Protestas de los trabajadores turcos por las purgas tras el golpe de Estado

Protestas de los trabajadores turcos por las purgas tras el golpe de Estado
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Selma Atabey llevaba 22 años trabajando de enfermera en la provincia suroriental turca de Diyarbakır cuando, a finales de octubre, fue despedida de forma sumaria por decreto del Gobierno. “Tuve que vender la casa y el coche, y he perdido mi SGK [seguridad social]”, dice. “Mi hijo se está preparando para el examen de ingreso en la escuela secundaria y temo que suspenda como consecuencia del estrés a que estamos sometidos”.

Atabey es sólo una de los miles de empleados y empleadas del sector público de Turquía que han sido destituidos de su trabajo tras el fallido golpe militar perpetrado en julio. Los despidos son parte de una serie de continuas purgas que el Gobierno considera necesarias para garantizar la seguridad del país.

Pero muchos de los funcionarios despedidos creen haberse convertido en blanco de estos ataques como consecuencia de su actividad sindical.

Unos 200 trabajadores despedidos y sus representantes de la Confederación de Sindicatos de Funcionarios del Estado (KESK, por sus siglas en turco) de Turquía se reunieron el 22 de diciembre en Estambul, en medio de un intenso frío, lluvia y viento, para emprender una marcha de protesta hasta la capital, Ankara, reclamando “¡Queremos recuperar nuestro trabajo!”. La primera tentativa de llevar a cabo la marcha de 450 kilómetros, con el objetivo de llamar la atención sobre los despidos, se había visto frustrada el día anterior por la policía antidisturbios, que disparó gases lacrimógenas contra la multitud.

Los manifestantes y la policía volvieron a enfrentarse en İzmit, donde la policía intentó impedirles que abandonaran la oficina sindical. Finalmente, ante la creciente presión policial, decidieron dirigirse en autobús a Ankara, donde el sábado 24 de diciembre organizaron una manifestación.

‘Nosotros sólo estamos luchando por nuestros derechos, y sin embargo nos acusan de terroristas”, dice Atabey, que ejerce de copresidenta de la sectorial de Diyarbakır del Sindicato de Trabajadores de Servicios Sociales y Sanitarios (SES), afiliado a la KESK. Aunque esta enfermera dice que en el pasado nunca había sido investigada por ningún motivo, el Gobierno ha decretado echarla, junto a otras personas, del sector público, identificándolas como “pertenecientes, en tanto que miembros o afiliados, a una organización terrorista o a una estructura, formación o grupo que, según ha determinado el Consejo de Seguridad Nacional [de Turquía], actúa contra la seguridad del Estado”.

Estos decretos han sido publicados bajo el actual estado de emergencia que se declaró en Turquía tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio, en el que murieron más de 300 personas. El fallido golpe de Estado ha sido atribuido a los seguidores del clérigo musulmán Fethullah Gülen, afincado en Estados Unidos, anteriormente estrecho aliado del Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan y actualmente enemigo acérrimo del mismo.

Las purgas del sector público han sido dirigidas contra personas que supuestamente mantienen vínculos con Gülen, y contra quienes han sido acusados de mantener relaciones con militantes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y otros grupos afines. A lo largo de los últimos 18 meses, cerca de 500 personas han sido asesinadas en Turquía en bombardeos atribuidos al PKK y sus filiales, o a agresores vinculados al ISIS.

“Los movimientos terroristas están tratando de desestabilizar nuestras democracias y socavar nuestros valores. No podemos permitir que los terroristas asuman el control de nuestras vidas”, declaró el pasado mes de octubre en el Consejo de Europa el Ministro de Asuntos Exteriores turco, Mehmet Çavuşoğlu, defendiendo a su país de las críticas contra las recientes medidas de represión aplicadas.

Tras el asesinato del embajador ruso en Turquía, perpetrado en Ankara esta semana por un hombre identificado como un agente de la policía turca que estaba fuera de servicio, İlnur Çevik, asesor de Erdoğan, ha señalado que este asesinato pone de manifiesto que las purgas “son insuficientes”.

 
Arrestos, despidos massivos

Desde que se declaró por vez primera el estado de emergencia, aproximadamente 125.000 personas que trabajaban para el Gobierno han sido destituidas, y cerca de 40.000 han sido arrestadas. Estas cifras incluyen soldados y agentes de la policía sospechosos de haber ayudado o apoyado la tentativa de golpe de Estado, así como decenas de miles de docentes, trabajadores de la sanidad y otros funcionarios.

Con arreglo a una orden gubernamental emitida el 22 de noviembre, Mustafa Yurtsever, técnico anestesista, y su esposa, comadrona de profesión, fueron despedidos de sus trabajos en un hospital público de la provincia suroriental de Batman. “Lo supimos por internet, como todo el mundo”, dice Yurtsever, presidente de la sectorial de Batman del SES. “Tenemos tres hijos, y nuestro nivel de vida se ha reducido drásticamente desde que nos quedamos sin trabajo”.

Según Yurtsever y otros trabajadores despedidos, se está presionando a los hospitales privados y a otros empleadores fuera del sector público – donde por lo general se pagan unos salarios inferiores a los que paga el Gobierno – para que no contraten a personas que hayan sido despedidas de acuerdo con estos decretos estatales, lo que supone la inclusión en una lista negra que bloquee posibles oportunidades de empleo.

El alcance de las purgas ha sido comparado con el período posterior al golpe de Estado de 1980, el derrocamiento militar más reciente de la historia turca. Durante ese período, alrededor de 650.000 personas fueron detenidas y 230.000 perseguidas, y una serie de estatutos promulgados después del golpe de Estado, así como la Constitución aprobada en 1982, restringieron severamente la sindicalización y las huelgas, así como otros aspectos de la sociedad civil.

 
Sindicatos bajo presión

Según Howard Eissenstat, un experto en Turquía, de la St. Lawrence University en Estados Unidos, los sindicatos no son tanto el blanco principal de las actuales purgas como lo fueron en los años 1980.

Pero califica a los funcionarios, incluidos los docentes, y otros profesionales que están en el punto de mira de las autoridades, como “los últimos reductos de la resistencia a la monopolización de la esfera pública” por parte del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), el partido gobernante de Erdoğan.

“Ya sea porque son sospechosos de ser gülenistas o por ser simplemente detractores del Estado, el AKP está decidido a acabar con ellos”, declara Eissenstat a Equal Times. “La ironía es que, cuando el AKP llegó por primera vez al poder, prometió deshacer los vestigios antidemocráticos del golpe de Estado de 1980. Pero ahora, en lugar de eso, el partido parece estar dispuesto a reforzarlos”.

Con las actuales purgas, no es la primera vez que los trabajadores se han visto sometidos a las presiones del AKP, que en múltiples ocasiones ha bloqueado huelgas y presentado denuncias contra sindicalistas por participar en manifestaciones no autorizadas. Desde que el AKP asumió el poder en 2002, los índices de afiliación sindical en Turquía pasaron en 2013 de un 25,1% a apenas un 6,3%, lo que representa el segundo índice más bajo registrado en los países de la OCDE.

Canan Çalağan, profesora de artes plásticas en Ankara y ex miembro del Consejo Ejecutivo de la KESK, fue una de las decenas de trabajadores/as afiliados a sindicatos que fueron arrestados en 2012 acusados de pertenecer al Kurdistan Communities Union (KCK), una organización marco para el PKK. Çalağan estuvo encarcelada durante ocho meses y fue posteriormente puesta en libertad en espera de juicio.

“Dos o tres meses después de haber sido yo arrestada, mi marido, que es también activista sindical, fue igualmente arrestado, y mi familia y amigos tuvieron que hacerse cargo de nuestro hijo de 12 años porque no había nadie para cuidar de él. No quieren castigarnos sólo a nosotros sino a todas nuestras familias”, dice Çalağan, que es miembro del Eğitim Sen, Sindicato de los Trabajadores de la Educación y de la Ciencia, afiliado a la KESK.

“El motivo alegado para justificar nuestro arresto fue ‘afiliación a una organización ilegal’, pero lo que mostraron como evidencia de esta acusación fueron nuestras actividades sindicales”.

Mehmet Sıddık Akın, técnico sanitario y miembro del SES en Ankara, también estaba entre los activistas sindicales encarcelados en 2012. Y como Çalağan y su marido, fue destituido de su trabajo con arreglo a un decreto gubernamental publicado el 29 de octubre.

“Tengo dos niños en la escuela, una hija con problemas de corazón y un hijo que está estudiando para su examen de admisión. Mi mujer ha empezado a tomar antidepresivos debido a nuestra situación”, dice Akın. “Estamos recibiendo un poco de ayuda financiera del sindicato y nuestros amigos, pero todos ellos son trabajadores con sueldos bajos como nosotros y no pueden mantener esta solidaridad indefinidamente”.

Aún así, dice Akın, “yo nunca pierdo la esperanza. Estoy convencido de que no hemos hecho nada malo, y el único camino es luchar”.

 

Este artículo ha sido traducido del inglés.