“El proyecto de ley no era bueno en primavera, la ley no es buena en otoño”, declaró en la radio Philippe Martinez, Secretario General de la Confédération générale du travail (CGT) este 12 de septiembre.

La primavera social ya fue difícil. El enfrentamiento entre los sindicatos y el Gobierno, que utilizó tres veces el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar el texto, provocó huelgas en las refinerías, en los depósitos de petróleo y en las plantas de energía nuclear; 12 días de manifestaciones de protesta con algunos desbordamientos... Acontecimientos todos éstos que han marcado a la opinión pública y suscitan cierta incomprensión.

En efecto, esta reforma de la legislación laboral es radicalmente rechazada. Según diferentes encuestas, de dos tercios a tres cuartas partes de los franceses afirmaron oponerse al proyecto de ley. Incluso los representantes de los empleadores se muestran insatisfechos.

¿Por qué continuar con un pulso como éste que al final dejará, sin duda alguna, más perdedores que ganadores?

"Un diálogo social maltrecho"

El punto clave de la bronca en contra de la propuesta de ley laboral es el método. Todos los sindicatos han criticado al Gobierno por hacerla pasar por la fuerza, incluso cuando el presidente François Hollande defendía una cultura de compromiso y negociación en la Conferencia Social de octubre de 2015.

“Desde un principio, la elaboración del proyecto de ley se hizo sin consultar a los sindicatos. El Gobierno nos recibió después de la movilización en la calle y solamente ha aceptado algunos cambios al margen que apenas han dejado satisfecha a una organización sindical”, señala Céline Verzeletti, miembro de la ejecutiva nacional de la CGT.

“El diálogo social ha sido maltrecho aun cuando el Gobierno legisla sobre un problema social que afecta a todos los trabajadores. La obstinación del Gobierno ha sido contraproductiva. Además, asumió el riesgo de perder el apoyo de parte de la izquierda”, critica por su parte Yves Veyrier, secretario confederal de Force ouvrièere (FO).

Ante la revuelta de los sindicatos, el proyecto de ley se modificó parcialmente a mediados de marzo. Se abandonó especialmente la limitación de las indemnizaciones concedidas a los trabajadores (indemnités prud’homales) en caso de despido improcedente.

Con esta modificación, la unión sindical Confédération française démocratique du travail (CFDT), descrita como “sindicato reformista”, consideró haber llegado a un compromiso.

Sin embargo, el descontento también se deja oír desde las filas de los parlamentarios. Al no poder encontrar apoyo en una mayoría frágil, el Gobierno tuvo que recurrir al artículo 49.3, que permite la adopción de un texto sin votación en el Parlamento, con la condición de que no se vote al mismo tiempo una moción de censura (lo que implicaría la renuncia del Gobierno). Los diputados de la mayoría parlamentaria no llegaron a este extremo.

Una reforma impugnada

En cuanto al fondo, la ley El Khomri se dice de inspiración socioliberal. Incluye un paquete de medidas difíciles de descifrar, calificadas por la CFDT de “cajón de sastre en el que todo cabe”. Por otra parte, uno de cada dos franceses también afirma estar mal informado sobre el contenido del texto.

Estas medidas deben, según sus promotores, proteger a los trabajadores (en particular permitiéndoles cambiar de carrera o región conservando los derechos adquiridos), al tiempo que fomenta el crecimiento al ofrecer mayor flexibilidad a las empresas.

No obstante, el artículo que más ha irritado a los sindicatos contrarios es el número 2 de la ley. Se refiere a las reglas del diálogo social. En Francia, los principios fundamentales de la legislación laboral están fijados por ley. Los convenios sectoriales (de un sector profesional) pueden transformar las reglas siempre que el convenio sea mejor que lo establecido por la ley.

A escala inferior, un convenio de empresa también debe ofrecer mayor protección que lo estipulado en un convenio de sector. Por último, un contrato de trabajo ha de ofrecer mayor protección que un convenio de empresa o de filial en caso de modificarse. Existen excepciones en lo que se denomina la jerarquía de las normas.

Sin embargo, el artículo 2 de la ley hace de estas excepciones la regla en lo que se refiere a la duración y organización del trabajo. Se invierte la jerarquía de las normas: el convenio de empresa prima sobre el convenio del sector para decidir, por ejemplo, el número de horas extras y su retribución.

“Veremos una descentralización de la negociación a nivel de la empresa, en detrimento del sector”, afirma Yves Veyrier.

“En el mismo sector, las reglas serán diferentes en términos de organización del trabajo, por lo que existe el temor de que resultará más difícil a los trabajadores negociar a nivel de empresa, sobre todo en las más pequeñas, que pueden ejercer un chantaje en relación con el empleo”, añade Céline Verzeletti.

“Este artículo plantea el riesgo de que las empresas dan prioridad a la posibilidad menos ventajosa desde el punto de vista social para los trabajadores”, opina Eric, estudiante y manifestante.

En cambio, Lawrence Berger, dirigente del sindicato CFDT, explica en las columnas de Le Parisien que “si se da prioridad a los convenios de empresa no es para desfavorecer a los trabajadores, sino para proporcionar una respuesta más ajustada a la realidad y más eficaz (...). Los sindicatos consolidarán su poder de negociación para abordar las preocupaciones de los trabajadores con mayor apego a su realidad”.

En todo caso, el Gobierno se negó a ceder en esta medida fundamental recurriendo al artículo 49,3, pese a poner en su contra a la opinión pública.

Para los sindicatos contestatarios, CGT y FO, la determinación del Gobierno para adoptar esta medida a toda costa puede explicarse por una especie de “coacción europea”, que obliga a introducir reformas estructurales en el mercado de trabajo.

“Los Gobiernos de España, Grecia, Portugal, Italia, Bélgica, llevan a cabo políticas similares. Se aplica la misma lógica liberal de reducir el costo de la fuerza de trabajo y crear más inseguridad como solución al desempleo masivo”, afirma Yves Veyrier.

Algunos creen también que la firmeza del Gobierno puede explicarse por otras razones: el riesgo de atentados y la organización de la Eurocopa 2016, el deseo de no perder la cara frente a los “rebeldes” de la mayoría y, por último, olvidarse de la fallida reforma sobre la revocación de la nacionalidad.

A menos de un año de las elecciones presidenciales, el Gobierno hizo una nueva apuesta que solo el resultado de las urnas será capaz de juzgar.