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Ofensiva antiterrorista turca, una amenaza para los derechos

by Jennifer Hattam

Los kurdos de Turquía, que todavía están recuperándose del mortífero ataque terrorista perpetrado la semana pasada en una ciudad mayoritariamente kurda próxima a la frontera siria, dicen que se han vuelto a convertir en blanco – esta vez de las medidas de lucha contra el terrorismo que su propio Gobierno ha adoptado en respuesta a la acometida.

Desde la matanza del 20 de julio, en la que 31 activistas kurdos y turcos fueron asesinados en la ciudad de Suruç por un terrorista suicida vinculado al Estado Islámico, Turquía ha estado persiguiendo a centenares de personas y ha bloqueado decenas de sitios web y cuentas de Twitter.

“Más de 1.300 personas han sido detenidas, casi 900 de las cuales son activistas y miembros nuestros. Es una especie de guerra psicológica declarada contra nosotros”, apunta Nazmı Gür, ex diputado del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y procedente de la oriental ciudad de Van.

El grupo hizo historia en junio, al convertirse en el primer partido de origen kurdo que conseguía superar el elevado umbral electoral del 10% que Turquía impone para poder disfrutar de representación parlamentaria. Anteriormente, miembros del HDP, entre ellos Gür, se habían presentado como candidatos independientes a fin de soslayar dicho umbral.

Las propias cifras del Gobierno confirman la declaración de Gür de que se han detenido a más kurdos que militantes del Estado Islámico – 847 frente a 137, según el Viceprimer Ministro Bülent Arınç. Ankara sostiene que los detenidos son simpatizantes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), el cual viene librando desde hace décadas un conflicto armado contra el Estado turco.

Tras los nuevos ataques del PKK perpetrados contra las fuerzas de seguridad turcas, Turquía ha participado a lo largo de la semana pasada en una serie de ataques aéreos dirigidos contra el Estado Islámico en Siria y el PKK en Iraq.

“Turquía no puede quedarse de brazos cruzados mientras kurdos, izquierdistas y militantes del Estado Islámico la ponen en su punto de mira”, declaró el Primer Ministro Ahmet Davutoğlu cuando empezaron los ataques aéreos. “Vamos a tomar las medidas necesarias contra todo aquel que constituya una amenaza para nuestra frontera”.

Si bien el HDP ha tratado de distanciarse del PKK, ambos grupos comparten bases de apoyo parcialmente comunes entre los kurdos de Turquía. Los activistas kurdos han sido a menudo procesados por acusaciones de terrorismo que en muchas ocasiones obedecen aparentemente a motivaciones políticas.

El Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan acusó esta semana a Selahattin Demirtaş, uno de los líderes del HDP, de abrigar sentimientos de solidaridad hacia el PKK, y pidió al Parlamento que despojara a los legisladores del HDP de su inmunidad judicial. “Ustedes continúan trabajando con la organización terrorista, y van a pagar un precio por ello”, subrayó el Presidente.

Dos días después los fiscales turcos abrieron una causa contra Demirtaş, alegando que había incitado a los kurdos a tomar las calles y a organizar manifestaciones que el pasado otoño se volvieron mortales. Posteriormente se abrió una investigación contra el otro dirigente del HDP, Figen Yüksekdağ, acusado de “propaganda terrorista”.

Estas medidas entrañan el “riesgo – que ya hemos visto en el pasado en términos de procesamientos injustos dirigidos contra activistas y políticos kurdos y que se repetirá en el futuro – de que la gente vuelva a ser señalada simplemente por sus creencias políticas”, comenta Andrew Gardner, un investigador turco que trabaja para Amnistía Internacional.

Tras las primeras medidas adoptadas por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), el partido gobernante de Turquía, con el objetivo de llevar a cabo una serie de reformas positivas para defender los derechos de los kurdos y otras poblaciones, han surgido “tendencias muy negativas que han conllevado a la entrada en vigor de leyes más represivas”.

Así pues, se han impuesto nuevas restricciones en la Internet, además de una controvertida ley de la seguridad interior aprobada por el Parlamento esta primavera que, según Gardner, “ha legitimado unas prácticas peligrosas ya existentes, entre ellas los arrestos arbitrarios y el uso de fuerza letal por parte de la policía”.

La ofensiva contra los kurdos transmite también un mensaje estremecedor a otros aspirantes a adversarios políticos del AKP.

“El mensaje que nosotros percibimos a raíz de las manifestaciones que tuvieron lugar en el Gezi Park en verano de 2013 es que el AKP y Erdoğan no están dispuestos a tolerar ninguna forma de disidencia, independientemente de que ésta se exprese o no de manera democrática”, explica Gareth Jenkins, un experto en Turquía asociado al Silk Road Studies Program.

“Seguro que otros oponentes ajenos al movimiento kurdo también tomarán nota de estas medidas”, indica Jenkins.

Las nuevas presiones a las que se está viendo sometido el HDP transmiten igualmente a los kurdos el mensaje de que los llamamientos que habían recibido anteriormente para que resolvieran los conflictos participando en la política parlamentaria en lugar de involucrarse en actos de violencia, “no eran sinceros”, añade Jenkins. Pero el partido afirma que sigue manteniendo su fe inquebrantable en el proceso democrático.

“En un país democrático, todos los partidos deben respetar los resultados de unas elecciones”, afirma Gür, del HDP. “Por eso el Primer Ministro Davutoğlu nos dijo antes de las elecciones del 7 de junio que, tanto si superábamos el umbral del 10% como si no, tendríamos que respetar los resultados, y nosotros declaramos abiertamente que así lo haríamos”.

“Ahora esperamos que el AKP y Erdoğan respeten los resultados de estas elecciones, los 80 escaños y a los 6 millones de personas que nos han votado”.

 

Este artículo ha sido traducido del inglés.

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