del apoyo de la comunidad internacional para desarrollar un sistema judicial competente e independiente.

Sin embargo, después de hablar con asesores gubernamentales y con abogados locales en Dili, la capital de Timor, Wyvill afirma que las expulsiones han dejado un sistema judicial sumamente debilitado.

“El sistema judicial de Timor Oriental no es perfecto, pero la mejor manera de avanzar en su desarrollo es reforzando su potencial, lo cual incluye su probada capacidad para actuar de forma independiente del Gobierno.

“La medidas tomadas recientemente por el Gobierno de Timor Oriental corren el grave peligro de socavar, en lugar de promover, dicha independencia, y de destruir los progresos logrados desde que el país se independizó.”

Encubrimiento

En noviembre, un magistrado superior portugués que fue expulsado de Timor Oriental explicó al periodista autónomo Ted McDonnell que el verdadero motivo de las medidas del Gobierno era el deseo de encubrir la corrupción:

“No quieren respetar las decisiones judiciales, sobre todo en lo que respecta a juicios por corrupción y a las determinaciones impositivas aplicables a los ingresos derivados del petróleo. El Gobierno está destrozando su propia Constitución. Es preciso que los órganos judiciales internacionales y otros Gobiernos democráticos examinen el momento preciso en que se llevaron a cabo las destituciones.”

El último informe de la NTBA se publica al mismo tiempo que organizaciones de los derechos humanos efectúan nuevos llamamientos para que el Gobierno de Timor Oriental revoque su decisión. A finales de diciembre, la East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) – una organización con sede en EE.UU. – reiteró las preocupaciones de Wyvill y describió las repercusiones que las expulsiones han supuesto para el sistema judicial timorense.

“El sistema judicial de Timor Oriental está muy restringido. Muchos juicios han tenido que reiniciarse, hay personas pudriéndose en la cárcel a la espera de ser juzgados, y las víctimas de delitos no consiguen que se haga justicia. La formación de nuevos jueces y abogados timorenses se ha visto considerablemente reducida, las investigaciones de casos de corrupción y otros delitos se han ralentizado, y todos los integrantes – tanto timorenses como extranjeros – del sistema judicial han recibido el mensaje de recapacitar bien antes de hacer algo que pudiera contrariar a los altos funcionarios.”

Esto se produjo tras la publicación en noviembre de una declaración de la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul, en la que instaba a las autoridades timorenses a reconsiderar su decisión.

“Las resoluciones representan un grave obstáculo para la independencia del sistema judicial”, afirmó Knaul.

“Me preocupa que la decisión pueda haberse tomado en represalia por determinadas sentencias judiciales que no fueron del agrado de miembros del Gobierno y del Parlamento.”

Amnistía Internacional también ha expresado su preocupación por las consecuencias negativas que las expulsiones van a tener seguramente en los esfuerzos para procesar a los autores de actos de violencia doméstica contra mujeres y niños.

“Entre los casos que están volviéndose a juzgar hay casos de violencia doméstica y de agresión sexual, que constituyen la gran mayoría de los casos presentados en los tribunales de Timor Oriental. Si se les exige declarar otra vez en nuevos casos judiciales, las víctimas – principalmente mujeres y niños – se verían obligadas a volver a pasar por una situación traumática y vejatoria”, ha expresado Amnistía.