Nueva zona asiática de libre comercio: los migrantes en situación de riesgo

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El inicio del nuevo año marcó el comienzo de la Comunidad Económica de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), también conocida como CEA (AEC, en inglés), el primer paso hacia un mercado único comercial y laboral estilo Unión Europea para más de 600 millones de personas en 10 Estados miembros. Pese a que afectará a una población más numerosa que el mercado único de la Unión Europea, la CEA carece de protección para los trabajadores más vulnerables: millones de personas migrantes con poca cualificación.

Aunque anunciada como un gran paso adelante para una región que espera rivalizar con sus vecinos India y China por la supremacía económica, también preocupa el hecho de que una mayor movilidad en nombre del crecimiento pueda incrementar las posibilidades de que estos trabajadores y trabajadoras migrantes se conviertan en víctimas de la trata de personas y de la esclavitud moderna.

“El enfoque principal de la CEA se limita únicamente a profesionales altamente cualificados” comenta a Equal Times Raxiey Adolfo, asistente de proyecto en el Foro del Migrante de Asia. “Los trabajadores poco cualificados, que representan el mayor número de trabajadores de ASEAN, no forman parte de la CEA. Esta estrategia conlleva la posibilidad de que aumente la explotación y la trata de personas en la región”.

De hecho, la CEA no va a permitir la libre circulación de trabajadores no cualificados; se centra solamente en el comercio, los flujos financieros y la mano de obra especializada, que representa un ínfimo porcentaje del mercado de trabajo regional. A juicio de Anis Hidayah, Directora Ejecutiva de Migrant Care, una ONG de Indonesia abocada en dar formación y proteger a los trabajadores y trabajadoras migrantes indonesios en el extranjero, este aspecto es especialmente preocupante.

“En una plataforma que solamente se ocupa de la mano de obra altamente cualificada, los trabajadores migrantes, y en particular los trabajadores y trabajadoras del hogar migrantes, serán las primeras posibles víctimas”, señala Hidayah a Equal Times.

 
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A la base está el hecho de que los países miembros de la CEA acusan importantes diferencias en lo que se refiere a riqueza y tamaño. En un extremo del abanico se encuentra el diminuto Singapur, uno de los países más ricos del mundo en términos de PIB per cápita. Luego están los jóvenes y populosos Indonesia y Filipinas, dos de los principales países migratorios del mundo. Se calcula que en un momento dado han tenido, respectivamente, 6,2 millones y 10 millones de ciudadanos que trabajan en el extranjero.

En el otro extremo están los Estados miembros menos desarrollados, Myanmar, Laos y Camboya, que se cuentan entre los países más pobres del mundo. A ello se añade el hecho de que la mayor parte de la región está gobernada por regímenes autocráticos, a veces autoritarios. El resultado de esta simbiosis es un gigante difícil de manejar, no representativo de su población y donde no existe un consenso.

“ASEAN tiende a evitar los problemas que incluso pueden atentar contra la soberanía del Estado. A menudo se refieren a la ‘forma de hacer negocios de ASEAN’ como código para llegar a un consenso a puerta cerrada, abordar los asuntos y tomar decisiones al margen de la esfera pública a fin de mantener la denominada norma de no injerencia”, afirma Kevin McGahan, experto en mano de obra migrante y derechos humanos con el Programa de Estudios Mundiales en la Universidad Nacional de Singapur.

Este enfoque ha significado, esencialmente, hacer caso omiso de los problemas de los trabajadores y trabajadoras migrantes de bajos salarios y favorecer los acuerdos de empresa o comerciales. En el marco de este sistema, cada país puede bloquear medidas significativas de protección para los trabajadores.

De hecho, varios países de la CEA se benefician de esta mano de obra migrante. Por ejemplo, Tailandia acoge a un gran número de trabajadores migrantes procedentes de sus vecinos más pobres, mientras que Malasia depende de los trabajadores migrantes de Indonesia, Bangladesh y Nepal para sus fábricas y plantaciones de aceite de palma. Ambos países son conocidos por la generalización de sus violaciones en materia laboral y trata de personas, y ambos ocupan el tercer nivel en el Informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado de EE.UU.

De hecho, Malasia y su vecino Singapur, que también dependen de los trabajadores migrantes para el servicio del hogar y su industria de la construcción, son los principales países que obstaculizan una mejor protección de las personas migrantes en la CEA.

“Los países que oponen una fuerte resistencia a un instrumento marco regional... son Singapur y Malasia”, señala Adolfo. “Ambos están en desacuerdo con la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante para proteger los derechos de los trabajadores migrantes y la inclusión de protección para los trabajadores migrantes en situación irregular”.

De acuerdo con Migrant Care, se estima que trabajan actualmente en Malasia y Singapur dos millones de indonesios y que disponen de poca protección. Además, este número aumenta con el tiempo.

“En Singapur y Malasia, los trabajadores migrantes representan un enorme reto”, señala Hidayah. Solamente en Malasia, Migrant Care calcula que hay 288 trabajadores indonesios en el corredor de la muerte, muchos acusados de delitos que no cometieron, o por haber sido enjuiciados sin la representación jurídica adecuada. En los centros de detención de todo el país se encuentran varios miles de indonesios.

Demasiado a menudo, este limbo legal da paso a la tragedia, como el pasado mes de septiembre, cuando una embarcación sobrecargada que transportaba personas migrantes indocumentadas cuyos visados habían caducado, se hundió entre Indonesia y Malasia, dejando un saldo de 13 muertos.

 
Impulsar la reforma

Sin una mayor protección para los trabajadores, el resultado será más de lo mismo, en nombre de un crecimiento económico que, al final, siempre acaba terminando en las manos de unos pocos.

“La CEA podría dar pie al aumento de la explotación y la trata de personas en la región”, señala Adolfo. “Beneficiará únicamente a las empresas transnacionales, a las multinacionales y a las grandes empresas de la región”.

Sin embargo, existe la posibilidad de cambio. Países de emigración como Indonesia y Filipinas han estado presionando para proteger a sus ciudadanos en el exterior. Por otra parte, la sociedad civil también desempeña un papel. Migrant Care ha estado ejerciendo presión para conseguir un marco regional destinado a proteger a los trabajadores migrantes desde 2007, cuando ASEAN adoptó una declaración sobre derechos de los trabajadores migrantes que, en realidad, no es aplicable.

Lo que se espera es una convención vinculante, un instrumento que a su juicio debería haber sido establecido desde hace mucho tiempo, pero que finalmente debería ver la luz este año.

“A finales de 2014, la ASEAN terminó de redactar una convención sobre la protección de los trabajadores migrantes en la región”, indica Hidayah. “Esperamos que este año, se apruebe este proyecto de convención y ayude a acabar con cualquier tipo de esclavitud, violencia y discriminación contra los trabajadores y las trabajadoras migrantes”.

 

Este artículo ha sido traducido del inglés.