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Chile intenta privatizar el mar

by Alex Praca

 

 

Un proyecto de ley que pretende dar concesiones sin límites a grandes empresas pesqueras en Chile fue denunciado como un intento de privatizar el océano. La iniciativa – llamada Ley Longueira – fue aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en discusión en el Senado.

Críticos afirman que la ley busca proteger los privilegios de cuatro empresas que detienen 90% de la industria pesquera en el país. Los grupos empresariales chilenos Orizon, Blumar, Camanchaca y Marfood, controlados en su totalidad por siete familias, obtienen ganancias de hasta tres mil millones de dólares anuales.

Según analistas, el presidente Sebastián Piñera reactiva una Ley que ya había sido pensada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El país ha conocido uno de los procesos más radicales de privatizaciones en todo el mundo, al vender empresas estatales de transporte, electricidad, telecomunicaciones, alimentación, bancos, además de servicios públicos como seguridad social, educación y salud.

Para el director ejecutivo de la organización ambientalista chilena Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, el Gobierno quiere finalizar una de las últimas transformaciones neoliberales de la economía que es la privatización del mar.

“Este nuevo subsidio al gran empresariado y al segmento mas rico del país, constituye una burla a las demandas de aumento del salario mínimo, las exigencia de educación gratuita y de calidad, de salud pública decente, el derecho a la vivienda digna o mejoramiento de las jubilaciones”, señaló Cárdenas.

Hay también preocupación entre pescadores de que el proyecto podría llevar a la extinción de la pesca artesanal. Actualmente, solamente los pequeños empresarios pueden utilizar un espacio de cinco millas a partir de la costa. La idea es proteger el borde costero que tiene fauna más abundante y así evitar la sobrexplotación por la pesca de arrastre.

Entretanto, se pretende reformar la normativa abriendo este espacio al sector industrial, prácticamente entregando a los cuatro grupos la totalidad del mar chileno.

El área así generada comprende alrededor de 2.400.000 Km2, que supera en más de tres veces el tamaño de su territorio sudamericano.

Además, establece que los derechos de pesca de las grandes empresas sean entregados a perpetuidad, con la posibilidad de ser heredados por sus descendientes.

Según cifras oficiales, el sector pesquero da empleo a 128.000 personas, de las cuales 68% son pescadores artesanales. Por otro lado, la industria ocupa a unos 5.000 trabajadores en los buques.

El proyecto también ha generado protestas por parte de comunidades originarias quienes consideran que, al extender los poderes de la industria pesquera, se estaría violando el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Convenio, ratificado por Chile en 2008, obliga a consultar a las comunidades nativas interesadas a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas directamente.

Históricamente los Mapuche, Rapa-Nui y Kawesqar, han vivido económica y culturalmente vinculados a la extracción sustentable de peces, mariscos y algas.

En ese sentido, Ana Nahuelpan, del Movimiento de Defensa del Mar de Mehuin, afirmó que los pueblos indígenas están quedando despojados de sus derechos.

“Rechazamos esta Ley porque no se nos ha consultado tal como exige el Convenio 169 de la OIT. Llamamos a los senadores a respetar su obligación de realizar una consulta tal como lo obliga el derecho internacional”, afirmó.

 

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