Esta ley que, entre otras medidas, habría reducido los salarios, las vacaciones y las indemnizaciones por despido de los trabajadores menores de 25 años, fue derogada en el Congreso el pasado lunes por una abrumadora mayoría de 91 votos a favor, 18 en contra y cinco abstenciones.

Sin embargo, fueron necesarias cinco grandes manifestaciones organizadas por una coalición de sindicatos, estudiantes y miembros de la sociedad civil para asegurar su derogación: la primera el 19 de diciembre de 2014 y la última, durante la votación del Congreso, en enero.

Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), describe la derogación del código laboral juvenil como “un paso hacia la creación de un país con derechos laborales justos”.

La llamada “Ley Pulpín” fue aprobada el 11 de diciembre 2014, en un momento en que todos los ojos estaban puestos en la COP20, la conferencia sobre el clima, en Lima.

El Gobierno declaró que los cambios en la legislación laboral ayudarían a “reactivar la economía” y luchar contra la informalización, ya que el 85 por ciento de todos los trabajadores de edades comprendidas entre 18 y 24 años trabaja en la economía informal, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, los críticos de la denominada ley “Pulpín” en alusión a una conocida bebida de frutas para niños, ironizando con ello la percepción según la cual los trabajadores jóvenes son tan fácilmente explotables como los niños, compararon las medidas a una “semi-esclavitud”, ya que incita a las empresas a contratar trabajadores jóvenes por menos dinero.

Estos trabajadores no solamente tendrían menos días de vacaciones, sino también gratificaciones reducidas y ninguna indemnización por finalización de contrato.

Cerca de 260.000 trabajadores y trabajadoras jóvenes peruanos se habrían visto afectados por esta ley, según las estadísticas.

Sandra de la Cruz Elescan, estudiante de 24 años de edad y miembro del Foro Juvenil Izquierda, habría sido uno de ellos.

“El crecimiento económico es muy importante en Perú, pero los beneficios no se distribuyen equitativamente. Creo que el movimiento sorprendió mucho a los políticos, especialmente entre Navidad y Año Nuevo, pero era lógico: cuando golpeas el poder adquisitivo de la población, la reacción es inmediata”.

Durante las marchas de protesta se produjeron varias detenciones, y varios manifestantes resultaron heridos, pero el movimiento mantuvo su fuerza.

Más de 5.000 personas salieron a las calles en la que fue la última protesta este 15 de enero de 2015, es decir, aproximadamente el mismo número de personas que participaron en la primera marcha en diciembre de 2014.

Para Yohn Lescano, miembro del grupo parlamentario de izquierda Acción Popular - Frente Amplio, la revocación de la ley laboral juvenil era “la única solución para mantener la seguridad en las calles de Lima. De lo contrario, el enorme descontento habría ido en aumento y se hubiera tornado más violento”.

¿Otra ley nueva?

En las próximas semanas se creará una nueva comisión encargada de la redacción de otra ley laboral para los trabajadores jóvenes.

Ciro Silva, coordinador del Colectivo Patriótico de Apoyo a la Juventud, uno de los principales organizadores de las manifestaciones, dijo a Equal Times que los cambios son necesarios, pero no en la forma propuesta originalmente: “El gobierno tiene que reconstruir todo el mercado laboral peruano en su conjunto. Existen numerosos elementos que no respetan los tratados internacionales ni los Convenios de la OIT”.

La OIT ya había manifestado sus dudas con respecto a la “Ley Pulpín”.

"La informalidad es un tema complejo, sabemos que es muy alta en el Perú... tienen que abordarse aspectos de incentivos, aspectos fiscales, aspectos de productividad, aspectos de fortalecerse las capacidades del capital humano”, señaló Carmen Moreno, directora para la Región Andina de la OIT al sitio web de noticias peruano La Republica.

Cesar Sobrerón Estela, Secretario de la Juventud de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), afirma que de haberse aplicado, las reformas habrían sido inconstitucionales.

Comentó a Equal Times: “Perú hizo esta ley para las empresas y con ellas. No respetaba ninguna de las normas internacionales. Hubiera significado la institucionalización de la precariedad laboral. Necesitamos una legislación laboral más integral, con más igualdad e incentivos para que las empresas contraten a los jóvenes. Pero no son los trabajadores y trabajadoras jóvenes los que tienen que pagar el precio”.

Paola Egusquiza, Secretaria de la Juventud de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) está de acuerdo:

“Lo que necesitamos es una, y una sola, legislación laboral. Tenemos 49 disposiciones diferentes dependiendo del sector, o de la edad del trabajador. Tenemos que poner alto a esta discriminación”.